Adán Augusto López, figura clave del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), enfrenta graves acusaciones que vinculan su gestión en Tabasco con una red criminal. El escándalo, centrado en su exsecretario prófugo, Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, pone a prueba la credibilidad de la Cuarta Transformación y la nueva administración de Claudia Sheinbaum.El poder y la sospecha en el corazón de Morena
Adán Augusto López Hernández representa una figura central en la estructura de poder de Morena. Su posición actual como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República es la culminación de una carrera política de décadas que lo ha posicionado en los círculos más altos de la política mexicana. Sin embargo, su ascenso, que incluye un periodo como la “mano derecha” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ve ensombrecido por graves y persistentes acusaciones que vinculan su gestión como gobernador de Tabasco con una violenta red criminal.
El núcleo del escándalo es la situación de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien actualmente es un prófugo de la justicia con una ficha roja de Interpol en su contra. Bermúdez es señalado por informes de inteligencia militar bajo el alias de “Comandante H”, presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”. Esta situación ha generado una crisis política que pone a prueba los cimientos del discurso anticorrupción del oficialismo.
Este informe sostiene que el caso de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez trasciende el ámbito de un incidente aislado de corrupción. Se erige como un estudio de caso crítico sobre los desafíos estructurales, las contradicciones políticas y la posible persistencia de la impunidad dentro del proyecto de la “Cuarta Transformación” (4T). El análisis trazará la carrera de López, diseccionará su mandato en Tabasco, examinará las filtraciones de inteligencia, seguirá su ascenso al poder federal y evaluará las repercusiones políticas actuales y sus implicaciones para la nueva administración presidencial. El manejo de este caso constituye la primera gran crisis interna para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien debe navegar entre la lealtad a una figura poderosa heredada de la era de AMLO y la necesidad de mantener la credibilidad de su propio gobierno en materia de estado de derecho. La postura oficial, que consiste en investigar al subordinado (Bermúdez) pero no al superior (López), es una maniobra política calculada que inevitablemente evoca comparaciones con el caso de Genaro García Luna, un paralelismo que la oposición y la prensa ya han comenzado a explotar.
La trayectoria política de Adán Augusto López
Orígenes y formación
Nacido en Paraíso, Tabasco, el 24 de septiembre de 1963, Adán Augusto López Hernández proviene de una familia con raíces en la élite profesional del estado; su padre fue un reconocido notario público y su madre, una maestra normalista. Su sólida formación académica incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de París II y estudios de posgrado en Derecho Comparado en París. Esta preparación le abrió las puertas a una carrera inicial como abogado y titular de una notaría pública en Villahermosa.
Su incursión en la administración pública comenzó en la década de 1990, ocupando cargos como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Tabasco. Estos primeros puestos los desempeñó bajo gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Manuel Gurría Ordóñez, un periodo en el que también inició su carrera Hernán Bermúdez, estableciendo una relación de largo recorrido con las estructuras de poder tradicionales del estado.
El pragmatismo y los cambios partidistas
La carrera de López Hernández se caracteriza por una notable capacidad de adaptación y pragmatismo, evidenciada por su tránsito a través de tres de los principales partidos políticos de México. Inició su militancia en el PRI en 1976, donde ascendió hasta convertirse en secretario general del partido en Tabasco y coordinador de la campaña a gobernador de Manuel Andrade Díaz en el año 2000.
Tras conflictos internos en el priismo tabasqueño, dio un giro estratégico y se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2001 y 2003. Este movimiento lo alineó con la creciente fuerza política de su paisano, Andrés Manuel López Obrador. Bajo las siglas del PRD, consolidó su perfil a nivel nacional, desempeñándose como diputado local en el Congreso de Tabasco (2007-2009), diputado federal (2009-2012) y senador de la República (2012-2018).
La llegada a Morena y la gubernatura de Tabasco
El movimiento político más decisivo de su carrera ocurrió en 2014, cuando renunció al PRD para unirse al recién creado Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Este acto no solo demostró su visión política, sino que selló su lealtad incondicional a López Obrador, quien se perfilaba como el candidato presidencial más fuerte. Su alineación con el líder máximo de la izquierda mexicana se convirtió en su principal activo político.
Como presidente de Morena en Tabasco (2016-2017), preparó el terreno para su propia candidatura a la gubernatura. En 2018, capitalizando la ola obradorista, ganó las elecciones con un margen abrumador de más del 60% de los votos, convirtiéndose en el primer gobernador de Morena en la historia del estado. Su carrera, por tanto, no refleja una pureza ideológica, sino la habilidad de un operador que entiende que la proximidad al poder es la moneda de cambio más valiosa en la política mexicana.
La gestión en Tabasco: nombramientos clave y “La Barredora”
El nombramiento de Hernán Bermúdez
Una de las decisiones más trascendentales y controvertidas del gobierno de Adán Augusto López en Tabasco fue el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en diciembre de 2019. Esta designación no se realizó en un vacío informativo. Existen reportes periodísticos que indican que, en 2018, siendo ya gobernador electo, López Hernández fue advertido explícitamente por un grupo de consultores de seguridad que él mismo había contratado. Según estas fuentes, los consultores le informaron que el nombre de Bermúdez aparecía como “persona de interés” en bases de datos de la inteligencia federal por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. La respuesta de López habría sido terminar la relación con los consultores y proceder con el nombramiento.
“La Barredora”: una red criminal con protección estatal
“La Barredora” no era una organización criminal convencional. Según informes de inteligencia y reportajes de investigación, este grupo, conocido inicialmente como “La Hermandad”, habría sido estructurado desde las esferas del poder para controlar actividades ilícitas en la región. Su principal actividad era el robo de combustible, o “huachicol”, pero su portafolio delictivo se extendía a la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
La estructura de liderazgo era particularmente alarmante. Informes de inteligencia militar señalan a Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, como el líder de la organización. La red incluía a otros altos mandos policiales nombrados por López, como el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, y el director general de la misma corporación, Leonardo Arturo Leyva. Esto sugiere la conformación de una empresa criminal con protección estatal. Figuras como el expolicía Francisco Javier Custodio Luna, alias “Guasón”, actuaban como operadores clave, utilizando a agentes activos para filtrar información sobre operativos y coordinar ataques contra grupos rivales.
La relación de “La Barredora” con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es compleja y ambigua. Algunos informes de inteligencia la describen como una célula o aliada del CJNG en Tabasco. Sin embargo, eventos posteriores, como una violenta ruptura en 2023 y un intento de asesinato contra el propio Bermúdez perpetrado por sicarios del CJNG, sugieren que la alianza fue temporal, se fracturó, o que “La Barredora” operaba como una facción rival que disputaba el control del territorio.
La paz simulada y el estallido de violencia
Durante la gestión de López, Tabasco proyectó una imagen de control relativo de la seguridad. Sin embargo, analistas y fuentes locales sugieren que se trataba de una “paz simulada”, lograda al permitir que un grupo criminal (“La Barredora”) operara con un alto grado de impunidad, manteniendo a raya a sus rivales. La fragilidad de este supuesto equilibrio quedó expuesta a finales de 2023 y principios de 2024, cuando la fragmentación interna de “La Barredora” desató una ola de violencia sin precedentes en el estado, con robos masivos, bloqueos y enfrentamientos. Esto reveló que la estrategia de seguridad no había resuelto el problema de fondo, sino que lo había gestionado a través de pactos precarios con el crimen.
Las acusaciones no se limitan a un solo individuo, sino que abarcan a la cúpula de seguridad designada por López, lo que debilita la narrativa de un caso aislado y apunta hacia una posible cooptación institucional bajo su mandato:
- Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): identificado como “Comandante H”, líder de “La Barredora”. Señalado por vínculos con el CJNG y por facilitar huachicol, extorsión y narcotráfico.
- José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal: señalado como parte de la red de protección de “La Barredora” y vinculado al CJNG.
- Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal: señalado por presunta relación con el crimen organizado y la red de “La Barredora”.
Las revelaciones de inteligencia militar y la inacción oficial
La evidencia de la SEDENA
El corazón probatorio del escándalo reside en los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) filtrados por el colectivo de hacktivistas Guacamaya. Estos informes, elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, no son meras alegaciones periodísticas, sino evaluaciones de inteligencia del propio Ejército Mexicano.
Los documentos, que datan de 2022, identifican explícitamente a Hernán Bermúdez como el “Comandante H” y líder de “La Barredora”. Además, informes de 2021 y 2022 lo vinculan a él y a otros altos mandos policiales con una célula del CJNG, detallando cómo facilitaban las operaciones de este cártel en Tabasco.
La pieza de inteligencia más comprometedora es un reporte de mayo de 2021 que transcribe una conversación interceptada a miembros del crimen organizado. En ella, un líder apodado “Pantera” afirma estar trabajando “con el gobierno… con el gobernador”. De manera significativa, los analistas militares que transcribieron el audio añadieron la siguiente anotación: “quizá Adán Augusto López Hernández gobernador de Tabasco”. Aunque no es una acusación directa, esta nota de inteligencia es el indicio más fuerte que vincula al entonces gobernador con el conocimiento o la colaboración con dicha red criminal.
La inacción del gobierno federal ante los informes
La cronología de los hechos es crucial. La inteligencia militar no fue un hallazgo posterior. La SEDENA tenía conocimiento de estas conexiones criminales al menos desde 2019. Esta información fue hecha pública por diversos medios de comunicación en octubre de 2022, tras la filtración de los “Guacamaya Leaks”.
A pesar de la gravedad de los informes y de su difusión pública, Hernán Bermúdez permaneció en su cargo durante el resto del mandato de Adán Augusto López y durante toda la gubernatura interina de Carlos Merino Campos. No fue sino hasta enero de 2024, en medio de una crisis de violencia que paralizó la capital del estado, que Bermúdez finalmente presentó su renuncia. Esto demuestra que, por más de un año después de que la información se hiciera pública, y por varios años después de que la inteligencia militar la generara, no se tomó ninguna acción en su contra.
El problema, por lo tanto, no fue una falla de inteligencia, sino una aparente elección política. El Ejército sabía. Por extensión, el gobierno federal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sabían o debían haber sabido de la situación. La decisión de permitir que Bermúdez continuara en su puesto y, más aún, de promover a Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, sugiere que la alianza política y la estabilidad del proyecto de la 4T se antepusieron a la obligación de actuar con base en inteligencia creíble sobre corrupción y nexos con el crimen organizado.
Ascenso federal: de SEGOB a aspirante presidencial
El nombramiento como Secretario de Gobernación
El 26 de agosto de 2021, Adán Augusto López fue nombrado por el presidente López Obrador como secretario de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Este nombramiento lo catapultó a la cima del poder político nacional, convirtiéndolo en uno de los hombres más influyentes del país y en el principal operador político y negociador del presidente. Su ascenso se produjo mientras los informes de inteligencia militar sobre la situación en Tabasco ya estaban siendo generados.
La paradoja del guardián nacional
Su posición como titular de la Secretaría de Gobernación presenta una profunda paradoja. López era el responsable de la política interior del país, la gobernabilidad, la seguridad nacional y la coordinación con los gobiernos estatales. Desempeñó este rol mientras el aparato de seguridad que él mismo había construido en Tabasco era, según la propia inteligencia del Estado mexicano, una estructura cooptada por el crimen. Esto plantea serias preguntas sobre su gestión a nivel nacional y la estrategia de seguridad del gobierno federal contra cárteles como el CJNG, con el cual sus subordinados en Tabasco tenían presuntos vínculos.
La “corcholata” presidencial y la normalización de la sospecha
En 2023, su estatus como figura clave del obradorismo lo posicionó como uno de los principales aspirantes, o “corcholatas”, a la candidatura presidencial de Morena. Renunció a la Secretaría de Gobernación el 16 de junio de 2023 para participar en el proceso interno del partido. Aunque no ganó la nominación, su campaña lo consolidó como un político de peso completo dentro de Morena.
Resulta notable que las graves acusaciones derivadas de los “Guacamaya Leaks”, que ya eran de dominio público desde finales de 2022, no impidieran su aspiración presidencial. Este hecho revela una normalización de la sospecha en los más altos niveles del partido gobernante. Las acusaciones fueron tratadas más como un inconveniente político a gestionar que como un impedimento ético o legal para aspirar al cargo más alto de la nación, lo que indica un cálculo político donde la lealtad y el poder superaron a la transparencia.
El estallido del escándalo y las respuestas políticas
La orden de aprehensión y la fuga de Bermúdez
El escándalo, que había estado latente, estalló públicamente a mediados de 2025. El detonante fue la confirmación de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, girada el 14 de febrero de ese año. Rápidamente se reveló que Bermúdez se había convertido en un prófugo de la justicia, con una ficha roja de Interpol para su búsqueda internacional, y que se le rastreaba en Brasil. Un dato agravante es que, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Bermúdez abandonó México el 26 de enero, casi un mes antes de que se emitiera la orden de captura, lo que ha generado sospechas sobre si se le permitió escapar.
La pugna interna en Morena: Tabasco como motor del caso
Un factor clave que ha impulsado la visibilidad del escándalo es la intensa rivalidad política que existe en Tabasco entre la facción del actual gobernador, Javier May, y la del exgobernador Adán Augusto López. La nueva administración estatal ha sido la principal promotora de la investigación.
Las declaraciones desde el gobierno de May han sido contundentes. José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de Tabasco, afirmó de manera lapidaria: “Ahí está saliendo todo, toda la pudrición”. El propio gobernador May ha acusado a sus predecesores de haberle “abierto la puerta a la delincuencia”. Este conflicto interno en Morena ha sido fundamental para que el caso no fuera silenciado y escalara a nivel nacional.
Silencio y respaldo: la estrategia de contención
La respuesta de Adán Augusto López y su círculo cercano ha seguido una estrategia de dos vías. Por un lado, el propio senador ha guardado un silencio absoluto y conspicuo. No ha emitido declaraciones públicas, ha evitado a la prensa y se ha ausentado de sesiones legislativas clave desde que estalló el escándalo.
Por otro lado, sus aliados han cerrado filas en su defensa. El grupo parlamentario de Morena en el Senado, que él mismo coordina, emitió un comunicado oficial ofreciéndole su “respaldo político, institucional y humano”. En el documento, califican las acusaciones como un “golpeteo mediático orquestado desde la oposición” y se aferran a la declaración presidencial de que López no está siendo investigado formalmente.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura cuidadosamente calibrada. En sus conferencias de prensa, ha confirmado la investigación y la orden de aprehensión contra Bermúdez, prometiendo transparencia. Sin embargo, ha sido enfática al declarar que “no se está investigando” a Adán Augusto López por parte de su gobierno. Esta es la línea oficial diseñada para proteger a un aliado político indispensable para su agenda legislativa, al tiempo que se proyecta una imagen de acción contra la corrupción en los niveles inferiores.
La evidencia acumulada dibuja un panorama preocupante: Adán Augusto López Hernández, figura central de la Cuarta Transformación, ascendió a las más altas esferas del poder mientras su administración en Tabasco, según informes creíbles de la propia inteligencia militar mexicana, brindaba protección y colaboraba con una organización criminal. Fue advertido de los riesgos de su principal nombramiento en seguridad, la información estuvo disponible para el gobierno federal durante años y, a pesar de ello, fue promovido a secretario de Gobernación y hoy lidera el Senado. El paralelismo con el caso de Genaro García Luna, aunque con diferencias de escala y contexto, se ha vuelto inevitable y políticamente potente. La narrativa central de Morena, que se construyó sobre la condena de la relación entre el poder político del sexenio de Felipe Calderón y el crimen organizado, enfrenta ahora una contradicción interna de enormes proporciones. La existencia de un “García Luna de la 4T”, como lo han bautizado sus opositores, desafía la autoridad moral del movimiento. Actualmente, como líder indispensable de la mayoría oficialista en el Senado, Adán Augusto López parece políticamente intocable. Su destitución o procesamiento provocaría una crisis de gobernabilidad para la administración Sheinbaum, que depende de él para avanzar su ambiciosa agenda de reformas. Sin embargo, su supervivencia en el poder tiene un costo muy alto para la credibilidad del proyecto transformador. Este caso revela la persistencia de las estructuras de la narcopolítica y la inmensa dificultad de desmantelar la impunidad, incluso para un movimiento que llegó al poder con la promesa de erradicarla. El caso de Adán Augusto López expone una contradicción inherente del proyecto de la 4T: el conflicto entre la consolidación del poder político y la promesa de una verdadera transformación. Para ejecutar su agenda legislativa, la administración necesita operadores leales y eficaces como López. No obstante, las prácticas y alianzas que hacen a estos operadores tan efectivos —su pragmatismo, sus profundos lazos con las viejas estructuras de poder y una aparente tolerancia a pactos ilícitos— son las mismas que contradicen el ethos fundacional del movimiento. La decisión de proteger a López demuestra que, ante la disyuntiva, se está priorizando la consolidación política sobre el disruptivo y potencialmente desestabilizador proceso de una rendición de cuentas genuina. ¿Puede el “segundo piso de la Cuarta Transformación” construirse sobre cimientos tan comprometidos y qué revela la protección de Adán Augusto López sobre el verdadero equilibrio de poder y los límites del cambio en el nuevo sexenio?
