Tras más de tres décadas en el servicio público, Carlos Zamarripa dejó la Fiscalía de Guanajuato envuelto en una fuerte controversia: su jubilación fue acompañada de una suma millonaria en compensaciones y una pensión que ha causado indignación.
Carlos Zamarripa, quien fue fiscal general de Guanajuato durante casi 16 años y funcionario de la institución por más de 30, se retiró en 2025 con un paquete económico difícil de ignorar: millones de pesos por concepto de liquidación, gratificaciones y una pensión vitalicia muy por encima del promedio nacional.
¿Cuánto recibió?
Al dejar su cargo, Zamarripa fue beneficiado con:
- Una liquidación de más de 4.2 millones de pesos, por sus años de servicio.
- Una gratificación especial de casi 4 millones de pesos, bajo el concepto de “fidelidad institucional”.
- Una pensión mensual de 52,000 pesos, que podría aumentar hasta los 144,000 pesos mensuales, según condiciones específicas previstas en el reglamento que él mismo modificó.
¿Quién autorizó estos beneficios?
El detalle más polémico es que varias de estas prestaciones fueron incorporadas en 2024 al reglamento interno de la Fiscalía bajo su propia gestión, mediante un programa llamado “Sistema Complementario de Seguridad Social”, que incluyó becas, seguros, apoyos funerarios y bonificaciones exclusivas para personal con más de 15 años de antigüedad.
Zamarripa fue uno de los primeros beneficiarios.
Reacciones y críticas
Diversas voces, especialmente desde el Congreso local, han señalado este caso como un ejemplo de abuso del poder para beneficio personal.
Legisladores y organizaciones civiles denunciaron el uso discrecional de recursos públicos y exigieron una revisión inmediata del marco legal que permite este tipo de gratificaciones.
Incluso el nuevo fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, anunció que ya analiza la legalidad del procedimiento con la intención de reformarlo.
¿Y el resto de los trabajadores?
Mientras Zamarripa se retira con millones, el contraste con la realidad del trabajador promedio en Guanajuato es abismal. La mayoría de empleados estatales jubilados recibe entre $8,000 y $15,000 mensuales, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos.
El caso de Carlos Zamarripa reabre un debate urgente: ¿quién regula las pensiones y gratificaciones de los altos funcionarios?, ¿es justo que quienes manejan el poder puedan también diseñar su retiro dorado?
Más allá de los montos, lo que preocupa es el precedente: una figura que reformó el sistema interno a su favor y se retiró con privilegios, mientras el resto del estado enfrenta limitaciones presupuestarias y exigencias crecientes de transparencia.
