En un movimiento que sacude los cimientos de la legislación hídrica nacional, la Comisión de Recurso Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la Ley General de Aguas México. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó una discusión ríspida, con la oposición advirtiendo sobre un inminente “autoritarismo” contra los productores.
Aprobación exprés: la Ley General de Aguas avanza en Diputados
La Comisión de Recurso Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales.
La votación arrojó 28 sufragios a favor, 10 en contra de los partidos PRI y PAN, y dos abstenciones por parte de Movimiento Ciudadano.
El dictamen, enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue aprobado tras casi dos horas de análisis y discusión. Doce oradores participaron en la sesión, divididos equitativamente en seis a favor y seis en contra.
La celeridad del proceso sugiere que la coalición mayoritaria busca llevar el tema de inmediato al Pleno. Las reservas para este documento serán presentadas ante el pleno legislativo. Se prevé que el dictamen sea remitido a la Mesa Directiva, a cargo de Kenia López Rabadán, para después convocar a una reunión exprés con la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El objetivo es determinar si la ley se discute en el pleno ese mismo día (3 de diciembre) y no hasta el 4 de diciembre como se tenía contemplado.
La defensa de la mayoría: justicia hídrica y fin al desacato
Durante la sesión ordinaria, los legisladores de Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron la iniciativa. El bloque aseguró que la aprobación representaría hacer “justicia hídrica para el país”.
El petista José Luis Montalvo destacó la urgencia de actualizar la normativa, argumentando que México:
- Sigue operando con una ley de 33 años, expedida originalmente en 1992.
- Arrolla un “desacato constitucional” que lleva más de una década sin resolverse.
Montalvo criticó que la oposición no aportó “propuestas serias al tema”.
El legislador sostuvo que el dictamen es “noble a todas luces” y que fue revisado a fondo. Informó que la iniciativa prioriza el derecho humano al agua y que de sus 124 artículos, 54 incorporan propuestas, observaciones y el sentir de colectivos, comunidades y grupos afectados.
Como evidencia del proceso de escucha, el petista relató que el día anterior a la votación se sostuvo una reunión con campesinos: “todavía ayer iniciamos una reunión con campesinos desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, escuchándoles para buscar acompañar sus demandas más sentidas”.
Las alertas de la oposición: inseguridad jurídica y ataque al campo
Los diputados del PRI y del PAN reiteraron su postura en contra, señalando que se debía detener el dictamen y abrir un proceso de diálogo amplio con productores, industrias, gobiernos locales y expertos. Su objetivo era construir una ley “funcional, clara y viable”.
La oposición sostuvo que la iniciativa original, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, venía “planchado y alejado de la realidad” y que, a pesar de los más de 50 cambios que se incorporaron, la propuesta no atiende los problemas de fondo.
El panista Paulo Gonzalo Martínez dejó en claro que la forma en que se procedió ese día fue una muestra de “autoritarismo, abuso y ataque directo a los productores del campo”. Martínez detalló las preocupaciones del sector productivo ante la nueva ley:
- No garantiza la transmisión de derechos de agua ni la herencia de pozos.
- Prohíbe usos mixtos agrícolas y pecuarios.
- No contempla la reposición de pozos colapsados.
- Carece de certeza sobre volúmenes y prórrogas de concesiones.
- Mantiene sanciones penales que criminalizan a productores rurales.
Por su parte, el priísta Humberto Ambriz Delgadillo advirtió que la iniciativa genera inseguridad jurídica al concentrar el poder en la Federación. En su opinión, la concentración de facultades permite:
- Eliminar mecanismos de transmisión de derechos y revisar concesiones.
- Usar criterios ambiguos para cancelar o modificar asignaciones.
- Abrir la puerta a decisiones discrecionales de funcionarios.
La velocidad con la que la Jucopo busca llevar al Pleno la Ley General de Aguas, a pesar de las severas advertencias de inseguridad jurídica y centralización del poder, subraya la profunda división que existe en torno a la gestión hídrica. ¿Podrá una ley impulsada con esta prisa resolver el añejo desacato constitucional sin, a la vez, criminalizar a los productores que sostienen el campo mexicano?
