Una batalla política, judicial… y mediática
Todo comenzó con una serie de señalamientos. Algunos candidatos a jueces fueron acusados en redes sociales de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: más que un escándalo legal, esto es una estrategia para desacreditar la reforma constitucional del sistema judicial, una de las apuestas más ambiciosas del nuevo gobierno.
¿Crisis real o campaña de desprestigio?
El origen de las acusaciones
Durante la conferencia matutina del 24 de abril, la presidenta Sheinbaum fue tajante:
“Se está utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal…”
Los señalamientos provienen en su mayoría de publicaciones en redes sociales, donde ciertos perfiles han hecho circular nombres y supuestos vínculos delictivos de algunos aspirantes a jueces. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes, ni se ha iniciado un proceso judicial formal en contra de ellos.
Un porcentaje mínimo, dice el Ejecutivo
Según Sheinbaum, los casos señalados representan una fracción mínima de los más de mil perfiles evaluados por los comités responsables:
“Supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor…”
Aun así, reconoció que si se comprueban las acusaciones, esos perfiles no deberían participar en la elección judicial, aun si ya están impresos en las boletas.
La reforma judicial: lo que está en juego
¿Qué implica esta reforma?
La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo federal busca transformar el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular directo. Según sus impulsores, esto democratizará el Poder Judicial y reducirá los niveles de corrupción.
Entre sus puntos clave:
- Elección directa de jueces y magistrados
- Mecanismos de evaluación ciudadana
- Sanciones por actos de corrupción judicial
- Reformulación del Consejo de la Judicatura
Críticas y resistencias
Los opositores a la reforma —entre ellos juristas, académicos y sectores del Poder Judicial— argumentan que abrir la elección de jueces al voto popular podría politizar aún más la justicia y permitir la llegada de perfiles sin experiencia ni independencia.
No obstante, la narrativa oficial sostiene lo contrario: que el actual sistema ha sido cómplice de impunidad, sobre todo en casos de delincuencia organizada y delitos de cuello blanco.
¿Y los jueces corruptos? El reclamo de Sheinbaum
Un cambio de foco en el debate público
La presidenta cuestionó por qué no se investiga a jueces en funciones que han liberado a criminales aún cuando existen pruebas en su contra.
“¿Por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco…?”
Esta declaración gira el foco del debate: de los candidatos señalados hacia los jueces actualmente en funciones, acusados de fallos injustificados o colusión con estructuras criminales.
Falta de rendición de cuentas
La mandataria resaltó que muchos de estos casos pasan desapercibidos por falta de supervisión y falta de voluntad institucional para actuar, sobre todo desde el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.
El papel de los organismos judiciales
¿Quién puede intervenir?
La presidenta pidió que, en caso de haber pruebas reales contra los candidatos, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien actúe como última instancia.
“Que el Tribunal Electoral actúe como la última instancia que es.”
Este tribunal tiene la facultad de invalidar candidaturas si se demuestra alguna violación grave, aunque el proceso legal requiere celeridad para que tenga efecto antes del 1 de junio, fecha de la elección judicial.
¿Reforma bajo fuego o reforma necesaria?
La narrativa en redes: ¿arma política?
El uso de redes sociales como campo de batalla informativa no es nuevo. Pero en este caso, las denuncias se han viralizado sin evidencia sólida, lo cual alimenta la sospecha de una estrategia política para frenar la reforma.
En tiempos donde la percepción pública se forma en Twitter, TikTok o Facebook, incluso una acusación sin pruebas puede tumbar una candidatura o desacreditar una política de Estado.
Riesgos de detener la reforma
Si la narrativa en contra se impone, la reforma podría perder legitimidad antes de implementarse plenamente. Esto no solo afectaría al gobierno actual, sino que también perpetuaría un modelo judicial que ha sido criticado durante años por:
- Opacidad en el nombramiento de jueces
- Sentencias contradictorias o politizadas
- Protección a intereses empresariales o criminales
¿Quién juzga a los jueces?
La discusión sobre los candidatos judiciales ha servido, paradójicamente, para visibilizar las carencias estructurales del sistema actual. La reforma propuesta, con todos sus riesgos, pone sobre la mesa una pregunta de fondo:
¿Cómo construir un Poder Judicial legítimo, confiable y verdaderamente independiente?
Y, sobre todo: ¿cómo evitar que el ruido político y mediático entierre una reforma que podría transformar la justicia en México?
