Una red de presuntas irregularidades financieras que involucra obras fantasma, contratos inflados y rieles de menor calidad pende sobre la rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño al erario por más de 33.5 millones de pesos en esta infraestructura, la misma donde ocurrió el trágico descarrilamiento que dejó 13 muertos en Nizanda, Oaxaca.
El dictamen de la ASF y el presunto daño al erario
Los informes de la Cuenta Pública 2020 y 2023, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelan inconsistencias millonarias en el proyecto de rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT). La fiscalización ha identificado posibles daños a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 33 millones 585 mil 934 pesos, derivados de sobreprecios, pagos indebidos y materiales que no cumplían con las especificaciones ferroviarias.
Los reportes de la Cuenta Pública 2023, en particular, se centran en los trabajos de modernización de una infraestructura que data de 1907, específicamente en el tramo Colonia Jordán–Salina Cruz. Estos trabajos concluyeron el 15 de octubre de 2023, apenas dos meses antes de que se pusiera en marcha el servicio de pasajeros del tren. La ASF advierte que las anomalías podrían replicarse en otros segmentos de la Línea Z.
Entre las anomalías detectadas en las auditorías de 2020 y 2023 se encuentran:
- Pagos por obras no ejecutadas.
- Letreros y rieles fantasma.
- Inconsistencias en los costos de materiales.
- Contratos inflados y anticipos millonarios sin uso.
El posible daño al erario de 33 millones 306 mil pesos se relaciona directamente con el tramo donde sucedió el descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca, accidente que sumó 13 muertos y 98 lesionados.
Rieles de menor calidad: el sobreprecio en la infraestructura
Uno de los hallazgos más graves de la ASF fue la colocación de rieles de menor grosor al reportado en los contratos, lo que contraviene las normas ferroviarias que establecen que la resistencia de la vía depende directamente del tipo de riel utilizado. Esta anomalía fue recurrente en ambos periodos auditados:
- Cuenta Pública 2020: Se detectó un sobrecosto de 4 millones de pesos debido a que se cotizó riel de mayor peso (136 lb/yd) del que realmente se colocó (115 lb/yd).
- Cuenta Pública 2023: El informe señala que se instalaron 4 mil 135 metros de rieles de 115 libras por yarda, cuando se cobró como si fueran rieles de 136 libras por yarda. Solo por este concepto, la Auditoría presume un daño patrimonial por más de 2 millones 658 mil pesos.
Aunque la entidad fiscalizada alegó en un caso un “error mecanográfico”, la ASF mantuvo las observaciones al no justificarse la diferencia de costos.
Cobros por “personal fantasma” y anticipos sin ejecutar
El mayor “agujero” financiero se localizó en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022, donde se detectó un posible daño al erario por 17.6 millones de pesos. Los auditores descubrieron que se inflaron los costos directos de mano de obra y equipo en siete precios unitarios, incluyendo cuadrillas de personal y maquinaria que no aparecían en los reportes fotográficos ni en los registros de supervisión.
Los ejemplos más representativos de cobros indebidos incluyen:
- Balasto: Se cobraron 12.9 millones de pesos adicionales por el suministro y colocación de balasto, al alegar el uso de cuadrillas de topografía y locomotoras que no pudieron ser acreditadas en la obra.
- Desmantelamiento de vía: Se facturaron 2.5 millones de pesos de más al incluir equipos de topografía y camiones Kenworth de los que no hay evidencia de uso.
A estas observaciones se suman otros 8.5 millones de pesos por pagos excedentes en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022 debido a la duplicidad de insumos y el cobro por servicios de topografía no contemplados.
Otras obras y materiales inexistentes en la fiscalización
La fiscalización también reveló otras fallas graves, incluyendo anticipos sin uso y material que desapareció sin dejar rastro:
- Anticipos millonarios sin obra: En el tramo Ubero-Mogoñé, se entregó un anticipo de 187.9 millones de pesos (equivalente al 20% del contrato). Sin embargo, hasta octubre de 2021, los auditores constataron que los trabajos no habían iniciado y no se presentó documentación que acreditara el uso correcto de esos recursos para la compra de materiales.
- Letreros fantasma: Se determinó un daño de 418 mil 800 pesos por la falta de acreditación de “Letreros Normativos de Obra” en la Cuenta Pública 2020. El Interoceánico argumentó vandalismo, pero no presentó evidencia fotográfica ni denuncias ante el Ministerio Público.
- Balasto excedente: En el tramo La Mata-Colonia Jordán, se detectó un pago excedente de 279 mil pesos por suministro de balasto, ya que el volumen pagado fue superior al realmente ejecutado.
La sombra de la inacción: responsables y empresas sin sanción
Para la ASF, el origen de este desfalco no es un accidente, sino un “inadecuado control y supervisión de la obra”.
Las obras auditadas se realizaron cuando Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina, fungía como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del cual forma parte la Línea Z. Hasta el momento, la ASF mantiene abiertas las observaciones y procedimientos para que los responsables aclaren, solventen o reintegren los recursos.
Pese a haber incurrido en varias irregularidades señaladas por la ASF, ninguna de las empresas que participaron en estos actos está en el padrón de empresas sancionadas por el gobierno federal. Las compañías involucradas incluyen:
- Construcciones y maquinarias SEF: Contrato FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 (por 87.5 millones de pesos), señalado por irregularidades en el riel de mayor peso.
- Grupo Constructor Diamante: Contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022 (por $106,615,616), señalado por 8.5 millones de pesos en excedentes.
- Asfaltos y Derivados de la Costa S.A. de C.V.: Contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022 (por 158 millones 176 mil pesos), con irregularidades por 17.6 millones de pesos por personal y equipo no utilizado.
Hasta la fecha, solo se ha logrado la recuperación de 129.3 mil pesos derivados de cobros indebidos por pruebas de laboratorio. El monto de 28,849,661.60 pesos sigue pendiente de aclaración.
La magnitud del fraude y la deficiencia en la supervisión de la Línea Z, que han resultado en sobrecostos masivos y materiales de baja calidad, son datos duros que la ASF ha puesto sobre la mesa. La pregunta obligada es: ¿cómo es posible que, a pesar de los hallazgos millonarios que coinciden con un accidente fatal, las empresas responsables sigan operando sin sanción, mientras el dinero del erario sigue sin ser reintegrado?
