La emergencia humanitaria por la desaparición de personas exige la máxima colaboración estatal. A pesar de los logros en la localización, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que 30 acuerdos vitales siguen sin concretarse. Estos documentos son cruciales para expandir el uso de la identificación biométrica desaparecidos México, una herramienta que ha demostrado ser altamente efectiva, pero cuyo potencial se encuentra limitado por la inercia institucional.
La urgencia de concretar los acuerdos de colaboración
Durante la sesión del Consejo General de este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso de manifiesto el cuello de botella que frena la expansión de su sistema de identificación, un método crucial para la localización de personas desaparecidas. La cifra es contundente: aún hay 30 convenios pendientes de firma para implementar el uso de la identificación biométrica a nivel nacional.
La consejera Carla Humphrey Jordan hizo un llamado explícito y riguroso a múltiples entidades federativas y fiscalías para concretar sus respectivos documentos. Según la consejera, la agilización es una prioridad indiscutible.
Llamamiento a entidades y fiscalías para la firma inmediata
Carla Humphrey Jordan hizo un llamado a las Comisiones de Búsqueda de Personas y a diversas fiscalías, señalando que la falta de formalización limita el alcance de los esfuerzos de búsqueda.
El llamado de Carla Humphrey Jordan se dirigió específicamente a:
- Comisiones de Búsqueda de Personas (23 entidades): Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
- Fiscalías (7 entidades): Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala.
La incorporación de nuevas entidades y la reducción de brechas
La consejera Humphrey subrayó la importancia estratégica de estas firmas. “Es prioritario agilizar su firma, ya que representan la incorporación de nuevas entidades a esta red de colaboración y así fortalecer el alcance nacional de esta búsqueda e identificación de personas”, indicó.
Asimismo, destacó que la consolidación de estos convenios permitirá “avanzar en una reducción de brechas en la atención ciudadana y garantizar una cobertura más equitativa y efectiva”.
El impacto real de la coordinación interinstitucional
El informe presentado al Consejo General demuestra que, a pesar de los pendientes, el sistema de colaboración ya operativo ha arrojado resultados significativos.
A la fecha, el Instituto Nacional Electoral ha atendido más de 491 mil solicitudes de localización. La efectividad de estas acciones ha sido superior al 54 por ciento.
Carla Humphrey Jordan enfatizó que estos resultados son evidencia del éxito del modelo interinstitucional, pero advirtió que el potencial máximo no se ha alcanzado. “Estos datos reflejan que la coordinación interinstitucional genera un impacto real. Estos números podrían ser aún mayores, pero actualmente existen treinta convenios que están pendientes de firma”, declaró la consejera.
La dimensión humana del trabajo del INE
La consejera Dania Ravel complementó el análisis, destacando el profundo significado social de estos acuerdos. Ravel indicó que el informe presentado refleja “una de las dimensiones más humanas del trabajo que realiza el INE”, pues con estos convenios se proporciona un apoyo directo al Estado mexicano en la identificación y localización de personas desaparecidas.
Dania Ravel contextualizó la magnitud de la tragedia nacional, haciendo un llamado a la conciencia institucional: “Si algo hemos aprendido como país es que la desaparición de una persona no solamente afecta a una familia, es una herida social profunda.”
Frente a esta lacerante realidad, la funcionaria sentenció que existe una responsabilidad compartida: “Y frente a esa realidad, todas las instituciones del Estado, cada una desde nuestro ámbito de competencias, tenemos una responsabilidad compartida”.
La tecnología biométrica ofrece una ventana de esperanza para miles de familias. Los datos son claros: la efectividad superior al 54 por ciento prueba que la colaboración salva vidas. La pregunta que queda en el aire para los titulares de las 30 entidades y fiscalías que mantienen engavetados estos convenios es simple y urgente: ¿Cuánto tiempo más está dispuesta la burocracia a retrasar la paz y la certidumbre de quienes buscan a sus seres queridos?
