En el epicentro de la política mexicana contemporánea, un conflicto de alta intensidad se libra entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, del partido Morena, y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Esta confrontación ha derivado en una solicitud formal para retirarle la inmunidad parlamentaria a Moreno, un proceso conocido en México como desafuero. Este procedimiento, que combina lo legal con lo político, se ha convertido en un evento crítico en la intersección del discurso anticorrupción, las luchas por el poder y la instrumentalización de las fiscalías en contiendas partidistas.
El proceso de desafuero: Una disección legal y política
El desafuero, o declaración de procedencia, no determina culpabilidad. Es un mecanismo político-legal para remover la inmunidad procesal que protege a altos funcionarios, como los legisladores federales, de ser sometidos a un proceso penal mientras ocupan su cargo. Su propósito es equilibrar la protección contra acusaciones frívolas con el principio de que nadie está por encima de la ley.
Los cargos formales
El actual proceso de desafuero se basa en una solicitud formal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, no en las declaraciones mediáticas de la gobernadora Sansores. El expediente técnico consolida los hallazgos de cuatro carpetas de investigación ya judicializadas.
La fiscalía acusa a Alejandro Moreno de un presunto desvío de recursos públicos por un monto total de MXN 83,508,000 durante su gestión como gobernador de Campeche. Los delitos específicos imputados, según el Código Penal, son:
- Peculado: Malversación de fondos públicos para beneficio propio o de terceros.
- Uso indebido de atribuciones y facultades: Otorgamiento indebido de concesiones, permisos, licencias, franquicias o contratos, o actos que producen beneficio ilícito en perjuicio del erario.
Estas acusaciones se centran exclusivamente en su desempeño como gobernador, no en su rol actual como senador o líder partidista.
El laberinto legislativo: La sección instructora
El procedimiento de desafuero está consagrado en el Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Diputados actúa como “jurado de procedencia”. El análisis inicial recae en la Sección Instructora, un comité de cuatro diputados.
Este comité investiga internamente, analiza pruebas, recibe argumentos de la defensa y emite un dictamen que recomienda al pleno de la Cámara si se debe o no retirar el fuero. Su composición es crucial: actualmente, está presidida por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) e integrada por otro miembro de Morena, uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno del Partido Acción Nacional (PAN). La gobernadora Sansores ha señalado que esta conformación es más “equilibrada” y favorable a su causa que intentos previos.
El proceso es deliberativo y puede extenderse por varios meses. Una vez admitida la solicitud, la Sección Instructora tiene 60 días hábiles para desahogar pruebas y presentar su dictamen. Si es favorable, se requiere una mayoría absoluta del pleno de la Cámara para su aprobación. De aprobarse, el funcionario es separado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Estado actual del procedimiento (septiembre de 2025)
A principios de septiembre de 2025, el proceso se encuentra en etapas iniciales. La Sección Instructora ha recibido y notificado a Alejandro Moreno sobre la nueva solicitud de la fiscalía campechana, que es un expediente nuevo y distinto a uno anterior.
Es fundamental distinguir entre dos procesos de desafuero. Una primera solicitud de 2022, por enriquecimiento ilícito, fue desechada por la Sección Instructora debido a una resolución judicial que determinó que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente, invalidando el procedimiento. Alejandro Moreno usa este precedente en su defensa.
Sin embargo, la fiscalía ha respondido con una estrategia renovada. La solicitud actual se basa en delitos diferentes (peculado y uso indebido de atribuciones) y, crucialmente, en un cuerpo de evidencia distinto, que incluye, según se informa, el testimonio de testigos colaboradores. Este cambio sugiere que la fiscalía ha construido un caso nuevo, enfocado en actos específicos de malversación durante el mandato de Moreno, en lugar de la acusación de enriquecimiento ilícito.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, ha declarado que el análisis técnico del nuevo expediente está “muy avanzado” y que un dictamen podría estar listo en septiembre de 2025. Flores ha negado una “persecución política”, insistiendo en apego estricto al derecho.
El ambiente político se ha enrarecido. Un altercado físico reciente en el Senado entre Alejandro Moreno y el senador Gerardo Fernández Noroña ha intensificado las voces dentro del partido gobernante que exigen acelerar el proceso.
Los cuatro pilares de la acusación: Un examen forense de la evidencia
El núcleo de la solicitud de desafuero no son acusaciones genéricas, sino la articulación de cuatro presuntas tramas de corrupción, cada una con su propio *modus operandi*, actores implicados y monto presuntamente desviado. A continuación, se presenta una tabla resumen y un análisis detallado:
| Caso/Esquema | Entidad Gubernamental Implicada | Monto Presuntamente Desviado (MXN) | Modus Operandi | Personas Clave Implicadas (Excluyendo a Moreno) |
| Esquema SSPCAM | Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM) | 27,200,000 | Servicios simulados a través de prestanombres (testaferros) con fondos federales. | Jorge “N” (exsecretario de Seguridad), Samuel “N” (director), Karla “N” (Finanzas). |
| Caso API de Campeche | Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam) | 23,800,000 | Contratación de una empresa de buceo para servicios de asesoría jurídica y fiscal no comprobados. | Alejandro “N” (extitular de la API de Campeche). |
| Contratos Mayavisión | Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Campeche | 14,157,000 | Pagos recurrentes a una televisora local sin respaldo documental o material de los servicios. | Walther “N” (extitular de Comunicación Social), Miguel Ángel “N” (director de Mayavisión). |
| Mercado Plaza Colosio | Secretaría de Desarrollo Económico | 18,200,000 | Compra de un terreno a un particular cercano al gobernador y construcción de un mercado con fondos públicos cuyos locales fueron rentados a privados. | Miguel Ángel “N” (vendedor del terreno), José Domingo “N” (exsecretario de Desarrollo Económico). |
| TOTAL | 83,357,000 |
El esquema SSPCAM: prestanombres y servicios simulados (MXN 27.2 millones)
Esta investigación se centra en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM) y el desvío de MXN 27.2 millones de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). La evidencia central son los testimonios de dos prestanombres que, según la investigación, eran personal doméstico de un amigo del entonces secretario de Seguridad, Jorge “N”. Recibieron pagos simbólicos (alrededor de 4,000 pesos) a cambio de su documentación personal, usada para crear empresas fachada o facturar servicios intangibles que nunca prestaron, como el “traslado de alimentos para policías en destacamentos lejanos” o “mantenimiento de aires acondicionados y patrullas”.
El vínculo con Moreno se establece por su rol como máxima autoridad del estado. Como gobernador, firmó el convenio FASP, obligándose a garantizar el uso eficiente de los fondos. La fiscalía argumenta que su omisión o anuencia lo hace partícipe del delito. El exsecretario de Seguridad, Jorge “N”, y otros funcionarios, ya han sido detenidos y vinculados a proceso por peculado y uso indebido de atribuciones.
El caso API de Campeche: La consultoría de buceo (MXN 23.8 millones)
Esta trama involucra a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam) por un posible desfalco de MXN 23.8 millones. Se acusa la adjudicación de contratos a una empresa con un perfil incongruente. La compañía, originalmente Cozumel First Class (clases de buceo y tours), cambió su razón social a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV. Bajo este nuevo nombre, recibió al menos tres contratos millonarios para “asesoría en servicios jurídicos y fiscales” a la Apicam. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a un convenio de 2018 por MXN 12.1 millones más IVA. No existe respaldo documental de que estos servicios de alta especialización se ejecutaran.
La conexión de Alejandro Moreno se establece porque, como gobernador, presidía la Junta de Gobierno de la Apicam. El primer contrato a la empresa de buceo se entregó bajo su presidencia a principios de 2016. Cinco personas están vinculadas a proceso por este desvío, incluyendo a Alejandro “N”, extitular de la Apicam durante la gestión de Moreno.
Los contratos Mayavisión: pagos sin comprobación (MXN 14.1 millones)
La tercera línea de investigación apunta a la oficina de Comunicación Social del gobierno estatal y su relación con la televisora local Mayavisión. La acusación se centra en pagos recurrentes, que suman MXN 14.1 millones, sin respaldos documentales ni materiales que los justifiquen. No hay facturas detalladas, testigos de servicios o entregables. La fiscalía interpreta estos pagos como una “compra” disfrazada de línea editorial o un mecanismo para desviar fondos públicos.
La responsabilidad de Moreno se deriva de la línea de mando directa: la oficina de Comunicación Social dependía directamente del gobernador. Walther “N”, extitular de Comunicación Social, fue detenido y vinculado a proceso, al igual que Miguel Ángel “N”, director de Mayavisión.
El mercado Plaza Colosio: fondos públicos, beneficio privado (MXN 18.2 millones)
La cuarta trama se relaciona con la construcción del mercado de artesanías Plaza Colosio. El presunto desfalco, estimado en MXN 18.2 millones, se habría producido mediante un esquema que benefició a un particular cercano al entonces gobernador. El predio se compró a Miguel Ángel “N”, amigo de Alito Moreno (también implicado en el caso Mayavisión). Una vez construida con dinero público, los locales no fueron asignados a artesanos, sino rentados a particulares, desvirtuando el propósito original. Los fondos provenían, en parte, del Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre las nóminas del Estado de Campeche.
La operación fue ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Económico bajo el mando directo de Moreno. La compra del terreno a un amigo personal y la desviación del proyecto son los elementos para imputarle responsabilidad. Seis personas han sido vinculadas a proceso, incluyendo al empresario Miguel Ángel “N” y a José Domingo “N”, titular de Desarrollo Económico.
El conjunto de estas cuatro acusaciones dibuja un patrón de comportamiento presuntamente delictivo que se extiende a través de múltiples secretarías y organismos. La recurrencia de actores, como Miguel Ángel “N” en dos esquemas, y la diversidad de mecanismos de desvío, son presentados como prueba de una red de corrupción sistémica. El argumento central es la responsabilidad de mando de Moreno sobre los funcionarios y asociados que ejecutaron estas tramas interconectadas.
Los audios del “martes del jaguar”: ¿arma política o prueba viciada?
Paralelamente al caso legal, se libra una batalla en la opinión pública, usando grabaciones de audio atribuidas a Alejandro Moreno y difundidas por la gobernadora Layda Sansores en su programa “Martes del Jaguar”. Estos audios, aunque políticamente explosivos, enfrentan serios obstáculos para ser considerados prueba válida.
Un catálogo de controversias
Desde mayo de 2022, Sansores ha revelado periódicamente grabaciones con presuntas conductas indebidas y declaraciones controvertidas:
- Declaraciones sobre periodistas: Una grabación, atribuida a Moreno, afirma: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”. Esto generó condena, incluyendo un comunicado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En otro audio, el interlocutor nombra a periodistas nacionales como sus “brothers”, sugiriendo influencia en su cobertura.
- Financiamiento de campañas: Varias grabaciones aluden a manejos financieros irregulares. Se discute la recepción de MXN 25 millones de Cinépolis, considerada insuficiente por el interlocutor, quien sugiere que una empresa de ese tamaño debería aportar MXN 300 millones. En otra, se habla de pagos “en cash” a proveedores a través de empresas como Televisa, lo que podría ser evasión fiscal y financiamiento ilícito.
- Extorsión a proveedores: Un audio contiene una supuesta orden de Moreno a colaboradores para extorsionar a proveedores, exigiéndoles “regalar” materiales de campaña. La grabación incluye la amenaza: “Si no gano me los voy a chingar a todos”.
- Amenazas políticas: Otra grabación de alto perfil es una supuesta conversación entre Moreno y el exgobernador Manuel Velasco, discutiendo presuntas amenazas del gobierno federal (específicamente del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López) para que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica. En el audio, Moreno afirma: “Si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos”.
El atolladero legal: Admisibilidad y el fallo de la SCJN
Estos audios, aunque políticamente devastadores, tienen un estatus legal precario. Alejandro Moreno ha sostenido que las grabaciones son ilegales, editadas, manipuladas y producto de espionaje. Ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Un punto de inflexión fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2025. La Primera Sala ordenó a la gobernadora retirar de plataformas oficiales el contenido de conversaciones similares, en un amparo promovido por el senador Ricardo Monreal. La SCJN determinó que Sansores vulneró el derecho a la privacidad y al honor de los legisladores al difundir, con recursos públicos, material “cuya procedencia y licitud es cuestionada” y sin verificar su autenticidad.
Jurídicamente, la validez de una grabación como prueba en un juicio penal en México está sujeta a principios constitucionales estrictos. El artículo 16 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, exigiendo orden judicial para intervenciones. Las pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales son “prueba ilícita” y carecen de valor probatorio. La jurisprudencia mexicana es consistente: grabaciones privadas sin consentimiento o sin orden judicial no son admisibles. El fallo de la SCJN refuerza esta doctrina, sugiriendo que los audios del “Martes del Jaguar” serían inadmisibles en un proceso penal contra Moreno.
Este conflicto ha generado un debate constitucional sobre la libertad de expresión de funcionarios y el interés público de conocer actos de corrupción, frente al derecho fundamental a la privacidad. La SCJN ha inclinado la balanza hacia la privacidad, estableciendo que un gobernador no puede usar su investidura para difundir material de origen dudoso contra adversarios.
Se configura así una “guerra en dos frentes”: un caso formal ante la Cámara de Diputados con evidencia legal, y una campaña mediática a través de los audios, cuya función es crear un clima de opinión pública adverso a Moreno. Esta segunda vía busca hacer políticamente insostenible para los legisladores votar en contra del desafuero, incluso si los audios no forman parte del expediente judicial.
La red extendida: Contextualizando las acusaciones
La solicitud de desafuero por un presunto desvío de MXN 83.5 millones se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre el patrimonio, transacciones financieras y red empresarial de Alejandro Moreno y su círculo. Estas investigaciones paralelas dan contexto y posible motivo a los actos de corrupción imputados.
La red financiera de los hermanos Moreno
Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, documentadas por MCCI, han revelado una compleja red de empresas y transacciones financieras en torno a Alejandro Moreno y su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.
Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas figura como apoderado o propietario de empresas como EMC Metering Systems S.A. de C.V. y Flow Control Instrumentation S.A. de C.V., dedicadas al sector de petróleo y gas. Sus estados financieros han mostrado incongruencias, como periodos en que empresas como Flow Control Instrumentation registraron ingresos por más de MXN 85 millones sin empleados en nómina, una señal de empresas fachada.
La UIF ha rastreado transferencias millonarias desde cuentas de empresas de Emigdio Gabriel a cuentas personales de Alejandro Moreno. Una operación de MXN 4 millones fue señalada porque ocurrió mientras Alejandro Moreno era gobernador, lo que podría configurar un conflicto de interés o corrupción. Estas investigaciones sugieren un mecanismo sofisticado para triangular y blanquear fondos.
Un portafolio inmobiliario bajo la lupa
El otro gran frente de investigación se centra en el considerable patrimonio inmobiliario de Alejandro Moreno, cuyo valor aparente parece desproporcionado respecto a sus ingresos declarados.
El epicentro es una mansión en Lomas del Castillo, Campeche, valuada por Moreno en sus declaraciones patrimoniales en alrededor de MXN 9 millones. Sin embargo, investigaciones periodísticas y cateos de la Fiscalía de Campeche han revelado una residencia con lujos extravagantes, como una sala de cine privada con 18 asientos, acabados en mármol, un bar construido sobre un Cadillac clásico y una mesa de billar adaptada de un Mustang. Peritajes y estimaciones periodísticas sitúan el valor real entre MXN 130 y 300 millones, una discrepancia abismal. Esta propiedad ha sido objeto de múltiples operativos policiales.
Además, se han documentado adquisiciones de terrenos a precios muy por debajo del mercado. Un caso emblemático es la compra de un terreno de más de 39,000 metros cuadrados por solo MXN 155,000, once meses antes de asumir la gubernatura. La zona se cotiza actualmente hasta 500 veces superior, sugiriendo uso de información privilegiada o simulación. Su declaración patrimonial reporta al menos dos casas y doce terrenos, además de vehículos de lujo y cuentas bancarias.
La conexión entre la red financiera y el patrimonio inmobiliario con la solicitud de desafuero es fundamental. Si la fiscalía prueba el desvío de MXN 83.5 millones durante la gubernatura, establecería una fuente plausible para el financiamiento del estilo de vida y las adquisiciones inmobiliarias, que de otro modo parecen inexplicables. El caso de desafuero no es solo sobre una suma específica; es la pieza clave que podría conectar el presunto abuso de poder público con el enriquecimiento personal. Probar los esquemas de peculado fortalecería la acusación más amplia de enriquecimiento ilícito.
La contranarrativa: Defensa y estrategia política de Moreno
Frente a las acusaciones, Alejandro Moreno y su defensa han construido una contranarrativa robusta que busca deslegitimar el proceso, reencuadrándolo como un acto de represión política.
“Persecución política”: el eje de la defensa
El argumento central de Alejandro Moreno es que es víctima de una “persecución política brutal” orquestada desde el gobierno de Morena. Según su narrativa, el objetivo es silenciar e intimidar a un líder opositor, usando la Fiscalía de Campeche como un “garrote” político. Califica las acusaciones como una “cortina de humo” para desviar la atención de los fracasos del gobierno federal, sus escándalos y la crisis de inseguridad.
Moreno ha buscado internacionalizar el conflicto, presentando su caso ante organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ha denunciado al gobierno mexicano por crear incertidumbre jurídica, suprimir la libertad de expresión y permitir la escalada del crimen organizado, enmarcando su situación como ejemplo de deterioro democrático. Se posiciona como defensor de la democracia bajo asedio para generar presión externa y ganar legitimidad. Ha calificado al gobierno de “narcodictadura comunista”, un lenguaje polarizador.
Desafío a la evidencia y al proceso
En el frente jurídico, la defensa de Moreno se centra en desacreditar la evidencia y la legitimidad del proceso. Califica las pruebas de la nueva solicitud de desafuero como un “catálogo de tonterías y mentiras” y “puro invento”, negando categóricamente actos de corrupción.
Un pilar de su argumentación es su victoria en el primer intento de desafuero. Moreno insiste en que el fallo de un tribunal colegiado que archivó la solicitud de 2022 por pruebas ilícitas es una demostración de su inocencia y de las tácticas ilegales de sus adversarios. Sostiene que la nueva solicitud es un intento desesperado de la fiscalía por reemplazar el caso que ya “les gané en tribunales”. Al fusionar ambos procesos en su discurso, busca proyectar que la nueva acusación también está viciada.
Aliados políticos, como el diputado y exgobernador Rubén Moreira, han reforzado esta línea, argumentando que Moreno “fue acusado injustamente” y que el gobierno de Campeche está fabricando un caso para distraer de su propia crisis.
La estrategia de defensa de Moreno explota hábilmente las líneas borrosas creadas por la “guerra en dos frentes”. Al centrar la atención en los audios del “Martes del Jaguar”, la parte más mediática pero legalmente débil, siembra dudas sobre la legitimidad de todo el proceso. El fallo de la Suprema Corte, que amonestó a Layda Sansores, le ha proporcionado una poderosa herramienta para argumentar que las tácticas son ilegítimas.
Así, agrupa el expediente formal de la fiscalía con sus pruebas, junto con los audios de dudosa legalidad, presentándolos como un único paquete de “pruebas fabricadas”. Esta táctica transforma el debate, buscando un referéndum sobre la legitimidad de las acciones del gobierno y la fiscalía, en lugar de discutir los detalles de los cuatro esquemas de malversación.
Síntesis, análisis y perspectivas
El caso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas es un fenómeno complejo, que se desarrolla simultáneamente en dos planos interconectados: el legal formal y el político-mediático. El expediente de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche detalla meticulosamente cuatro presuntos esquemas de peculado y uso indebido de atribuciones, que suman un desvío de más de MXN 83 millones. Este caso, sustentado en evidencia documental y testimonios de colaboradores, busca demostrar un patrón de conducta sistémico. Desde una perspectiva técnica, parece sustantivo, aunque su avance depende de las deliberaciones y las fuerzas políticas en la Sección Instructora.
Paralelamente, la gobernadora Layda Sansores ha liderado una campaña mediática a través del “Martes del Jaguar”, utilizando grabaciones de audio que, aunque políticamente tóxicas para Moreno, tienen un estatus legal comprometido. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amonestó a Sansores por violar el derecho a la privacidad al difundir material similar, sienta un precedente que dificulta la admisión de estos audios en un tribunal penal.
La interacción entre estos dos frentes es clave: la campaña mediática crea un ambiente político que presiona a los legisladores, mientras que el expediente formal dota de legitimidad a la campaña. El desenlace del proceso de desafuero en la Cámara de Diputados será un barómetro del estado de la política mexicana. Si se aprueba, señalará el poder del partido gobernante para llevar a la justicia a figuras de alto nivel de la oposición. Si se dilata o se desecha, podría interpretarse como evidencia de que las negociaciones políticas aún prevalecen.
Independientemente del resultado, el caso ha dejado una huella indeleble. Ha forzado un debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión, el interés público y el derecho a la privacidad de los funcionarios, y ha puesto de manifiesto la tensión en el uso de las instituciones de procuración de justicia en un clima de alta polarización política. Sobre todo, ha ilustrado la compleja y a menudo turbia relación entre la evidencia judicial, la percepción mediática y la búsqueda de justicia en el México contemporáneo. ¿Será este caso un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en México, o una muestra más de la instrumentalización política del sistema judicial?
