I. El Evento Nexus
La crisis de coherencia que definió el cierre de 2025 no fue un sismo, sino una fractura en la continuidad espacio-tiempo de la Cuarta Transformación. El epicentro fue el sector agroindustrial, pero el daño colateral fue la integridad narrativa del movimiento.
Mientras la vocería oficial, a través del cañón retórico de Camila Martínez, bombardeaba el pasado con la memoria del Fobaproa —etiquetando a sus autores y beneficiarios como la raíz de todo mal nacional—, la realidad material trazaba una línea paralela de flujo de capital.
El catalizador fue Altagracia Gómez Sierra, asesora presidencial y administradora del conglomerado Minsa. Su ascenso al círculo de máxima influencia se justificó bajo el eufemismo de la “Prosperidad Compartida”. Ella no es solo una tecnócrata; es, económicamente, una “hija del Fobaproa”, una fortuna preservada y consolidada por los pasivos que la nación absorbió en 1998.
El gobierno argumenta que su utilidad es suprema: su know-how empresarial es vital para el nearshoring y la soberanía alimentaria. Para la 4T, la asesoría de Gómez Sierra no es un conflicto de interés, sino una integración pragmática. El pasado ha sido purificado por el presente: el capital que antes era “saqueo”, hoy es “activo estratégico nacional”. La prueba de ello: el contrato de maquila DICONSA/PSG/000761/2025, un flujo de $346 millones de pesos diseñado a la medida para garantizar el margen de la empresa amiga, sin riesgo de inventario. El evento se justifica como inevitable; una responsabilidad de Estado para mantener la estabilidad del mercado, aunque para ello se tenga que subsidiar la rentabilidad del oligopolio.
II. El Eco del Pasado
La hemeroteca, esa cruel villana para la clase política, registra una línea temporal donde la palabra “Fobaproa” es el equivalente a un pecado original que condena la carrera de cualquier implicado.
En el universo ideológico fundacional de la 4T, el Fobaproa no fue un rescate, fue la transferencia criminal de $100 mil millones de dólares a los bolsillos de la élite, creando una deuda intergeneracional. La narrativa es simple: quienes se beneficiaron de ese atraco son los antagonistas históricos, el “PRIAN del 98”.
Si viajamos a esa línea temporal distante, la lógica era categórica: cualquier capital manchado por el rescate bancario era ilegítimo, y sus dueños debían ser despojados de influencia y castigados por la memoria pública.
El Observador nota la cruel ironía: la misma estructura política que celebra a Ignacio Mier, un operador clave del PRI que garantizó la aprobación del Fobaproa en 1998, es la que denuncia a la oposición por esa votación. Y, lo que es más corrosivo, el capital que la vocera Martínez denuncia como mal habido es el mismo capital que, en 2025, recibe cientos de millones de pesos en contratos atomizados y un salvavidas en la “Guerra del Maíz” mediante subsidios que en realidad apuntalan los márgenes de Grupo Minsa. El pasado no fue borrado; fue asimilado.
III. La Divergencia (El “What If”)
Imaginemos que el multiverso se rompe y la 4T de 2025 obedece a la 4T de su propio manifiesto histórico.
En esta línea temporal coherente, la Presidenta Sheinbaum, confrontada con la genealogía del capital de Minsa y la biografía fobaproísta de sus líderes internos (Mier, Corral, Armendáriz), decide aplicar el cordón sanitario moral.
El What If es este: ante la revelación de que la fortuna de Altagracia Gómez Sierra se nutre de la transferencia de riqueza pública de 1998, ella no solo rechaza el cargo de asesora presidencial, sino que el gobierno activa una auditoría forense para determinar el origen ilícito del capital. El contrato de $346 millones a DICONSA sería cancelado no por “falta de inventarios”, sino por conflicto ético y la ilegitimidad histórica del proveedor.
Las consecuencias de esta coherencia serían inmediatas: Minsa no podría presionar los precios del maíz a la baja. En lugar de subsidiar el margen de ganancia de los oligopolios, el gobierno usaría esos fondos para regular activamente el mercado, garantizando precios justos a los productores y rompiendo el poder monopsónico de las harineras. La “Guerra del Maíz” se ganaría con justicia social real, y la narrativa del Fobaproa se sentiría verdadera, pues por primera vez, las élites beneficiadas serían repudiadas, no cooptadas.
IV. El Colapso
Pero no vivimos en esa línea temporal.
Regresamos a la realidad brutal de 2025, donde la coherencia se vende barata y el pragmatismo es la única ideología. El golpe de Estado moral que la 4T denuncia del pasado se ha convertido en el manual de operación del presente.
En el mundo real, el gobierno utiliza la memoria del Fobaproa como un mecanismo de desplazamiento temporal: obliga al ciudadano a indignarse por una deuda de 1998 para que ignore los $346 millones que fluyen hoy, o los $183 millones en contratos capilares, o la transferencia indirecta de subsidios a los oligopolios del maíz.
El mayor enemigo de “El Observador” es ver cómo el político sobrevive a su propia hipocresía. La asimilación de los “fobaproistas” (Mier, Corral) y de los “hijos del Fobaproa” (Gómez Sierra) demuestra que la transformación no buscaba desmantelar la estructura de poder económico anterior. Buscaba reorientarla y alinearla con el nuevo poder político. La única diferencia entre el neoliberalismo que se condena y la 4T que se defiende, es la bandera bajo la que se recibe el cheque del erario.
