Una decisión judicial reaviva el dolor: Francisco Garduño, comisionado del INM, no enfrentará juicio penal por el incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez.
La decisión judicial que sacudió a las víctimas
Un fallo unánime que beneficia a Garduño
El Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal en Ciudad Juárez confirmó por unanimidad la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez. Esta resolución respalda al juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien había determinado en enero la condición de suspensión.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) estaba siendo investigado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras la tragedia ocurrida en marzo de 2023.
La voz de las víctimas: oposición y frustración
La impugnación a esta decisión fue presentada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a ocho víctimas lesionadas y a nueve familias de migrantes fallecidos.
El argumento principal: la suspensión contradeciría suspensiones provisionales previamente otorgadas a las víctimas, y no habría existido una negociación adecuada para la reparación del daño.
El incendio que marcó un antes y un después
Una noche mortal en Ciudad Juárez
El 27 de marzo de 2023, un incendio arrasó una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez. Cuarenta migrantes murieron y otros 27 resultaron heridos. Las imágenes del siniestro y el abandono institucional recorrieron el mundo.
Francisco Garduño, como máxima autoridad del INM, fue señalado por presunta omisión en las condiciones de seguridad del centro.
El papel del Estado en la indemnización
El tribunal consideró que la indemnización a las víctimas, otorgada por el Estado mexicano, no podía ser atribuida a Garduño como parte de una reparación personal. “La compensación proviene de otro proceso y no exonera al comisionado”, alegó la Fundación para la Justicia.
Argumentos legales en tensión
La interpretación del magistrado Octavio Pineda
Durante la sesión que confirmó la suspensión, el magistrado Octavio Pineda Toribio declaró que los representantes de una de las víctimas no tenían razón en argumentar una oposición a la reparación. Según su postura, no había evidencia jurídica suficiente para invalidar la suspensión del proceso.
Este tipo de resoluciones plantea dudas sobre la justicia para las víctimas y sobre los criterios que emplean los tribunales al evaluar la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios.
La figura de la suspensión condicional del proceso
La figura legal aplicada es conocida como suspensión condicional del proceso penal, la cual permite a un imputado evitar juicio si cumple ciertas condiciones. No es una absolución, pero sí una forma de evadir sentencia penal.
La responsabilidad del INM en la tragedia
Sin postura oficial del INM
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no ha emitido una declaración sobre la resolución judicial. Este silencio institucional refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y la ausencia de autocrítica en torno a la gestión migratoria.
Críticas nacionales e internacionales
El caso ha sido condenado por diversas organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el incendio como una consecuencia directa de las políticas restrictivas y de la criminalización de la migración en México.
Justicia para las víctimas: una deuda pendiente
Entre la impunidad y la burocracia
Para las familias de los fallecidos y los lesionados, la decisión representa un retroceso. La percepción general es que la justicia está lejos de alcanzarse cuando un funcionario de alto nivel evita el juicio penal.
La Fundación para la Justicia ha expresado que recurrirá a instancias internacionales si se agotan los recursos en el ámbito nacional.
El debate sobre la responsabilidad jerárquica
El caso de Garduño reabre una discusión clave: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los funcionarios públicos en tragedias institucionales? En países con democracias consolidadas, la rendición de cuentas suele incluir procesos penales incluso para altos cargos.
En México, la figura del “chivo expiatorio menor” es común, mientras que los altos mandos logran acuerdos judiciales, suspensiones o simplemente impunidad.
- 40 personas murieron en custodia del Estado mexicano.
- El principal responsable institucional no enfrentará juicio penal.
- La reparación del daño sigue siendo parcial e incompleta.
El caso Garduño plantea una pregunta que incomoda: ¿puede un país hablar de justicia cuando sus instituciones protegen a quienes debieron evitar una tragedia? La suspensión del proceso no es el fin del camino, pero sí un recordatorio de los obstáculos que enfrentan las víctimas cuando buscan justicia en México. ¿Será este un precedente de impunidad o una chispa para el cambio institucional?
