El asunto ‘Comandante H’ ha desatado una crisis en Tabasco. Las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad, lo vinculan al crimen organizado. Su patrocinador, el senador Adán Augusto López Hernández, niega saberlo, a pesar de informes de inteligencia federal que detallan la presunta operación criminal de Bermúdez desde el estado.
Perfiles en la tormenta política: el fugitivo y su patrón
Para comprender la magnitud del escándalo, es imperativo analizar los perfiles de los dos actores centrales: Hernán Bermúdez Requena, el exjefe de seguridad fugitivo, y Adán Augusto López Hernández, el senador y exgobernador que lo nombró. Sus trayectorias y declaraciones establecen el marco para la evaluación de la evidencia y las repercusiones políticas.
Hernán Bermúdez Requena: trayectoria de un “narco-funcionario”
La figura de Hernán Bermúdez Requena es la de un veterano del aparato de seguridad de Tabasco, con una carrera de más de tres décadas. Ocupó cargos clave como director de seguridad pública (1992-1994) y director del penal estatal (1995-1997). Entre 2001 y 2005, fue subsecretario de prevención, readaptación social y protección civil. Esta extensa trayectoria le confirió una profunda comprensión del funcionamiento interno de las fuerzas del orden y le permitió forjar relaciones duraderas, incluyendo una conexión con Adán Augusto López.
El 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador Adán Augusto López lo designó titular de la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco. Casi en paralelo, informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), revelados por los “Guacamaya Leaks”, lo identificaban como “Comandante H” y presunto líder de “La Barredora”.
Las autoridades identifican a “La Barredora” como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las actividades delictivas atribuidas al grupo bajo la supuesta protección de Bermúdez incluyen robo de combustible, extorsión a comercios, narcotráfico y tráfico de personas. Su influencia se extendía por municipios clave de Tabasco como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalcal y Paraíso.
Durante su gestión, Bermúdez negó la presencia de cárteles en Tabasco, calificándolos de “bandas” y tachando las acusaciones como “difamaciones”. Esta narrativa se derrumbó a finales de 2023 y principios de 2024, con una ola de violencia en Villahermosa, incluyendo un ataque a su domicilio en diciembre de 2023.
El 5 de enero de 2024, Hernán Bermúdez presentó su renuncia. Autoridades federales confirmaron que abandonó México el 26 de enero de 2024, el mismo mes en que se intensificaron las investigaciones. Actualmente es prófugo de la justicia, con una ficha roja de Interpol vigente en 196 países.
Adán Augusto López: una defensa de negación plausible
Frente a las revelaciones sobre su excolaborador, la defensa del senador Adán Augusto López se ha construido sobre la negación absoluta.
El eje de su postura es la afirmación de que “nunca sospechó” de las actividades ilícitas de Bermúdez. Ha insistido en que la primera vez que escuchó sobre “La Barredora” fue como secretario de gobernación en la Ciudad de México, no durante su mandato como gobernador de Tabasco.
López ha enmarcado el escándalo como un acto de “politiquería” orquestado por sus adversarios. Argumenta que es una campaña de desprestigio para dañar su imagen y la del movimiento de Morena.
Un pilar de su defensa ha sido el uso de cifras oficiales de seguridad. López ha destacado que, durante su periodo como gobernador (de enero de 2019 a agosto de 2021), los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión experimentaron una reducción.
Aunque niega conocimiento criminal, López no niega su relación profesional con Bermúdez. Ha reconocido conocerlo hace muchos años y reunirse con él diariamente en las mesas de seguridad. Se niega a “prejuzgar” y esperará a que las autoridades investiguen.
La yuxtaposición de estos perfiles revela la dinámica central del escándalo: un funcionario de seguridad presuntamente cooptado por el crimen, y su patrón político atrincherado en la negación. La pregunta fundamental es si un gobernador, responsable de la seguridad de su estado, podía ignorar que su jefe de policía era, según la inteligencia de su gobierno, un capo del narco.
Las advertencias ignoradas: deconstruyendo los Guacamaya Leaks
La principal evidencia que socava la defensa de Adán Augusto López proviene de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) filtrados por el colectivo Guacamaya.
Inteligencia registrada: lo que el ejército sabía y cuándo
La información de la SEDENA sobre Bermúdez fue resultado de un seguimiento de inteligencia que se extendió por años.
La vigilancia militar comenzó casi con su gestión como secretario. El primer informe público, del 31 de diciembre de 2019, veinte días después de su nombramiento, ya lo situaba en el radar. Otros informes de la SEDENA de 2019 alertaban sobre “corrupción de autoridades” en Tabasco. Algunas fuentes periodísticas, citando a consultores de seguridad, afirman que en 2018, antes de su nombramiento, Bermúdez ya figuraba como “persona de interés” en bases de datos federales.
Para 2021-2022, la inteligencia militar había pasado a acusaciones específicas:
- Alianzas con el CJNG: Un documento del 1 de julio de 2021 detalla cómo un sujeto apodado “El Carnal” y/o “Coco” asumió el mando de células del CJNG en Tabasco, estableciendo alianzas directas con Bermúdez Requena.
- Red de huachicol: Un informe de febrero de 2021 del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI) describía una red de robo de hidrocarburos que implicaba a personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con contactos en la Guardia Nacional y la entonces SEIDO.
- Liderazgo de “La Barredora”: El informe de agosto de 2022, “Actividad Delictiva en Tabasco”, posiciona explícitamente a “El H” (Hernán Bermúdez) como líder de “La Barredora”. Lo nombra junto a José del Carmen Castillo (comisionado de la Policía Estatal) y Leonardo Arturo Leyva (director general de la misma corporación).
- Órdenes criminales y protección: Un informe del CERFI indica que el asesinato de un líder criminal rival conocido como “Kalimba” habría sido ordenado por “El H”. Los documentos revelan que Bermúdez estaba vinculado con Benjamín Mollinedo Montiel, alias “Pantera”, otro líder de “La Barredora”.
Los “Guacamaya Leaks” también contienen evidencia de colusión operativa:
- Fugas de información: Un reporte del 28 de mayo de 2021 sobre el caso “Sorullo” registra una comunicación interceptada en la que un operador criminal instruye a “Pantera” a resguardarse, advirtiéndole de un operativo inminente de la Marina, por orden “del jefe”, presuntamente Bermúdez.
- Negociación de sobornos: Una llamada interceptada de finales de 2019, recogida por el Ejército, detalla una negociación donde “Pantera” informa que recibió una llamada de “El H” y que “el trato es que mande medio kilo” (500,000 pesos) para la liberación de tres detenidos.
Estos hallazgos clave de inteligencia, registrados entre 2019 y 2022, incluyen:
- 31 de diciembre de 2019: SEDENA (Clasificado “Secreto”) emite “Ampliación de información Caso Playas”, poniendo a Hernán Bermúdez Requena en el radar.
- Finales de 2019: SEDENA intercepta una llamada donde “El H” (Bermúdez) presuntamente negocia un soborno de $500,000 MXN.
- Febrero de 2021: CERFI-Sureste detalla una red de robo de hidrocarburos en Tabasco que involucra a personal de la Fiscalía y contactos en la Guardia Nacional y la SEIDO.
- 1 de julio de 2021: SEDENA (análisis de inteligencia) reporta alianzas entre Bermúdez y el nuevo líder de células del CJNG en Tabasco, alias “El Carnal”.
- 28 de mayo de 2021: SEDENA (Reporte caso “Sorullo”) intercepta una comunicación donde, por órdenes de “el jefe” (Bermúdez), se alerta a un líder criminal sobre un operativo de la Marina.
- Agosto de 2022: CERFI-Sureste posiciona explícitamente a “El H” (Bermúdez) como líder de “La Barredora” y lo implica en la orden de asesinar a un rival.
La brecha de credibilidad: ceguera deliberada frente a falla sistémica
La existencia de este cuerpo de inteligencia crea una profunda brecha en la defensa de Adán Augusto López. Esto conduce a dos escenarios posibles:
Escenario A: Ceguera deliberada y complicidad. Plantea que Adán Augusto López, como gobernador y presidente de las mesas de seguridad diarias, fue informado de las acusaciones contra su secretario de seguridad. Su decisión de mantener a Bermúdez en el cargo no fue por ignorancia, sino una elección consciente, ya sea por lealtad personal o participación directa en el esquema de corrupción.
Escenario B: Falla sistémica catastrófica. Este escenario plantea que la inteligencia militar, a pesar de su gravedad, nunca fue compartida formalmente con el gobernador. Esto sería una falla sistémica en la arquitectura del Sistema Nacional de Seguridad, debido a desconfianza entre instituciones o al operar las Fuerzas Armadas en un silo de información.
Independientemente del escenario, la conclusión es que el caso Bermúdez revela una crisis profunda. O es un caso de narcopolítica al más alto nivel, encubierto por una figura nacional, o el sistema de seguridad e inteligencia de México está fracturado.
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El campo de batalla político: reacciones y maniobras estratégicas
El escándalo del “Comandante H” trascendió a la esfera judicial para convertirse en un intenso campo de batalla político. Las reacciones reflejan las estrategias de los principales actores: Morena, la oposición y la Presidencia de la República.
El control de daños de Morena: la doble estrategia de protección y castigo
Morena ha desplegado una estrategia dual: sacrificar al funcionario caído para proyectar una imagen de intolerancia a la corrupción, y proteger a Adán Augusto López.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento sancionador contra Hernán Bermúdez, suspendiendo sus derechos partidarios, paso previo a su expulsión. Al tomar esta medida pública, Morena busca distanciarse del acusado.
En contraste, la postura hacia Adán Augusto López ha sido de defensa. La bancada de Morena en el Senado, que él coordina, expresó su “firme respaldo político, institucional y humano”, elogiando su “honorabilidad”. Calificaron las acusaciones como “golpeo mediático orquestado”. Figuras clave como Luisa María Alcalde y Gerardo Fernández Noroña han reforzado este mensaje, insistiendo en que no hay investigaciones contra López.
Para cohesionar esta estrategia, Morena ha recurrido a su narrativa de “cero impunidad” y la afirmación de que “no somos iguales”. Tanto la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, han repetido que las investigaciones llegarán “tope donde tope” y que “no hay protegidos”.
La ofensiva de la oposición: capitalizando la crisis
Para los partidos de oposición, el caso Bermúdez representa una oportunidad para atacar a Morena.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha asumido el liderazgo de la ofensiva. Sus dirigentes, como Jorge Romero, y voceros, como Jorge Triana y el diputado Federico Döring, han exigido que Adán Augusto López solicite licencia a su cargo de senador. Han anunciado una denuncia legal contra López y la solicitud de una comisión especial de investigación en el Congreso.
La herramienta retórica más potente ha sido la comparación del caso Bermúdez-López con el de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. Al acuñar el término “el García Luna de Tabasco” o “García Luna 2.0”, la oposición acusa a Morena de la misma conducta y busca despojarlo de su autoridad moral.
El funambulismo presidencial: la respuesta calculada de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una posición delicada, obligada a equilibrar la lealtad partidista con las exigencias de gobernabilidad.
Sheinbaum debe proteger la imagen de su administración. Adán Augusto López es una figura crucial. Una ruptura podría generar una fractura peligrosa dentro de Morena.
La respuesta de la presidenta ha sido multifacética. Ha defendido a López de lo que califica como “linchamiento mediático”, subrayando que no existe una investigación formal de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra. Sin embargo, ha ejercido presión pública sobre el senador, afirmando que sería “pertinente” que López ofreciera su versión de los hechos.
La estrategia principal de Sheinbaum ha sido deferir a las instituciones de justicia. Ha reiterado que la FGR y la Fiscalía de Tabasco tienen carpetas de investigación activas contra Hernán Bermúdez, y a ellas les corresponde determinar responsabilidades.
En conjunto, estas reacciones demuestran que el caso Bermúdez se ha convertido en un catalizador para una lucha de narrativas. La gestión de la presidenta Sheinbaum de este, su primer gran escándalo de corrupción interna, sentará un precedente crucial sobre la rendición de cuentas en su administración.
El contexto de Tabasco: un estado bajo asedio
Para evaluar las afirmaciones políticas, es indispensable anclar el escándalo en la realidad de seguridad en Tabasco. La narrativa de éxito de Adán Augusto López choca con los datos de victimización y percepción ciudadana.
Realidades contrapuestas: estadísticas oficiales frente a percepción pública
El debate sobre la seguridad en Tabasco se libra en dos planos: las cifras de delitos denunciados y la experiencia cotidiana de la población.
La defensa de Adán Augusto López se apoya en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Él y funcionarios federales, como el general Luis Crescencio Sandoval, han señalado que durante su gubernatura (2019-2021) y años posteriores, Tabasco mostró una tendencia a la baja en delitos de alto impacto. Sandoval presentó gráficas que indicaban que, entre 2018 y 2023, delitos como secuestro, robo a casa habitación y extorsión habían disminuido.
Esta narrativa se desmorona al confrontarla con la “cifra negra” de la criminalidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que en Tabasco la “cifra negra” para 2023 fue del 94.1%. Esto significa que menos del 6% de los crímenes son denunciados. Un descenso en denuncias no significa descenso en criminalidad; puede reflejar una ciudadanía que ha perdido fe en las autoridades.
La experiencia subjetiva de los tabasqueños corrobora esta visión. La misma encuesta del INEGI muestra que un abrumador 84.8% de la población mayor de 18 años en Tabasco consideraba que vivir en la entidad era inseguro en 2023. La inseguridad es la principal preocupación, señalada por el 60.4% de los encuestados.
Aunque la narrativa oficial habla de descensos, un análisis detallado revela aumentos en delitos asociados con el control territorial del crimen. La ENVIPE 2023 (con datos de 2022) ya mostraba una tasa de extorsión muy elevada en Tabasco, estimada en 6,376 casos por cada 100,000 habitantes. Reportes de principios de 2025 señalaron un alarmante repunte en los asesinatos, con un crecimiento de más del 200%. Este patrón sugiere una “pax mafiosa”, donde un grupo criminal dominante reduce la violencia caótica pero la reemplaza con violencia sistémica y control territorial.
Los indicadores clave de seguridad en Tabasco (2019-2024) son:
- Tasa de Incidencia Delictiva (ENVIPE, por 100k hab.): 2019: 32,148; 2020: 35,677; 2021: 35,448; 2022: 30,798; 2023: 38,004.
- Tasa de Homicidios (SESNSP, por 100k hab.): 2019: 17.1; 2020: 16.9; 2021: 15.8; 2022: 14.5; 2023: 19.3.
- Tasa de Extorsión (SESNSP, por 100k hab.): 2019: 9.4; 2020: 11.2; 2021: 10.1; 2022: 8.5; 2023: 10.9.
- Percepción de Inseguridad (ENVIPE, %): 2019: 89.5%; 2020: 87.2%; 2021: 86.0%; 2022: 84.1%; 2023: 84.8%.
- Cifra Negra (ENVIPE, %): 2019: 93.3%; 2020: 92.8%; 2021: 92.8%; 2022: 93.5%; 2023: 94.1%.
La tabla ilustra la paradoja: mientras las tasas oficiales de algunos delitos mostraban cierta estabilidad, la percepción de inseguridad se mantuvo alta y la cifra negra aumentó. Este divorcio entre estadística oficial y realidad ciudadana es el contexto crucial del nombramiento y la gestión de Hernán Bermúdez, y de la defensa de su patrocinador.
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Implicaciones estratégicas y conclusión
El escándalo del “Comandante H” es una crisis institucional que expone las debilidades estructurales del Estado mexicano.
El “efecto García Luna”: la rendición de cuentas en la era de Morena
La comparación del caso Bermúdez-López con el de García Luna-Calderón, aunque política, toca el núcleo del problema: la presunta cooptación de la seguridad estatal por el crimen organizado. La diferencia fundamental es que el juicio de García Luna ocurrió en Estados Unidos, permitiendo al gobierno de Morena criticar la corrupción del pasado. El caso Bermúdez se desarrolla en México y bajo un gobierno de Morena.
Esto presenta una prueba crítica para el sistema de justicia mexicano y para el discurso de la “Cuarta Transformación”. La pregunta es si el sistema es capaz de investigar y procesar a una de las figuras más poderosas del propio partido gobernante. Un fracaso o la percepción de un encubrimiento dañaría severamente la credibilidad del proyecto de Morena.
La resiliencia de las estructuras narco-estatales
El caso de Tabasco es un recordatorio de la profunda raigambre y la capacidad de adaptación de las redes narcopolíticas en México. Demuestra que estas estructuras simbióticas no son exclusivas de un partido. El hecho de que un secretario de seguridad pudiera operar como líder de una célula de un cártel durante años, a pesar de las advertencias, ilustra la alarmante resiliencia de estos esquemas de corrupción.
Esto desafía la narrativa gubernamental de haber marcado una ruptura. Sugiere que las estructuras criminales persisten, negocian y se adaptan a los cambios de administración. El caso Bermúdez no sería una anomalía, sino un síntoma de una patología crónica del Estado mexicano, donde segmentos del aparato de seguridad son capturados.
El futuro de Adán Augusto López y las dinámicas internas de Morena
Independientemente del resultado legal, el escándalo ya ha infligido daño político a Adán Augusto López. La mancha de haber nombrado y defendido a un “narco-funcionario” amenaza con mermar su capital político y autoridad moral.
Este debilitamiento podría alterar el delicado equilibrio de poder dentro de Morena. El declive de la influencia de López podría fortalecer a otros grupos, como el del actual gobernador de Tabasco, Javier May, con quien López mantiene una tensión política.
Una crisis de impunidad y una prueba de gobernanza
En conclusión, el asunto del “Comandante H” es más que un escándalo político; es la manifestación de una crisis institucional que expone las debilidades estructurales del Estado mexicano. La pregunta más profunda es: ¿por qué un sistema de gobernanza permitió que una situación tan grave se desarrollara y persistiera durante años?
La respuesta apunta a una falla fundamental, ya sea por complicidad deliberada al más alto nivel o por incompetencia sistémica. Ambas posibilidades conducen a la misma conclusión: el Estado falló en su deber de proteger a sus ciudadanos. El resultado fue el empoderamiento de una organización criminal desde la institución encargada de combatirla.
La forma en que la administración de la presidenta Sheinbaum, el Poder Judicial y el partido Morena manejen este caso será un momento definitorio. Establecerá un precedente sobre su compromiso con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Enfrentar la impunidad que este caso representa es fundamental para reconstruir la confianza ciudadana. Ignorarla solo confirmaría que las viejas estructuras de poder y corrupción siguen intactas. Este caso no es solo sobre el pasado de Tabasco; es sobre el futuro de la gobernabilidad en México.
