En la penumbra de una calle de Puebla, una cámara de celular captó el horror: un policía uniformado golpeaba sin piedad a su expareja frente a su hija. La violencia tenía nombre.
Violencia de género y abuso de poder: el rostro de una doble impunidad
La noche del 31 de marzo, Miguel Ángel “N”, elemento activo de la Policía Estatal de Puebla, fue grabado mientras agredía físicamente a su expareja Brenda en plena vía pública, en la colonia Galaxia la Calera. Las imágenes, difundidas rápidamente por redes sociales, muestran a un hombre vestido con uniforme oficial golpeando y arrastrando a la mujer, presuntamente frente a su hija y a su propia madre.
Una escena que duele y que se repite
La grabación, captada por testigos, muestra cómo Brenda es arrojada contra el pavimento. El agresor, lejos de ocultarse, porta botas, chamarra y uniforme de policía, en lo que parece una clara expresión de impunidad. “Él dice que tiene palancas y que nada le va a pasar”, denunciaron familiares y vecinos.
El uniforme como escudo para la violencia
El hecho de que el agresor portara el uniforme al momento del ataque genera una preocupante asociación entre autoridad y violencia, que refuerza la desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública. La situación reabre el debate sobre la depuración urgente de las corporaciones policiacas y los mecanismos de control interno.
La respuesta oficial: entre la indignación pública y el protocolo institucional
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó que el agresor es un elemento activo, asignado a Casa Amarilla. Tras los hechos, fue asegurado por la Policía Municipal y se abrió un procedimiento administrativo y penal en su contra.
Procesos internos y declaraciones institucionales
Según un comunicado oficial:
- La Dirección General de Asuntos Internos inició un procedimiento paralelo para sancionar al agente.
- La Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) brindó atención legal y psicológica a la víctima.
- El titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, ordenó seguimiento puntual del caso.
“No habrá ningún tipo de tolerancia contra acciones de este tipo”, aseguró la SSP.
¿Medidas suficientes o daño ya hecho?
Aunque las acciones parecen adecuadas, la percepción pública es otra: las víctimas siguen sin sentir que las instituciones las protejan realmente. La lentitud en la respuesta, sumada al hecho de que el agresor portaba uniforme, incrementa la sensación de que la violencia de género dentro de los cuerpos policiales sigue siendo una realidad oculta y poco sancionada.
Violencia institucional: ¿cuántos casos quedan en la sombra?
Este caso no es aislado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
- En 2023, el 27% de las mujeres víctimas de violencia reportaron haber sido agredidas por una figura de autoridad.
- En Puebla, los casos de violencia intrafamiliar aumentaron un 14% entre 2022 y 2023.
- Solo 1 de cada 10 denuncias por agresión de pareja dentro de instituciones policiales llega a una sanción.
Las cifras que no se ven
Las barreras para denunciar son múltiples:
- Temor a represalias.
- Desconfianza en las instituciones.
- Falta de protocolos específicos para agresores con cargos públicos.
En muchos casos, las víctimas desisten por miedo o porque no creen que el sistema actúe de manera imparcial. ¿Qué ocurre cuando el agresor es el mismo que debería proteger?
Impunidad, cultura machista y normalización: el cóctel peligroso
“Él dice que tiene palancas”
La frase que más indignación causó fue esa: una declaración de impunidad anticipada. No es sólo una amenaza a su expareja, sino un mensaje a la sociedad: el uniforme le da licencia.
Violencia normalizada dentro de cuerpos armados
Estudios de organizaciones como EQUIS Justicia y Amnistía Internacional han advertido sobre un patrón sistemático:
- Elevada incidencia de violencia intrafamiliar entre policías.
- Falta de protocolos de evaluación psicológica.
- Códigos de silencio que encubren a los agresores.
Una cultura que aún protege al agresor
A pesar de los discursos institucionales, la cultura machista sigue profundamente arraigada en muchas estructuras de seguridad pública. La violencia de género no sólo no es sancionada, sino que a menudo es minimizada o incluso legitimada.
La víctima: Brenda, otra mujer en la estadística… ¿o el inicio del cambio?
Brenda no ha sido la única. Pero su caso, al ser grabado y difundido, logró visibilizar una realidad que muchas enfrentan en silencio. Hoy, ella cuenta con acompañamiento legal y psicológico, pero el daño emocional y físico ya está hecho.
¿Qué necesita una víctima para confiar en la justicia?
- Acceso inmediato a atención integral.
- Sanciones reales y ejemplares.
- Protección efectiva para evitar represalias.
- Reconocimiento público del daño.
Brenda representa a miles. Su caso debe marcar un antes y un después, no convertirse en otra nota olvidada.
¿Y ahora qué? Las tareas pendientes para el Estado mexicano
El caso abre múltiples frentes que requieren acción inmediata:
1. Revisión estructural de los cuerpos policiales
- Evaluaciones psicológicas periódicas.
- Protocolos para identificar agresores reincidentes.
- Registro público de elementos sancionados.
2. Fortalecimiento del sistema de justicia con perspectiva de género
- Fiscalías especializadas con recursos suficientes.
- Mayor protección para denunciantes.
- Inclusión real de mujeres en procesos de investigación.
3. Campañas permanentes contra la violencia institucional
- Sensibilización y capacitación constante.
- Inclusión de testimonios reales en formaciones.
- Revisión del modelo educativo de academias policiacas.
La violencia de género dentro de los cuerpos policiales no es una excepción, es una alerta roja que el Estado no puede seguir ignorando. Miguel Ángel “N” puede ser sancionado, pero el verdadero desafío es evitar que otro agente, con poder y uniforme, vuelva a creer que puede golpear a una mujer y salirse con la suya.
¿Será este el caso que marque un punto de quiebre? ¿O la impunidad seguirá teniendo rostro y uniforme?
