La suspensión provisional otorgada a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, ha magnificado el extraordinario contexto de un caso que expone la simbiosis estado-crimen. A pesar de ser una medida cautelar común, su concesión a un prófugo con ficha roja de Interpol, acusado de liderar una organización criminal desde el poder, genera una percepción de impunidad. No obstante, un análisis jurídico revela que es legalmente insuficiente para impedir su arresto.
El escudo legal: entendiendo el juicio de amparo y la suspensión de una orden de aprehensión
El amparo como salvaguarda constitucional
En el sistema jurídico mexicano, el juicio de amparo representa el principal instrumento para la protección de los derechos humanos y las garantías individuales. Contemplado en los artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, funciona como un mecanismo de control constitucional. Permite a los ciudadanos impugnar leyes, actos administrativos o resoluciones judiciales que vulneren sus derechos fundamentales. Su finalidad es restituir al individuo en el pleno goce del derecho violado. Este marco legal es fundamental para comprender que la defensa de Hernán Bermúdez utiliza una herramienta esencial y legítima del ordenamiento jurídico mexicano.
La suspensión del acto reclamado: una medida cautelar
Dentro del juicio de amparo, la figura de la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar de carácter instrumental. Sus objetivos primordiales son dos: primero, preservar la materia del litigio, impidiendo que el acto de autoridad se consume de manera irreparable; y segundo, evitar que el quejoso sufra perjuicios de difícil o imposible reparación durante la tramitación del juicio. La suspensión ordena la paralización temporal de la ejecución del acto impugnado. Puede ser decretada de oficio por el juez en casos de extrema gravedad o a petición de parte, como ocurrió en el caso de Bermúdez. Su concesión no constituye una decisión sobre el fondo del asunto, sino que simplemente congela sus efectos.
El proceso de dos etapas: suspensión provisional y definitiva
La suspensión a petición de parte se tramita a través de un incidente procesal que se desarrolla en dos fases distintas:
- Suspensión provisional: Es una decisión inicial y expedita que el juez toma con la información disponible al momento de admitir la demanda de amparo. Su propósito es otorgar una protección inmediata y temporal al quejoso. Al concederla, el juez fija una fecha para la celebración de una “audiencia incidental”, que por ley debe ocurrir en un plazo de cinco días. En el caso que nos ocupa, un juez federal concedió a Hernán Bermúdez la suspensión provisional el 21 de abril de 2025, tras el pago de una garantía de 16,000 pesos mexicanos.
- Suspensión definitiva: Es una resolución más ponderada que el juez emite después de celebrar la audiencia incidental, en la cual ha recibido el informe de las autoridades responsables y las pruebas de las partes. Si se concede, sus efectos se mantienen vigentes durante toda la tramitación del juicio de amparo principal. La audiencia para resolver sobre la suspensión definitiva de Bermúdez, originalmente programada para julio, fue aplazada, extendiendo así la vigencia de la medida provisional.
Los límites de la protección: la prisión preventiva oficiosa
Este es el punto jurídico crucial del caso. El poder de la suspensión no es absoluto. La constitución y la ley de amparo establecen límites claros, especialmente cuando se trata de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, detención obligatoria sin derecho a fianza durante el proceso. Bermúdez enfrenta una orden de aprehensión por delitos como asociación delictuosa, extorsión y, de manera determinante, secuestro. El delito de secuestro está explícitamente incluido en el catálogo de crímenes que conllevan prisión preventiva oficiosa.
Esto tiene una consecuencia legal ineludible: la suspensión otorgada a Bermúdez no impide que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en su contra. Su único efecto, en caso de ser detenido, es que el imputado quede a disposición del juez de amparo en lo que respecta a su libertad personal, y no a la del juez que libró la orden de captura, mientras se resuelve el juicio de fondo. Por lo tanto, a pesar del titular mediático de “suspensión concedida”, la realidad jurídica es que las autoridades federales y estatales conservan plenamente la facultad de arrestarlo. La medida cautelar, aunque representa una victoria procesal para su defensa, es legalmente insuficiente para evitar su captura y encarcelamiento preventivo.
Perfil del acusado: ascenso y caída de Hernán Bermúdez Requena
Una carrera en las sombras del poder (1990-2024)
La trayectoria de Hernán Bermúdez Requena, licenciado en derecho, es un estudio sobre la persistencia de las estructuras de poder fáctico dentro del aparato de seguridad mexicano. Demostró una notable capacidad para perdurar a través de distintas administraciones y partidos políticos. Su carrera en el sector público de Tabasco comenzó en la década de 1990, consolidándose como un operador clave en el ámbito de la seguridad y el sistema penitenciario.
Su carrera tomó relevancia durante los gobiernos priistas. Ocupó cargos bajo la administración de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994) y fungió como director del centro de readaptación social del estado de Tabasco (ceres) entre 1995 y 1997, durante el mandato del gobernador Roberto Madrazo Pintado.
Lejos de ser marginado por los cambios políticos, continuó ocupando puestos de influencia. Fue subsecretario de prevención, readaptación social y protección civil de 2001 a 2005. Un hecho revelador de su capacidad para sortear la justicia es que en 2006 fue detenido por su presunta implicación en la ejecución de un ganadero, un incidente que, sin embargo, no truncó su carrera en el servicio público.
Con la llegada de Morena al poder en Tabasco, Bermúdez no solo sobrevivió, sino que alcanzó la cúspide de su carrera. En 2019 fue nombrado director de la policía de investigación de la fiscalía general del estado, y el 11 de diciembre de ese mismo año, el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández lo designó como titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana (sspc) del estado. Incluso después de que Adán Augusto dejara la gubernatura para convertirse en secretario de gobernación federal, Bermúdez fue ratificado en su cargo por el gobernador interino, Carlos Manuel Merino Campos. Esta longevidad a través de regímenes políticos antagónicos sugiere que su valor no residía en su lealtad ideológica, sino en su control operativo de las redes de seguridad y, presuntamente, de las estructuras ilícitas del estado.
La renuncia y la fuga (2024-2025)
Los últimos meses de Bermúdez en el cargo estuvieron marcados por una escalada de violencia. En diciembre de 2023, su propio domicilio fue objeto de un ataque por parte de un comando armado. Semanas después, una ola de violencia con asaltos e incendios de comercios sacudió la capital, Villahermosa. En medio de esta crisis, el 5 de enero de 2024, Bermúdez presentó su renuncia al cargo. Pocos días después, el 26 de enero de 2024, abandonó el país, según informes de inteligencia militar, a través de la península de Yucatán con destino a Panamá. Actualmente es considerado prófugo de la justicia y se cree que su última ubicación conocida es Brasil.
El estatus legal del prófugo
La situación jurídica de Hernán Bermúdez es inequívoca. Sobre él pesa una orden de aprehensión emitida en febrero de 2025 por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. A raíz de esta orden y su fuga del país, la organización internacional de policía criminal (Interpol) emitió una ficha roja, activando una solicitud de localización y captura en más de 190 países miembros. En un movimiento que sugiere un intento de ocultar la magnitud de su patrimonio, Bermúdez clasificó su declaración patrimonial y de intereses por un periodo de cinco años, hasta 2029, argumentando “riesgos para su vida”.
Anatomía de una empresa criminal: “La Barredora”
Una génesis atípica: el estado como fundador
“La barredora” de Tabasco no se ajusta al modelo tradicional de un cártel del narcotráfico que corrompe gradualmente a las instituciones del estado. Por el contrario, análisis de inteligencia y periodísticos la describen como una estructura criminal con un origen “invertido”. Fue presuntamente fundada y dirigida desde su cúpula por políticos y altos mandos de las corporaciones de seguridad, quienes posteriormente reclutaron a operadores criminales para ejecutar sus actividades ilícitas. A diferencia de cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación (cjng), “la barredora” carecía de un líder visible proveniente del mundo del hampa; su liderazgo, según los informes, era de carácter político e institucional. Este modelo representa una forma más avanzada y peligrosa de simbiosis estado-crimen, donde no es el estado el que es cooptado, sino que son elementos del propio estado los que activamente crean, dirigen y protegen una empresa criminal para obtener beneficios económicos y ejercer control territorial.
El portafolio criminal: violencia e intereses diversificados
Las actividades de “la barredora” eran variadas y abarcaban un amplio espectro de delitos de alto impacto, reflejando una estrategia de diversificación de ingresos.
- Actividades principales: Su portafolio incluía el robo de combustible (conocido como huachicol), la extorsión a comercios y empresas, el tráfico de personas (especialmente migrantes), el secuestro y el narcotráfico a nivel local y regional.
- Alcance geográfico: Aunque su principal centro de operaciones era Tabasco, con fuerte presencia en municipios clave para la industria petrolera como Huimanguillo, Cárdenas y Comalcalco, su influencia se extendía al sur de Veracruz, partes de Chiapas e incluso realizaba operaciones en estados como Puebla.
- Modus operandi: El grupo era conocido por su extrema violencia. Informes señalan que adoptaron las tácticas de sus socios del cjng, utilizando métodos como decapitaciones y el abandono de cuerpos en lugares públicos para sembrar el terror y eliminar a grupos rivales. El propio nombre, “la barredora”, evoca una intención de “limpiar” el territorio de competidores para asegurar su monopolio criminal.
Liderazgo y red operativa
Los informes de inteligencia, particularmente los filtrados por el colectivo Guacamaya, han permitido trazar un organigrama de la organización:
- Líder supremo: En la cúspide de la estructura se identifica a Hernán Bermúdez Requena, conocido con el alias de “Comandante H“.
- Lugartenientes clave: Debajo de él se encontraban otros altos funcionarios, como José del Carmen Castillo, entonces comisionado de la policía estatal; Leonardo Arturo Leyva, director general de la misma corporación; y Carlos Tomás “N”, abogado de Bermúdez y señalado como uno de sus principales operadores financieros, quien ya fue detenido y vinculado a proceso por otros delitos.
- Líderes operativos: En el nivel de la calle, la organización contaba con jefes de plaza y sicarios como Francisco Javier “N”, alias “El Guasón” (un expolicía, también ya detenido), y otros conocidos por apodos como “El Tomasín” o “El Calimba“, quienes se encargaban de ejecutar las operaciones violentas y la logística delictiva.
Esta estructura jerárquica, que combinaba el poder institucional en la cúpula con la capacidad operativa criminal en la base, es lo que le confirió a “la barredora” su formidable poder en la región.
El nexo entre crimen y estado: la evidencia de los guacamaya leaks
Las advertencias desatendidas: cronología de una inteligencia ignorada
El elemento más contundente del caso contra Hernán Bermúdez no proviene de testimonios recientes, sino de un cúmulo de informes de inteligencia militar que datan de varios años atrás. Las filtraciones del colectivo Guacamaya en 2022 sacaron a la luz documentos clasificados de la secretaría de la defensa nacional (sedena) que demuestran que el gobierno federal tenía conocimiento detallado de las presuntas actividades criminales de Bermúdez mucho antes de que se tomara cualquier acción legal en su contra.
La cronología de estos informes, contrastada con la inacción oficial, dibuja un patrón de posible encubrimiento o negligencia grave. A finales de 2019, los primeros informes de la sedena que vinculaban a Bermúdez con actividades ilícitas surgieron en noviembre y diciembre. Un documento de la 30ª zona militar en Tabasco solicitaba autorización para intervenir sus comunicaciones telefónicas justo en el momento en que estaba siendo nombrado secretario de seguridad por el gobernador Adán Augusto López. Durante 2021 y 2022, la sedena y el centro regional de fusión de inteligencia (cerfi) sureste produjeron una serie de documentos clasificados que no solo identificaban a Bermúdez como el “comandante h”, sino que también mapeaban su red de colaboradores. Un organigrama fechado el 1 de febrero de 2022 es explícito al colocar a Bermúdez en la cima de la estructura criminal.
En octubre de 2022, los “Guacamaya leaks” hicieron pública esta información. A pesar de la revelación masiva, Bermúdez permaneció en su cargo durante 15 meses más, hasta su renuncia el 5 de enero de 2024, en medio de una crisis de violencia. El 26 de enero de 2024, Bermúdez huyó de México. Finalmente, en febrero de 2025, la fiscalía de Tabasco y el poder judicial emitieron una orden de aprehensión en su contra. En abril de 2025, Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda y captura internacional.
Este desfase entre el conocimiento oficial y la acción judicial es el corazón del escándalo. La pregunta central no es qué se sabía, sino por qué esa información fue ignorada durante tanto tiempo en los más altos niveles de gobierno. El hecho de que ni siquiera la exposición pública de los informes de inteligencia militar fuera suficiente para provocar su destitución inmediata refuerza la hipótesis de que gozaba de una protección política excepcionalmente robusta.
Lucrando con proyectos nacionales: la conexión del tren maya
La audacia de la red criminal liderada por Bermúdez llegó al punto de intentar integrarse y beneficiarse de uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del gobierno federal: el tren maya. Las conversaciones interceptadas por la sedena revelaron un plan sistemático para lucrar con la obra.
La organización planeaba abastecer a las empresas constructoras del tren con hasta 180,000 litros semanales de diésel robado (huachicol), traficado desde Estados Unidos y desembarcado en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Adicionalmente, miembros del grupo discutieron planes para rentar al gobierno federal terrenos de su propiedad a precios inflados para el paso de la vía férrea, esperando recibir hasta 700,000 pesos mensuales por hectárea. Estas operaciones se veían facilitadas por un nexo familiar directo. Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez, fue funcionario del fondo nacional de fomento al turismo (fonatur) y supervisor de los tramos 4 y 5 del tren maya, precisamente las zonas de interés para la red criminal. Bermúdez Arreola fue destituido de su cargo a finales de 2021 en medio de acusaciones de corrupción. Esta infiltración en un proyecto de seguridad nacional demuestra el nivel de sofisticación y penetración institucional de la red.
Diseccionando el amparo 249/2025: una estrategia legal al descubierto
La táctica de tijuana: el “forum shopping” como estrategia
La estrategia legal de la defensa de Hernán Bermúdez revela un cálculo meticuloso. La decisión de presentar la demanda de amparo (expediente 249/2025) ante el juzgado decimosegundo de distrito en Tijuana, Baja California, es un ejemplo clásico de lo que en la jerga legal se conoce como *forum shopping* o “compra de fuero”. Al elegir un tribunal ubicado a miles de kilómetros de Tabasco, la defensa logra varios objetivos tácticos. Principalmente, complica la logística para las autoridades ministeriales de Tabasco, lo que inherentemente ralentiza el proceso y aumenta la probabilidad de que se cometan errores procesales. No se trata de una elección al azar, sino de una maniobra deliberada para introducir fricción y distancia en el engranaje judicial.
El fallo provisional y el aplazamiento: comprando tiempo
La cronología del amparo también es reveladora. La demanda fue presentada el 18 de abril de 2025, más de dos meses después de que se emitiera la orden de aprehensión en febrero. Esto sugiere una respuesta calculada. La suspensión provisional fue concedida rápidamente, el 21 de abril. Sin embargo, el movimiento más significativo fue el aplazamiento de la audiencia incidental, donde debía resolverse la suspensión definitiva. Dicha audiencia fue pospuesta hasta agosto de 2025 (las fuentes varían entre el 1 y el 20 de agosto).
Este aplazamiento es una victoria táctica crucial para la defensa. No solo extiende la vigencia de la protección provisional, sino que, lo que es más importante, le compra al prófugo el recurso más valioso: el tiempo. Cada día que pasa con el proceso judicial estancado es un día más que Bermúdez permanece en libertad. Este tiempo puede ser utilizado para que el contexto político cambie, para que las pruebas se debiliten, para que los testigos reconsideren su cooperación o para negociar tras bambalinas un desenlace más favorable. El amparo, por lo tanto, funciona menos como un escudo legal impenetrable y más como una inversión estratégica en tiempo y obstrucción.
El “polvorín” político: conflicto intrapartidista y la respuesta federal
La sombra sobre adán augusto lópez: responsabilidad política vs. criminal
El escándalo ha colocado al senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de gobernación, en el epicentro de una tormenta política. Como la persona que nombró a Bermúdez en el cargo de seguridad más importante del estado, su juicio político está en entredicho. La comparación del caso con el de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad federal condenado en estados unidos, se ha vuelto inevitable, calificándolo como un “mini García Luna” de Tabasco.
Es fundamental distinguir entre dos niveles de responsabilidad. La responsabilidad política, derivada de haber nombrado, sostenido y fallado en supervisar a un subordinado que resultó ser un presunto líder criminal, es innegable y políticamente devastadora. Adán Augusto ha intentado defenderse argumentando los logros en seguridad de su gobierno. Sin embargo, la responsabilidad penal, que implicaría una complicidad activa y consciente en las actividades de “la barredora”, es una acusación de otra magnitud. Aunque hasta ahora no hay evidencia pública que lo implique penalmente, la proximidad y el sostenimiento de Bermúdez a pesar de las múltiples alertas de inteligencia han dejado una sombra de sospecha que erosiona su capital político.
La guerra civil de morena en tabasco
El caso Bermúdez no estalló por la acción de la oposición o de la prensa, sino que fue detonado por “fuego amigo”. La evidencia sugiere que el escándalo fue destapado y empujado a la arena nacional por la facción de Morena que actualmente gobierna Tabasco, encabezada por el gobernador Javier May, quien es visto como un rival político del grupo de Adán Augusto López. Fue May quien, en actos públicos, comenzó a señalar veladamente a los responsables de la red criminal, llegando a preguntar a la multitud si sabían quién era el líder de “la barredora”, a lo que la gente supuestamente respondía “el h”.
Este conflicto entre “tribus” de Morena en su propio estado cuna fue el catalizador que finalmente superó la coraza de protección política que Bermúdez había disfrutado durante años. El escándalo se convirtió en el arma principal en una batalla por el control político de Tabasco y por la influencia dentro del partido a nivel nacional. La información que la sedena poseía desde 2019 solo se convirtió en una orden de aprehensión en 2025 cuando el cálculo político cambió y la protección de Bermúdez se volvió insostenible para sus antiguos patrones.
El acto de equilibrio de la administración sheinbaum
La respuesta del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un delicado acto de equilibrio. Por un lado, para mantener la credibilidad de su discurso anticorrupción, ha prometido “cero impunidad” y ha asegurado que se colaborará plenamente con las fiscalías para la captura de Bermúdez. Por otro lado, la presidenta ha declarado explícitamente que Adán Augusto López no está siendo investigado, una afirmación que ha sido interpretada por los críticos como un intento de proteger a una de las figuras más poderosas del partido.
La administración camina sobre una cuerda floja. Debe proyectar una imagen de firmeza contra la corrupción para satisfacer a la opinión pública y cumplir sus promesas de campaña. Al mismo tiempo, no puede permitirse una fractura interna que aliene a un actor tan influyente como Adán Augusto, quien lidera la bancada de Morena en el senado y controla importantes redes de poder. Este manejo cuidadoso revela las profundas complejidades de combatir la corrupción cuando esta involucra a las élites del propio partido gobernante.
Conclusiones y perspectivas estratégicas
Síntesis de los hallazgos
El análisis de este caso conduce a varias conclusiones interconectadas. Primero, la suspensión provisional obtenida por Hernán Bermúdez es un evento jurídico menor, cuya importancia ha sido magnificada por el extraordinario contexto político y criminal, pero que legalmente no impide su arresto. Segundo, el caso se define por un lapso de casi cinco años entre el momento en que las más altas instancias de seguridad del estado tuvieron conocimiento detallado de la red criminal y el momento en que se actuó judicialmente; este retraso solo puede atribuirse a una red de protección política de alto nivel. Tercero, dicha protección fue finalmente desmantelada no por la fuerza de la evidencia, sino por el estallido de una pugna de poder interna dentro del partido gobernante, Morena. Finalmente, el caso Bermúdez es un ejemplo de libro de texto de una simbiosis estado-crimen, donde el aparato de seguridad pública no es corrompido por el crimen organizado, sino que se convierte en el fundador y director de la empresa criminal. Esto representa un desafío sistémico para el estado de derecho en México y para la credibilidad del discurso de transformación del actual gobierno.
Acontecimientos críticos a monitorear
El desarrollo futuro de este caso dependerá de varios factores clave que deben ser monitoreados de cerca:
- El resultado de la audiencia de suspensión definitiva en agosto de 2025, que determinará si la protección cautelar se mantiene durante todo el juicio de amparo.
- Cualquier avance de Interpol y las autoridades federales en la búsqueda internacional. La captura de Bermúdez es el evento que podría cambiar drásticamente el curso del caso.
- La información que Bermúdez podría revelar si es capturado. Como presunto líder de la red, su testimonio podría implicar a niveles superiores de la estructura política que lo protegió.
- El destino político de Adán Augusto López y la resolución de la lucha de poder dentro de Morena en Tabasco, que determinará si hay consecuencias políticas duraderas para los implicados.
Implicaciones estratégicas
El “caso Bermúdez” servirá como un barómetro para medir el compromiso real de la administración Sheinbaum con el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad que operan desde el estado. Pondrá a prueba la integridad y la autonomía del poder judicial al enfrentarse a un caso políticamente explosivo. Para observadores internacionales e inversionistas, el asunto es un crudo recordatorio de los profundos riesgos de gobernanza y seguridad que persisten en México. La forma en que se resuelva este “polvorín” tendrá implicaciones duraderas para el panorama político, la lucha contra la corrupción y la confianza pública en las instituciones de México.