El 20 de julio de 2025, el Consejo Nacional de Morena se tornó en el escenario de una explosiva guerra política en Tabasco. La reaparición de Adán Augusto López Hernández, tras una semana de ausencia por un escándalo que lo vinculaba con el crimen organizado, desató una tensión que culminó en un desafiante desaire público a Javier May Rodríguez, su sucesor.
El desaire que detonó la guerra
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró su Consejo Nacional extraordinario el 20 de julio de 2025 en un salón del Hotel Barceló de la Ciudad de México. El evento, diseñado para proyectar una imagen de unidad, se vio empañado por la tensión alrededor de Adán Augusto López Hernández. El coordinador de los senadores de Morena había estado fuera del ojo público mientras escalaba un escándalo que lo vinculaba con el crimen organizado en Tabasco.
El momento álgido llegó sin palabras. Al subir al templete, Adán Augusto López saludó a figuras como Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas. Sin embargo, al llegar frente a Javier May Rodríguez, su sucesor en la gubernatura de Tabasco y el epicentro de sus tribulaciones, López Hernández siguió de largo, sin dirigirle la mirada ni el menor gesto de reconocimiento. Se sentó junto a Gerardo Fernández Noroña. En el lenguaje político, el mensaje fue inequívoco: una “declaración de guerra”, como lo calificaron los medios.
Este desaire público no inició el conflicto, sino que fue su apoteosis, la explosión nacional de una guerra de poder que hasta entonces se libraba en los pasillos tabasqueños y en informes de inteligencia. El gesto de Adán Augusto López fue una actuación estratégica de desafío. Ante graves acusaciones que amenazaban su carrera, una postura conciliadora se habría interpretado como debilidad. Al ignorar selectivamente a Javier May —el artífice de su crisis—, López proyectó una imagen de fuerza inquebrantable. El mensaje para sus seguidores fue claro: “No estoy doblegado”. Para sus rivales, una advertencia: “No seré marginado”. Y para la opinión pública, un desdén performativo que redujo las acusaciones a una rencilla. Este acto transformó una pugna regional en un espectáculo nacional, forzando a la cúpula del partido a posicionarse en una batalla por el control de Tabasco, una lucha centrada en las acusaciones de “sacar la pudredumbre” de un estado presuntamente capturado por el crimen.
Hernán Bermúdez: el corazón de la tormenta
La causa inmediata de esta guerra abierta es el escándalo en torno a Hernán Bermúdez Requena. Adán Augusto López lo eligió para dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco en 2019. Bermúdez, un veterano de los círculos de seguridad, no solo fue ratificado por el sucesor interino de López, Carlos Merino Campos, sino que también era conocido en el hampa como el “Comandante H”.
Las acusaciones que hoy pesan sobre Bermúdez, impulsadas por el gobierno de Javier May, son la munición en esta guerra. Sobre él pesa una orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Autoridades estatales y federales lo acusan formalmente de ser fundador y líder del grupo criminal “La Barredora”, considerado un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. Informes de inteligencia detallan un presunto imperio criminal operado desde la cúpula de la policía estatal, controlando el robo de combustible (huachicol), el tráfico de migrantes y drogas, y la extorsión, todo bajo la protección del aparato de seguridad que él mismo dirigía.
La caída de Bermúdez fue dramática. En enero de 2024, en medio de una ola de violencia que incluyó un ataque armado a su domicilio, presentó su renuncia. Días después, el 26 de enero, huyó de México. Hoy es un prófugo de la justicia internacional, con una ficha roja de Interpol para su captura. La detención de presuntos cómplices, como su abogado Carlos Tomás “N”, ha reforzado la narrativa de la fiscalía. Fue la confirmación de esta orden de aprehensión en julio de 2025, ventilada por la administración de May, la que detonó la crisis para Adán Augusto López y preparó la confrontación en el Consejo Nacional.
El caso Bermúdez representa más que un acto de corrupción; es un ejemplo de “captura del Estado”. No se trata de un funcionario que acepta sobornos, sino de la presunta inversión total del propósito de una institución. La policía estatal, bajo el mando del “Comandante H”, en lugar de combatir el crimen, presuntamente protegía a sicarios y gestionaba mercados ilícitos. Esta cooptación del poder coercitivo del Estado explica el alarmante aumento de la violencia en Tabasco, donde los homicidios se triplicaron en un solo año. Cuando el aparato de seguridad se convierte en un actor criminal más, las disputas entre cárteles o fracturas internas —como la que sufrió “La Barredora” en diciembre de 2023— se desbordan en violencia pública. En este contexto, la campaña de Javier May para “sacar la pudredumbre” no es solo un eslogan político, sino la respuesta a una crisis de gobernabilidad profunda.
Raíces de la rivalidad: López vs. May
Para comprender la animosidad del desaire en el Consejo Nacional, es necesario entender que la rivalidad entre Adán Augusto López y Javier May no es nueva. Es una fractura tectónica en la política tabasqueña, con raíces mucho antes de que ambos compartieran la bandera de Morena. Sus trayectorias representan dos almas distintas dentro del mismo movimiento.
Orígenes y trayectorias opuestas
Adán Augusto López Hernández es producto del antiguo régimen. Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1976 a 2001, llegando a ser coordinador de campaña para un candidato a gobernador y secretario general del partido en Tabasco. Su perfil es el de un operador político profesional y un negociador hábil, que transitó por el PRI, luego por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y finalmente se unió a Morena. Analistas lo describen como un “morenismo pragmático con raíces priistas”. Ha desempeñado roles clave como notario público, subsecretario de gobierno de Tabasco, diputado federal, senador, gobernador de Tabasco (2019-2021) y secretario de Gobernación federal. Es considerado “hermano” y operador clave de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero con una base de poder propia y ambiciones presidenciales. Su identidad política es “pragmático”, “insider” y negociador con raíces en el sistema político tradicional.
Javier May Rodríguez, en cambio, proviene de la base, de la lucha social. Es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y un colaborador cercano y leal de Andrés Manuel López Obrador desde los días del “éxodo por la democracia” en los años 90. Su carrera se forjó en el territorio, como alcalde de su natal Comalcalco (dos periodos) y como encargado de los programas sociales insignia del obradorismo. Él encarna a la “vieja izquierda tabasqueña”, a los “fundadores” del movimiento que nunca militaron en el PRI. Ha tenido una destacada trayectoria nacional como senador, subsecretario y secretario de Bienestar, y director general de FONATUR (Tren Maya). Es un colaborador leal y operador de confianza desde los inicios del movimiento obradorista. Su identidad política es de “fundador”, “purista”, hombre de territorio y de base, leal al proyecto ideológico.
Historial de enfrentamientos
Esta diferencia fundamental se ha manifestado en choques directos a lo largo de los años. Ya en 2002, sus facciones se enfrentaron en elecciones internas del PRD, consolidando la división entre los expriistas “pragmáticos” y los “radicales” fundadores. Más recientemente, durante la contienda interna de Morena por la gubernatura de Tabasco en 2024, el grupo de Adán Augusto apoyó activamente a una candidata rival, complicando el camino para May, quien era el claro favorito, hasta que una presunta intervención de AMLO puso orden. La tensión volvió a aflorar en la primaria presidencial de 2023, cuando May, desde su puesto en el gabinete federal, apoyó públicamente a Claudia Sheinbaum, en detrimento de las aspiraciones de su paisano Adán Augusto, una clara señal de sus lealtades.
Sus estilos políticos también son antagónicos. Analistas describen a López como un estratega de gran escala, que piensa en términos institucionales y se enfoca en “vender los logros”. May, por otro lado, es un operador de acción inmediata, un ejecutor de planes que actúa más por lealtad a la jerarquía e intuición que por datos.
Este choque de trayectorias y estilos no es solo una disputa personal. Es un microcosmos de la batalla más grande que se libra por el alma de Morena a nivel nacional. Es la lucha entre el “movimiento” original, de base e ideológico, y el “partido” pragmático y orientado al poder en el que se ha convertido. La llegada de May a la gubernatura no fue un simple cambio de administración, sino el ascenso de una facción rival. Su campaña de “limpieza” es, por tanto, una estrategia dual: combatir una crisis de seguridad y, al mismo tiempo, purgar el aparato estatal de los leales a su adversario, como lo confirma la aseveración de que “nadie que estuviera vinculado a Adán Augusto se quedó”. El conflicto de Tabasco, cuna del obradorismo, se convierte así en un laboratorio del futuro de Morena: ¿pueden coexistir estas dos visiones o una terminará por devorar a la otra?
Los “Guacamaya Leaks”: la evidencia incriminatoria
La evidencia que da sustento a las acusaciones de Javier May y que pone a Adán Augusto López a la defensiva no proviene de testimonios recientes, sino de una fuente inesperada y explosiva: los “Guacamaya Leaks”. Este hackeo masivo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022 sacó a la luz miles de documentos clasificados, revelando lo que el aparato de inteligencia militar sabía sobre la situación en Tabasco mucho antes de que se convirtiera en un escándalo público.
Los informes filtrados son condenatorios. La inteligencia militar ya había identificado a Hernán Bermúdez como el “Comandante H” y como una pieza central de “La Barredora” desde 2021. Los documentos no solo lo mencionan, sino que mapean la presunta estructura criminal, ubicándolo en la cúspide, con control sobre jefes de plaza locales e incluso con otros altos mandos de la policía y la Guardia Nacional dentro de su red. Los reportes describen con detalle operativo cómo Bermúdez presuntamente autorizaba a un grupo criminal a eliminar a otro para apoderarse de su territorio o cómo establecía tarifas para la liberación de delincuentes detenidos. De manera crucial, las filtraciones también recogen conversaciones de criminales que aluden a una supuesta alianza con “el gobernador” López Hernández, lo que sugiere, como mínimo, una percepción de protección desde el más alto nivel del gobierno estatal.
Cronología de la inacción y la crisis
- Diciembre de 2019: Adán Augusto López nombra a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, un nombramiento clave que inicia el periodo bajo escrutinio.
- Diciembre de 2020: Bermúdez (“Comandante H”) presuntamente autoriza la ejecución de un líder criminal rival, evidenciando una presunta operación criminal desde el cargo.
- Mayo de 2021: Informes de SEDENA identifican a Bermúdez como líder de la estructura criminal en Tabasco. La inteligencia militar ya tenía conocimiento detallado del problema.
- Octubre de 2022: Los “Guacamaya Leaks” exponen públicamente los informes de SEDENA. La información clasificada se vuelve de dominio público.
- Diciembre de 2023: Estalla la violencia en Tabasco; atacan el domicilio de Bermúdez. La fractura interna del grupo criminal se hace visible y violenta.
- Enero de 2024: Hernán Bermúdez renuncia a su cargo y posteriormente huye del país. El principal implicado es removido y se convierte en prófugo.
- Noviembre de 2024: El gobernador Javier May declara públicamente la guerra a la corrupción de administraciones pasadas, iniciando la ofensiva política directa de May contra el legado de López.
- Julio de 2025: El gobierno de May revela la orden de aprehensión contra Bermúdez; Adán Augusto desaira a May. La batalla legal y política llega a su punto más álgido y público.
La revelación más dañina de los “Guacamaya Leaks” no es solo lo que sabía la inteligencia, sino la inacción que le siguió. La existencia de esta información detallada dentro del aparato de seguridad federal mientras Adán Augusto era gobernador y, posteriormente, secretario de Gobernación, plantea la pregunta fundamental: ¿fue omisión o complicidad? Periodistas que han analizado los documentos sugieren que tanto López Hernández como el entonces presidente AMLO fueron informados, pero que los informes que llegaron a sus escritorios omitían datos clave, lo que podría indicar un encubrimiento en algún punto de la cadena de mando.
Esta cronología demuestra una falla crítica o una ruptura deliberada en la cadena de información y mando de la seguridad en México. La inteligencia detallada y procesable que existía en el terreno no se tradujo en acciones políticas contundentes. A pesar de las alertas, Bermúdez permaneció en su puesto durante años con el beneplácito del gobernador López y su sucesor. La afirmación de Adán Augusto de que “nunca sospechó” nada choca frontalmente con la evidencia documental. Esto apunta a una crisis sistémica de rendición de cuentas. Si la propia inteligencia militar puede ser ignorada, suprimida o “maquillada”, todo el andamiaje de la estrategia de seguridad nacional queda en entredicho, dando credibilidad a las comparaciones que hace la oposición entre este caso y el de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad federal condenado por narcotráfico.
La defensa de Adán Augusto: “politiquería” y negación
Frente a un alud de acusaciones respaldadas por inteligencia militar, la estrategia de defensa de Adán Augusto López se ha basado en un manual clásico de la política bajo asedio: desacreditar, desviar y negar.
Su principal línea argumental ha sido calificar el escándalo como “politiquería”, un ataque orquestado por sus adversarios políticos, con Javier May como principal instigador. Esta táctica busca cambiar el foco del contenido de las acusaciones a las supuestas motivaciones de quienes las formulan. Como complemento, ha desplegado una contra-narrativa centrada en los logros de su gestión. Cada vez que es cuestionado sobre Bermúdez, responde con gráficos y “datos duros” que muestran una supuesta reducción en delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión durante su gobierno. Es un intento de desviar la atención de la acusación específica —la presunta complicidad con un cártel— hacia una afirmación general de éxito en materia de seguridad.
El pilar de su defensa personal es la negación plausible. En entrevistas, ha declarado enfáticamente: “La verdad es que no sospeché”. Sostiene que se enteró de las acusaciones a través de las filtraciones de Guacamaya, cuando ya se encontraba en la Ciudad de México como secretario de Gobernación. Este argumento del “subordinado desleal” busca eximirlo de la responsabilidad política por sus propios nombramientos. Al mismo tiempo, ha adoptado la postura estándar de cooperación, afirmando estar “a la orden de cualquier autoridad” que requiera su testimonio, proyectando una imagen de transparencia sin admitir ninguna irregularidad.
Esta estrategia defensiva es notablemente similar a la utilizada por el expresidente Felipe Calderón en el caso de su secretario de seguridad, Genaro García Luna. Calderón también alegó ignorancia sobre las actividades criminales de su subordinado y señaló los logros de su “guerra contra el narcotráfico” como prueba de sus buenas intenciones. La ironía política es inmensa: Adán Augusto López y Morena pasaron años atacando a Calderón con el argumento de que era “imposible que no supiera” de los nexos de García Luna. Ahora, López se ve forzado a emplear exactamente la misma defensa. Esto lo coloca a él y a su partido en un dilema de credibilidad. O bien aceptan que un gobernador puede ser completamente ajeno a la narcopolítica en su propio gabinete —socavando así años de críticas a Calderón—, o se concluye que Adán Augusto no está siendo veraz. Este “dilema García Luna” es la trampa política que Javier May le ha tendido, y corroe la autoridad moral del discurso anticorrupción de Morena.
Tabasco: un campo de batalla para la purga de poder
Las acciones de Javier May como gobernador no pueden interpretarse únicamente como una cruzada por la justicia. Son, a la vez, una respuesta a una crisis de seguridad real y una maniobra política despiadada para desmantelar la red de poder de su rival y consolidar su propio control sobre el estado.
Desde su llegada al poder, May marcó una ruptura con el pasado. Sus declaraciones de noviembre de 2024, asegurando que su gobierno “nunca pactaría con la delincuencia organizada” y que las administraciones anteriores “tendrán que explicarlo todo”, fueron los primeros disparos en esta guerra. A estas palabras les siguió una purga sistemática de funcionarios vinculados a Adán Augusto López. Una fuente lo describe sin rodeos: “Llegaron a barrer funcionarios de todos los niveles, nadie que estuviera vinculado a Adán Augusto se quedó en alguna secretaría”. Fue un movimiento deliberado para desarticular la estructura de poder heredada e instalar a su propio equipo, muchos de ellos colaboradores de sus gestiones municipales.
El gobierno de May ha utilizado el poder judicial del estado como un arma para atacar el legado de su predecesor. Al hacer pública la orden de aprehensión contra Bermúdez y anunciar la detención de otros exfuncionarios ligados a “La Barredora”, May se posiciona como el agente del cambio y la transparencia. El hecho de que su secretario de Gobierno sea José Ramiro López Obrador, hermano del fundador del movimiento, añade un peso simbólico innegable a esta campaña.
Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Al enfrentarse a un peso pesado del partido como Adán Augusto, May se arriesga a provocar un cisma interno y a ganarse enemigos poderosos. Sin embargo, el premio potencial es enorme: si tiene éxito, no solo ataca un problema de seguridad genuino, sino que también aniquila a su principal rival político, consolida un control absoluto sobre Tabasco y eleva su perfil a nivel nacional como un valiente cruzado anticorrupción.
Lo que May está haciendo es, en esencia, instrumentalizar el discurso fundamental de la Cuarta Transformación —la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad— y dirigirlo contra otro líder de Morena. Esto representa una nueva y más peligrosa fase de los conflictos internos del partido. En el pasado, las disputas se centraban en candidaturas o diferencias políticas y se resolvían, por lo general, a puerta cerrada bajo el arbitraje de la cúpula. May ha llevado el conflicto al terreno público y ha convertido la propia narrativa moral del partido en su principal arma. No solo acusa a López de ser su rival, sino que implícitamente lo tacha de traidor a los principios del movimiento. Esto sienta un precedente arriesgado: si el discurso anticorrupción puede ser utilizado como herramienta en luchas de poder faccionales, podría desatar una serie de purgas y guerras intestinas en todo el país, colocando a la dirigencia nacional en una posición imposible: o frenan a May y parecen proteger a los corruptos, o lo dejan actuar y se arriesgan a que el partido se desgarre desde dentro.
Morena: fallas internas y la prueba de Sheinbaum
El estallido de la crisis tabasqueña ha enviado ondas de choque a través de la estructura nacional de Morena, revelando profundas fallas geológicas en un partido que se esfuerza por mantener una fachada de unidad. La reacción ha sido contradictoria y ha expuesto una organización dividida.
Por un lado, existe una facción que cierra filas en defensa de uno de los suyos. En el Consejo Nacional, los gritos de “¡No estás solo!” que recibieron a Adán Augusto López demostraron que cuenta con una base de apoyo considerable y leal, dispuesta a respaldarlo a pesar de la gravedad de las acusaciones. Sus compañeros en el Senado también han manifestado públicamente su apoyo. Por otro lado, la dirigencia institucional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, ha intentado un ejercicio de control de daños. Han iniciado el proceso para expulsar al ahora tóxico Hernán Bermúdez de sus filas y han declarado que Morena “no protegerá a nadie”, una postura cuidadosamente calibrada para tranquilizar a la opinión pública sin condenar directamente a López.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum camina sobre una cuerda floja. Públicamente, ha confirmado que la investigación contra Bermúdez está activa desde 2024 y ha prometido que “no se va a cubrir a nadie”. Sin embargo, al mismo tiempo, ha advertido contra los “linchamientos mediáticos” y ha evitado implicar a Adán Augusto, en un claro intento de contener el daño político y no enemistarse con el poderoso coordinador de su bancada en el Senado, una pieza clave para su agenda legislativa.
Para algunos analistas, las acciones de Adán Augusto, al permitir que la seguridad en Tabasco se deteriorara hasta ese punto, constituyen una profunda traición al obradorismo, que ve en ese estado su cuna histórica y simbólica. Esta perspectiva eleva el conflicto de una simple pugna de poder a una cuestión de lealtad al proyecto político en su conjunto.
Este escándalo se ha convertido en la primera gran prueba para la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su capacidad para gestionar la compleja y a menudo contradictoria coalición que es Morena, ahora sin la figura unificadora de AMLO. En la era de López Obrador, un conflicto de esta magnitud probablemente se habría resuelto con su intervención personal y su autoridad indiscutible. Sheinbaum, sin embargo, debe apoyarse en el poder institucional y la negociación política. La forma en que maneje esta crisis definirá su liderazgo. Si reprime a May, se arriesgará a parecer débil ante la corrupción. Si abandona a López, podría enfrentarse a una rebelión en el Senado. Si no hace nada, el partido podría fracturarse. Este caso es, sin duda, un “punto de inflexión” para el futuro del movimiento gobernante, un momento que revelará si Sheinbaum puede consolidar su propio poder o si las fuerzas centrífugas, contenidas durante años por AMLO, comenzarán a desgarrar al partido.
Conclusión: el futuro de Tabasco y el alma de la cuarta transformación
El desaire de Adán Augusto López a Javier May en el Consejo Nacional de Morena fue mucho más que un exabrupto. Fue la manifestación pública y deliberada de una guerra política profunda, una respuesta a la pregunta de por qué un peso pesado del partido se negaría a saludar al gobernador de su propio estado en el contexto de una campaña para “sacar la pudredumbre”. La respuesta es una síntesis de múltiples factores:
- Represalia directa: Fue una venganza pública por el asalto político y legal de May a su legado, específicamente la revelación de la orden de aprehensión contra su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez.
- Lucha por el control: Fue un acto dentro de una guerra de largo aliento por la hegemonía política en Tabasco, el corazón simbólico del obradorismo.
- Choque de culturas políticas: Representó la colisión de dos visiones antagónicas de la política: el pragmatismo de un operador formado en el viejo sistema contra el purismo de un fundador del movimiento.
- Defensa desafiante: Fue la postura de un político acorralado, intentando proyectar fuerza y desestimar graves acusaciones de complicidad estatal con el crimen organizado como mera “politiquería”.
Las consecuencias de esta guerra apenas comienzan a desplegarse. Para Adán Augusto López, su futuro político pende de un hilo. Aunque pueda conservar su poder en el Senado, su reputación ha sufrido un daño severo y sus ambiciones presidenciales parecen permanentemente frustradas; el escándalo se ha convertido en la “serpiente” en su juego de poder. Para Javier May, la apuesta ha sido alta, pero si logra su objetivo, emergerá como el líder indiscutible de Tabasco y una figura de talla nacional.
Mientras tanto, para el estado de Tabasco, el “infierno en el Edén” continúa. Los ciudadanos permanecen atrapados en el fuego cruzado de la violencia criminal y la inestabilidad política, mientras sus líderes se “reparten culpas”. En última instancia, esta crisis es una prueba definitoria para Morena y la Cuarta Transformación. Obliga al movimiento a confrontar sus contradicciones internas: su retórica anticorrupción frente a las viejas prácticas de algunos de sus miembros más poderosos. La resolución de este conflicto, o la falta de ella, determinará no solo el futuro de dos políticos, sino la identidad, la cohesión y el destino del partido que gobierna México.
