La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio un paso crucial este 5 de agosto de 2025 al avalar por unanimidad una iniciativa presidencial clave. El objetivo es fortalecer las herramientas legales para combatir la extorsión, un delito que ha impactado profundamente al país.
Avance unánime en la Comisión
Con 37 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de la iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado por unanimidad. Este proyecto busca la creación de una Ley General que unifique la tipificación, las sanciones y los mecanismos de investigación del delito de extorsión en los tres niveles de gobierno.
Modificación constitucional clave
La iniciativa propone una modificación significativa al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional. Con esta enmienda, el término “extorsión” se incluirá explícitamente entre los rubros sobre los cuales el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar, sumándose a materias como secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, tortura y el tema electoral.
Voces a favor desde el parlamento
Diversos legisladores expresaron su respaldo a la propuesta, enfatizando la urgencia de atender este delito.
Llamado al diálogo y tarea legislativa
Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, manifestó su apoyo, señalando que la extorsión afecta a gran parte del país y es una respuesta a la demanda ciudadana. Propuso la apertura de un espacio de diálogo para la conformación de la Ley General en la materia.
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“Que podamos abrir un espacio para ir trabajando esta Ley General que se anuncia, esta ley secundaria que se anuncia, para que contenga las opiniones de los gobiernos de los estados, porque ahora sería concurrente, de los señores fiscales de las entidades, de expertos de las barras de abogados y de todos nosotros y que analicemos este fenómeno delictivo en todas sus vertientes”, propuso Moreira.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, avaló la propuesta y reconoció la magnitud de la tarea que implica su aprobación. La iniciativa permitirá expedir una Ley General con implicaciones en el tipo penal especial y en el Código Federal de Procedimientos Penales, especialmente en lo referente a la carga de prueba y la modalidad de denuncia de oficio.
“Va a permitir expedir una Ley General que debe tener implicaciones en materia de tipo penal especial, quizás, y el tema del Código Federal de Procedimientos Penales para revisar qué tipo de carga de prueba debe tener alguien que ya desde ahora se está señalando que va a ser de denuncia de oficio, entonces hay varia características que se tendrán que revisar en lo penal y procedimental y será una gran tarea, diputado Moreira y será una gran tarea en la Comisión y en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores”, indicó Godoy.
Evitar imágenes desgarradoras y perseguir de oficio
Cristina Márquez, del PAN, se pronunció a favor, destacando que la iniciativa puede contribuir a evitar que se repitan “imágenes tan desgarradoras” como la de la maestra jubilada Irma Hernández siendo acorralada por delincuentes. Subrayó que la extorsión ha dejado de ser un delito patrimonial para convertirse en uno que afecta la libertad y seguridad de las personas en todo el país.
“De ninguna manera, podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país, y que ha degenerado en la delincuencia de ser un delito patrimonial ha convertirse en un delito que afecta la libertad y la seguridad de las personas”, afirmó Márquez.
Asimismo, se plantea que la futura Ley General homologue las sanciones para quienes cometan este delito y que la extorsión sea perseguida de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima.
El impacto de la extorsión en cifras
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En la exposición de motivos del documento presidencial, el Gobierno federal subraya la necesidad de establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno. Se privilegia el uso de tecnologías y sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de este ilícito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a 2024 se registraron más de 10 mil víctimas de extorsión cada año. En 2018, se documentó un promedio de 18 mil extorsiones diarias, mientras que en enero de este 2025 fue de 29 reportes por día.
Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y nuevo León concentraron el 61 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero de 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento de los casos.
Este avance legislativo representa una respuesta contundente a la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad. Sin embargo, la verdadera efectividad de esta iniciativa dependerá no solo de su aprobación final, sino de la implementación rigurosa y coordinada de la futura Ley General. ¿Será este el inicio de una era más segura para los ciudadanos?
