Una profunda crisis política ha sacudido al partido gobernante de México, Morena, tras las contundentes declaraciones del general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar en Tabasco. Las acusaciones señalan directamente a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, imputándolo no solo de colusión, sino de presuntamente liderar un “cártel policiaco” denominado “La Barredora”, con nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detonación: Las acusaciones del general López Martínez
La controversia que hoy estremece las esferas del poder en México fue desencadenada por las declaraciones precisas de una figura clave en el aparato de seguridad nacional. Esta sección detalla al catalizador de la crisis, el general Miguel Ángel López Martínez, sus explosivas acusaciones y el contexto político que sugiere una acción deliberada y coordinada.
Perfil del general Miguel Ángel López Martínez: El comandante Franco
Para comprender la magnitud de las acusaciones, es fundamental analizar el perfil del acusador. El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel López Martínez asumió el cargo de comandante de la 30ª Zona Militar, con sede en Tabasco, el 4 de febrero de 2025. Su nombramiento se produjo en el marco de la nueva administración estatal encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez. Previamente, el general López Martínez comandaba la 29ª Zona Militar en Minatitlán, Veracruz, lo que le otorga un conocimiento profundo de la seguridad en la región del sureste.
El general López Martínez no es un burócrata militar de bajo perfil. Su trayectoria reciente está marcada por una propensión a realizar declaraciones públicas directas y, en ocasiones, controvertidas. Antes de este escándalo, ya había generado titulares al cuestionar públicamente la metodología de las encuestas de percepción de inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que ubicaban a Villahermosa con altos índices, argumentando que los resultados eran “atípicos” y no reflejaban la realidad de la participación ciudadana en eventos masivos.
Más notable aún fue un video, difundido en octubre de 2024, en el que se le captaba en una charla con elementos de la Guardia Nacional. En dicha grabación, el general criticaba abiertamente a la Secretaría de Marina (Semar) y afirmaba, en referencia a las reformas del nuevo gobierno, que “hasta la Suprema Corte va a mamar […] eso quiso el pueblo de México”. Este historial de franqueza y declaraciones contundentes establece un precedente importante. Demuestra que las acusaciones contra Bermúdez no provinieron de un funcionario propenso a la discreción, sino de un comandante militar de alto rango con un estilo directo y sin reparos para expresar sus opiniones, por polémicas que fueran. Este perfil sugiere que sus señalamientos no fueron un desliz espontáneo, sino una acción comunicativa deliberada y calculada.
La acusación directa: Un “cártel policiaco” desenmascarado
La bomba mediática y política estalló cuando el general López Martínez, en una serie de entrevistas, señaló directamente a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. La acusación fue inequívoca: Bermúdez no solo estaba coludido, sino que era el líder del grupo criminal “La Barredora“.
El general aportó detalles que confirieron una notable credibilidad a sus afirmaciones. Reveló que se emitió una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena el 14 de febrero de 2025. De manera aún más específica, informó que existen registros que demuestran que Bermúdez abandonó el país ese mismo día, en un vuelo desde Mérida con destino a Panamá. Esta precisión sobre la fecha de la orden judicial y la ruta de escape indica un acceso a información de inteligencia de primer nivel, no a meros rumores.
Para agravar la situación, el general López Martínez describió un panorama de corrupción sistémica. Afirmó que, durante la administración anterior, los líderes de “La Barredora” no tenían órdenes de aprehensión en su contra. Peor aún, reveló que los propios cuerpos policiales recibían órdenes directas de sus superiores para liberar a delincuentes que eran detenidos en flagrancia. Esta declaración pinta la imagen de un aparato de seguridad estatal no solo infiltrado, sino completamente cooptado y puesto al servicio de una organización criminal, transformando a la secretaría en un “cártel policiaco” en todo el sentido de la palabra.
El contexto: Una “limpieza de casa” coordinada
Las declaraciones del general no pueden analizarse como un hecho aislado. Ocurren dentro de un contexto de transición política en Tabasco que sugiere una operación de “limpieza” perfectamente coordinada. La llegada del general López Martínez a la comandancia de la 30ª Zona Militar en febrero de 2025 coincidió con los primeros meses del nuevo gobierno estatal de Javier May Rodríguez, del mismo partido Morena.
La sincronía de los eventos es reveladora. Poco después de la llegada del nuevo gobernador y del nuevo comandante militar, se activaron las acciones legales contra la cúpula de seguridad del gobierno saliente. El propio gobernador May ha respaldado públicamente la necesidad de que Bermúdez rinda cuentas, afirmando que deberá responder ante la justicia por sus actos y que su administración mantendrá una política de “cero impunidad” en el caso.
El propio general López Martínez subrayó este cambio de paradigma al señalar que, a su llegada, los líderes originales e importantes de “La Barredora”, como “Requena”, “Prada” y “Tomasín”, no tenían órdenes de aprehensión. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas federales y las fiscalías bajo el nuevo gobierno, “prácticamente todos ya tienen orden de aprensión”. La secuencia de un nuevo gobernador, un nuevo comandante militar, la emisión inmediata de órdenes de captura contra la vieja guardia y las declaraciones públicas de respaldo mutuo entre el poder civil y militar estatal, apuntan a una conclusión ineludible: no se trató del exabrupto de un general, sino de la ejecución de una operación política y de seguridad diseñada para desmantelar las estructuras de poder de la administración anterior. Las acusaciones del general funcionaron como la justificación pública y la punta de lanza de esta purga institucional.
El “cártel policiaco” de Tabasco: Un perfil de “La Barredora”
En el corazón de esta crisis se encuentra una organización criminal cuya naturaleza y alcance ilustran la profundidad de la infiltración delictiva en las instituciones del estado de Tabasco. “La Barredora” no es un grupo criminal convencional; su génesis y modus operandi revelan una simbiosis perversa entre el crimen y el poder estatal.
Orígenes y evolución: De célula local a aliado del CJNG
La génesis de “La Barredora” es fundamental para entender el escándalo. Diversos reportes la describen como una organización que evolucionó a partir de un “cártel policiaco”, lo que significa que sus raíces y su estructura inicial se formaron desde el interior de las propias corporaciones de seguridad de Tabasco. Este origen le confirió una ventaja estratégica desde el principio: conocía los protocolos, las debilidades y las fortalezas de las instituciones que debían combatirla, porque era parte de ellas.
La organización experimentó una transformación significativa a finales de 2023. Tras una fractura interna, sus líderes buscaron consolidar su poder y expandir su dominio territorial. Para lograrlo, forjaron una alianza estratégica con una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta afiliación, confirmada por autoridades federales, elevó el estatus de “La Barredora” de ser un problema regional a convertirse en una amenaza de seguridad nacional, dotándola de mayores recursos, capacidad de fuego y alcance geográfico. La disputa por el control territorial, particularmente con el Cártel del Golfo, fue un catalizador para esta alianza, que a su vez provocó nuevas fracturas internas.
Portafolio criminal: Diversificado e integrado
Las actividades ilícitas de “La Barredora” demuestran un alto grado de diversificación, abarcando un amplio espectro delictivo. Su portafolio incluye el robo de hidrocarburos, conocido en México como “huachicol”, el narcotráfico, la extorsión a negocios (cobro de piso), el secuestro y el tráfico de migrantes. Esta diversificación les permitía generar flujos de ingresos masivos y controlar múltiples facetas de la economía ilegal en sus zonas de influencia, que abarcan municipios clave de Tabasco como Villahermosa, Cárdenas y Paraíso, e incluso se extienden a Reforma, en el vecino estado de Chiapas.
La acusación más alarmante y que revela el nivel de integración de sus operaciones con la economía formal e incluso con proyectos gubernamentales, proviene de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Basada en informes de inteligencia militar, la investigación detalla los planes de “La Barredora” para suministrar 180,000 litros semanales de diésel traficado ilegalmente desde Estados Unidos para los trabajos de construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura insignia del gobierno federal. El combustible robado, que llegaba al puerto de Dos Bocas, sería acomodado en las obras del tramo de Campeche.
Este nivel de operación trasciende la simple colusión. Con el secretario de Seguridad del estado como su presunto líder máximo, la capacidad de ordenar a la policía que libere a sus miembros detenidos y la presunta habilidad para integrar sus actividades ilícitas en un megaproyecto federal, “La Barredora” operaba menos como un cártel que corrompe al Estado y más como una empresa criminal que utilizaba el aparato estatal como su principal herramienta. Esto representa un grado de descomposición institucional donde la línea entre el Estado y el crimen se vuelve funcionalmente inexistente, configurando un verdadero modelo de “Estado-mafia” a nivel regional.
Estructura de mando y operaciones
Lejos de ser una banda desorganizada, informes de inteligencia, particularmente los revelados a través del hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han permitido reconstruir un organigrama detallado de “La Barredora”. Esta estructura demuestra una sofisticada división del trabajo, con una jerarquía clara y roles específicos asignados a cada lugarteniente, lo que refuerza la imagen de una empresa criminal bien organizada. La siguiente tabla resume la estructura de mando conocida:
| Nombre | Alias(es) | Rol en la Organización | Estatus |
| Hernán Bermúdez Requena | “Comandante H” | Presunto líder general; ex Secretario de Seguridad de Tabasco. | Prófugo; orden de aprehensión emitida en febrero de 2025; buscado por Interpol. |
| Ulises Pinto Madera | “El Pinto”, “El Mamado” | Jefe de operaciones; segundo al mando. | Detenido en Jalisco, julio de 2025.1 |
| Carlos Tomás Díaz Rodríguez | “Licenciado Tomasín”, “El 12” | Colaborador directo; comunicación estratégica. | Orden de aprehensión emitida.1 |
| Daniel Hernández Montejo | “Prada”, “El H” | Mando operativo; sustituto de “El Pantera”. | Orden de aprehensión emitida.1 |
| José del Carmen Castillo R. | “La Rana” | Operador logístico; ex funcionario estatal; enlace institucional. | Mencionado en informes de inteligencia.1 |
| Benjamín Mollinedo Montiel | “El Pantera” | Control de hidrocarburos y despliegue armado. | Detenido en septiembre de 2021.1 |
| Francisco Javier Custodio L. | “Guasón” | Inteligencia; ex policía estatal. | Detenido.1 |
| Adder Michel Frías Morales | “Michel”, “El Croas” | Finanzas; administración de bares y centros nocturnos. | Mencionado en informes de inteligencia.1 |
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Esta estructura se complementa con una red de colaboradores que incluye abogados, operadores de pipas, enlaces judiciales y cómplices en diversas instituciones, lo que les permitía operar con un alto grado de impunidad.
El epicentro político: Adán Augusto López y la sombra de García Luna
El escándalo desatado por las acusaciones del general López Martínez tiene su epicentro político en la figura de Adán Augusto López Hernández. Para el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la crisis no es un simple revés político, sino una tormenta que amenaza los cimientos de su carrera y lo coloca en una posición de extrema vulnerabilidad.
La pregunta central: ¿Negligencia o complicidad?
El núcleo de la crisis para Adán Augusto López reside en una pregunta simple pero devastadora: ¿cómo pudo nombrar y mantener como su máximo jefe de seguridad a un individuo presuntamente al frente de un cártel? La situación se agrava por el hecho de que su decisión no se tomó en un vacío de información. Existen pruebas de que había advertencias sobre los cuestionables vínculos de Hernán Bermúdez Requena mucho antes de su nombramiento. Reportes de inteligencia mencionan su pasado desde 1999, y, de manera más crítica, se emitieron advertencias específicas en 2018, cuando López ya era gobernador electo de Tabasco. A pesar de esta información, procedió con el nombramiento.
Posteriormente, ya con Bermúdez en el cargo, informes de inteligencia militar de 2021 y 2022 lo ubicaban explícitamente en la cima del organigrama de “La Barredora”. Esta acumulación de “banderas rojas” a lo largo del tiempo hace que la defensa de la ignorancia sea políticamente insostenible. El dilema para Adán Augusto es absoluto: o bien fue negligentemente omiso al no investigar a fondo a su principal encargado de seguridad, o fue cómplice al conocer los riesgos y aun así otorgarle el poder.
Este escenario ha activado un paralelismo político letal: el caso de Genaro García Luna, el secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. Medios de comunicación, analistas y la oposición política han trazado esta comparación de forma explícita. Lo que hace que este paralelismo sea particularmente destructivo es que Morena, y el propio Adán Augusto López en su momento, construyeron una parte significativa de su capital político atacando a Calderón con la pregunta retórica: “¿Cómo es posible que no supiera?”. Ahora, esa misma arma narrativa, ese “bumerán” político, se ha vuelto en su contra, golpeando a una de las figuras más prominentes del partido. Esto crea una profunda crisis de narrativa para Morena, pues socava su principal argumento de ser moralmente superior y fundamentalmente diferente a los “gobiernos corruptos del pasado”. Adán Augusto López se encuentra atrapado por la retórica de su propio partido.
La respuesta al escándalo: Evasión y desviación
La gestión de la crisis por parte de Adán Augusto López se ha caracterizado por una estrategia de evasión y desviación que ha sido percibida como insuficiente y contraproducente. En una primera fase, tras estallar el escándalo, el senador optó por el silencio y la invisibilidad, manteniendo un estilo “hermético” y “desapareciendo” de la escena pública. Incluso se realizaron maniobras en el Senado para evitar que se debatiera el tema.
Cuando finalmente reapareció, su estrategia fue minimizar la gravedad de las acusaciones, calificando todo el asunto como “politiquería”. Ha eludido sistemáticamente las preguntas directas de la prensa y ha evitado cualquier debate sustantivo sobre el tema en el Senado. Su defensa se ha centrado en dos puntos: presentar cifras sobre la reducción de delitos durante su gestión como gobernador y afirmar que está a disposición de las autoridades si estas lo requieren. En una de sus pocas declaraciones directas sobre Bermúdez, afirmó: “Nunca sospeché, si no, lo hubiésemos inmediatamente separado del cargo”. Esta respuesta, sin embargo, no aborda la cuestión central de por qué ignoró las advertencias previas a su nombramiento. Su negativa a confrontar directamente los hechos ha alimentado la especulación y ha permitido que la narrativa de complicidad o negligencia grave se consolide en la opinión pública.
“Fuego amigo” y aislamiento político
El daño político para Adán Augusto López no proviene únicamente de la oposición, sino que hay claras señales de un creciente aislamiento dentro de su propio partido. El término “fuego amigo” ha sido utilizado para describir la situación, sugiriendo que adversarios internos están aprovechando la crisis para debilitarlo. Un artículo de opinión titulado “La caída de Adán Augusto” detalla cómo, en un cónclave de Morena, el senador fue visiblemente marginado. Fue sentado en un extremo del presídium, y aunque un pequeño grupo de aliados como los gobernadores Alfredo Ramírez de Michoacán y Mara Lezama de Quintana Roo le gritaron “¡No estás solo!”, la mayoría de los gobernadores y la influyente secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, permanecieron en un silencio elocuente. Este gesto fue interpretado como una señal de que “el mensaje presidencial se había entendido”.
Este aislamiento se manifiesta también en el desmoronamiento de sus redes de protección. Se reporta que aliados suyos están perdiendo contratos federales y que comunicadores y periodistas que antes lo defendían o guardaban silencio, ahora lo atacan abiertamente. Esta erosión del apoyo interno indica que las figuras más poderosas de Morena, potencialmente incluyendo a la propia presidencia, están permitiendo que Adán Augusto enfrente las consecuencias políticas por sí solo, sin ofrecerle un respaldo institucional robusto.
La ofensiva de la oposición
Como era de esperar, los partidos de oposición han capitalizado el escándalo para lanzar una ofensiva política en toda regla. El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido el más beligerante, presentando formalmente una denuncia penal contra Adán Augusto López por sus presuntos nexos con el crimen organizado durante su gestión en Tabasco. La denuncia busca que se esclarezca su relación con “La Barredora”. Además de la vía legal, el PAN ha exigido públicamente su renuncia a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, argumentando que debe enfrentar la investigación sin la protección que le confiere su cargo.
En el ámbito legislativo, diputados y senadores de la oposición han intentado repetidamente llevar el tema a debate en las sesiones del Congreso, buscando forzar un pronunciamiento y mantener la presión mediática. Esta estrategia tiene un objetivo claro: utilizar el Caso Bermúdez para demoler el principal activo político de Morena, su autoproclamada superioridad moral y su plataforma anticorrupción. La denuncia penal y la presión constante en el Congreso formalizan las acusaciones y mantienen el escándalo en el centro de la atención pública, maximizando el costo político para el partido gobernante y para Adán Augusto López en particular.
La gestión de crisis de la presidencia: La estrategia de Claudia Sheinbaum
El escándalo Bermúdez representa la primera gran crisis de corrupción que estalla durante la presidencia de Claudia Sheinbaum y que implica directamente a una de las figuras más poderosas de su partido. Su manejo de la situación ha sido un delicado ejercicio de equilibrio político, revelando una estrategia multifacética diseñada para proteger la imagen de su gobierno, afirmar su autoridad y, simultáneamente, gestionar una compleja dinámica de poder interno.
El discurso oficial: “No vamos a cubrir a nadie”
Desde el primer momento, la presidenta Sheinbaum ha establecido una línea discursiva pública, firme e inequívoca: “No vamos a cubrir a nadie”. Este mensaje ha sido el pilar de su comunicación sobre la crisis. Ha reiterado en múltiples conferencias de prensa que si la Fiscalía, como órgano autónomo, posee pruebas contra cualquier persona, independientemente de su filiación política, la investigación debe seguir su curso hasta las últimas consecuencias.
Sheinbaum ha insistido en que cualquier acusación debe estar fundamentada en “pruebas” sólidas y fehacientes, en concordancia con los principios del sistema de justicia penal acusatorio. Esta postura pública cumple un doble propósito estratégico. Hacia el exterior, busca reforzar la credibilidad de su administración y su compromiso con la lucha contra la corrupción, distanciándose de prácticas de encubrimiento asociadas con gobiernos pasados. Hacia el interior de Morena, envía un mensaje claro y contundente: la lealtad partidista no será un salvoconducto ni un escudo contra la acción de la justicia. Con esta postura, Sheinbaum se posiciona como una líder apegada al estado de derecho.
El equilibrio político: Contener el “linchamiento mediático”
Al mismo tiempo que ha abierto la puerta a una investigación sin cortapisas, la presidenta ha desplegado una segunda línea discursiva para modular el impacto político de la crisis. Ha advertido explícitamente contra los peligros de un “linchamiento mediático”. En sus declaraciones, ha hecho una distinción cuidadosa entre la “información bruta” de inteligencia, que puede provenir de diversas fuentes y no estar verificada, y un caso penal formal, que requiere pruebas y un proceso judicial.
Además, ha señalado un hecho jurídicamente relevante: hasta el momento, no existe ninguna carpeta de investigación formal abierta en contra del senador Adán Augusto López; las indagatorias se centran en su exsecretario, Hernán Bermúdez. Este equilibrio le permite a Sheinbaum ejecutar una estrategia política sofisticada. Al declarar que “no se cubrirá a nadie”, coloca toda la responsabilidad y el peso del escándalo sobre los hombros de Adán Augusto López, obligándolo a defenderse por sí mismo. Simultáneamente, al advertir contra un “linchamiento” y apelar al debido proceso, se proyecta a sí misma como una estadista justa, serena y respetuosa de las instituciones, por encima de la refriega política.
El efecto neto de esta estrategia es que permite que el proceso político y, potencialmente, el legal, erosionen el poder de un influyente rival interno. Adán Augusto López no es una figura menor; controla la mayoría calificada en el Senado y representa un centro de poder heredado de la administración anterior. Sheinbaum está logrando afirmar su autoridad y debilitar a este contrapeso no a través de una purga interna abierta y conflictiva, sino simplemente haciéndose a un lado y permitiendo que la crisis siga su curso natural, despojándolo de la protección presidencial.
La distancia calculada: Una evolución deliberada
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La postura de la presidenta no ha sido estática, sino que ha evolucionado de manera calculada a medida que la crisis se desarrollaba. Inicialmente, la defensa del partido era más cerrada, enfocada en que el senador no estaba bajo investigación. Sin embargo, en un momento clave, Sheinbaum cambió sutilmente de tono. En una de sus conferencias matutinas, declaró públicamente que sería “pertinente” que Adán Augusto López “diera su versión” de los hechos.
Este cambio, aparentemente menor, fue un punto de inflexión. Pasó de una postura pasiva (“él no es el investigado”) a una activa (“él debería hablar”). Fue una aplicación directa y pública de presión política. Este movimiento empujó efectivamente a Adán Augusto a salir de su estrategia de silencio y evasión, forzándolo a enfrentar el escrutinio público y a asumir personalmente la propiedad de la crisis. Al instarlo a dar explicaciones, la presidenta no solo se distanció aún más del escándalo, sino que también aceleró el desgaste político de su correligionario, demostrando quién controla los tiempos y la narrativa en el nuevo escenario de poder.
Conclusiones y proyecciones políticas
El caso Bermúdez ha trascendido el ámbito de la seguridad estatal para convertirse en un sismo político con epicentro en el partido gobernante. Las réplicas de este escándalo reconfigurarán las dinámicas de poder, pondrán a prueba la integridad institucional y definirán el rumbo de la administración actual. La síntesis del análisis permite proyectar las trayectorias probables para los actores clave y para el proyecto político de la Cuarta Transformación.
El futuro inmediato de Adán Augusto López: Acorralado y sangrando
El daño a la carrera política de Adán Augusto López es severo y, muy probablemente, irreversible en cuanto a sus aspiraciones presidenciales. El análisis de su situación revela a un actor político acorralado y políticamente debilitado. Si bien su control sobre la bancada de Morena en el Senado y la mayoría calificada lo convierten en una pieza demasiado importante como para ser simplemente “echado a los leones”, la evidencia sugiere que su poder se está desangrando. La frase “ya empezó a sangrar”, utilizada en análisis periodísticos, captura perfectamente su precaria posición.
Sus caminos a futuro son limitados y poco alentadores. Podría optar por una prolongada y desgastante batalla por su supervivencia política, intentando capear el temporal desde su posición en el Senado. Sin embargo, el aislamiento creciente y la falta de respaldo de alto nivel hacen que esta sea una lucha cuesta arriba. Otros escenarios más probables incluyen una renuncia forzada a la coordinación de la bancada para mitigar el daño al partido, o un “exilio” político en forma de una embajada o un cargo internacional, una táctica común para remover a figuras incómodas del escenario político nacional. Como mínimo, el escándalo ha neutralizado su capacidad de operar como un poder fáctico de primer nivel y ha puesto un fin abrupto a cualquier ambición de suceder a Sheinbaum.
El desafío para Sheinbaum: Una prueba definitoria
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso Bermúdez es mucho más que un problema heredado; es la primera prueba de fuego de su mandato en materia de corrupción y estado de derecho. La crisis involucra directamente al círculo más íntimo del poder de Morena, lo que hace que su manejo sea un examen definitorio para su administración y su promesa de “cero impunidad”.
Su capacidad para navegar esta crisis determinará en gran medida la credibilidad de su gobierno. Si logra mantenerse firme en su postura de “no cubrir a nadie” y permite que las instituciones de justicia operen con autonomía, incluso si esto implica consecuencias legales para una figura tan relevante como Adán Augusto López, habrá cimentado su autoridad y demostrado con hechos que su discurso anticorrupción es más que retórica. Esto la fortalecería enormemente, tanto frente a la opinión pública como al interior de su partido. Por el contrario, si la percepción final es que se protegió a un aliado poderoso, su administración correrá el riesgo de ser manchada con la misma brocha de complicidad y encubrimiento que Morena ha utilizado para criticar a sus predecesores, socavando la legitimidad de su proyecto político.
El caso Bermúdez como paradigma
En última instancia, este escándalo es un microcosmos de uno de los desafíos más profundos y persistentes de México: el nexo sistémico entre el poder político y el crimen organizado. El desenmascaramiento de “La Barredora” como un presunto “cártel policiaco” que operaba desde la cúpula de la secretaría de seguridad de un estado no es una anomalía, sino un síntoma de una patología institucional profundamente arraigada.
El caso ilustra de manera cruda cómo las estructuras criminales pueden cooptar el aparato estatal hasta el punto de fusionarse con él, utilizando los recursos y la autoridad del Estado para sus propios fines ilícitos. Es un recordatorio contundente de que los retos de seguridad en México van más allá del enfrentamiento directo con los cárteles y requieren una depuración profunda de las instituciones encargadas de combatirlos. El desenlace del caso Bermúdez, por lo tanto, tendrá repercusiones que van más allá de Tabasco. Sentará un precedente sobre la capacidad y la voluntad del nuevo gobierno para confrontar la corrupción en sus propias filas y enviará una señal sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad nacional y la credibilidad de las instituciones de justicia en el país.
