Una banda en la mira judicial
El escándalo estalló tras un concierto. El 3 de mayo, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, Los Alegres del Barranco encendieron más que los ánimos musicales. Desde entonces, la agrupación sinaloense ha sido blanco de cuatro carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco por presunta apología del delito.
La más reciente audiencia, correspondiente a la tercera carpeta, dejó una señal clara: los integrantes de la banda se amparan en su derecho a guardar silencio. La Fiscalía, sin embargo, continúa avanzando con sus indagatorias.
El origen del conflicto legal
Un concierto, muchas preguntas
El detonante fue una presentación en Cihuatlán donde presuntamente se interpretaron canciones con referencias a grupos criminales. Aunque la banda no ha ofrecido declaraciones, la Fiscalía ha sido contundente: el caso se investiga de manera oficiosa.
Antecedentes preocupantes
Esta no es la primera vez que Los Alegres del Barranco enfrentan controversia. El 29 de marzo, durante un show en el Auditorio Telmex en Zapopan, interpretaron “El dueño del palenque” mientras se proyectaban imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Ese episodio fortaleció los señalamientos de apología del delito, abriendo una cadena de investigaciones legales.
Las consecuencias legales
Fianza millonaria y restricción de movilidad
A raíz de estos eventos, la Fiscalía imputó a los cinco integrantes del grupo, su representante y su promotor. Como medida cautelar, se les impuso una fianza conjunta de 1 millón 800 mil pesos y la prohibición de salir del estado hasta nueva audiencia, fijada para el 21 de mayo.
Debate constitucional: libertad artística vs. seguridad pública
En paralelo, el gobierno de Michoacán elevó una queja ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, luego de que un juez federal concediera un amparo a la banda. ¿La razón? El decreto estatal que prohíbe interpretar música con referencias delictivas fue considerado una violación al derecho de libertad de expresión artística.
Los actores políticos entran en escena
Declaraciones de alcaldes
El alcalde de Cihuatlán, Apolonio de Jesús Pelayo, compareció ante la Fiscalía el 14 de mayo. Su declaración, en calidad de testigo, incluyó documentación sobre permisos otorgados y la inspección del evento.
Días antes, también declaró el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro. Sus testimonios son piezas clave dentro de una estrategia legal que ya suma cuatro investigaciones abiertas en distintos municipios: Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila.
¿Qué sigue para Los Alegres del Barranco?
La próxima audiencia será decisiva. El 21 de mayo se espera que la Fiscalía defina su estrategia procesal. Si bien los músicos se aferran a su derecho al silencio, el caso plantea interrogantes más profundos: ¿hasta dónde debe llegar la censura cuando la música cruza la línea de lo legal? ¿Y quién define esa línea?
¿Arte o delito?
El conflicto de Los Alegres del Barranco no solo pone a prueba las leyes mexicanas, también confronta a la sociedad con un dilema cultural: ¿puede una canción ser un crimen? Mientras el caso avanza, la respuesta sigue dividiendo opiniones y marcando un precedente que podría redefinir la libertad artística en el país.
