El gobierno federal de México, por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, desplegó el 1 de febrero de 2026 un contingente de 1,190 efectivos militares y fuerzas especiales en La Concordia, Sinaloa. Esta operación masiva, supervisada por el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, busca a diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, quienes fueron secuestrados el 23 de enero por un grupo armado ligado a la célula de Los Chapitos. Es la primera vez que la administración dispone de un equipo de esta magnitud en Sinaloa para la localización de personas desaparecidas.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que el objetivo del contingente es localizar a los empleados secuestrados. La misión, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue anunciada este domingo y representa un esfuerzo logístico considerable para abordar la crisis de seguridad en la región.
Composición y logística del despliegue militar en La Concordia
El operativo de búsqueda y rescate, que refuerza las actividades locales, cuenta con un total de 1,190 elementos. La Defensa detalló que los efectivos fueron movilizados vía aérea desde distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México.
Estructura del Contingente Desplegado:
- Total de efectivos: 1,190
- Ejército Mexicano: 800 miembros
- Cuerpo de Fuerzas Especiales: 270 integrantes
- Guardia Nacional: 100 elementos
- Personal Ministerial: 20
- Células de investigación: Tres, equipadas con ingenios tecnológicos
La logística de traslado incluyó una aeronave Boeing 737 de transporte pesado. Adicionalmente, se movilizaron dos aviones T-6C (identificados también como T6C-Texan) y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana; la fuente El País especificó que estos helicópteros están artillados.
Defensa, en un comunicado, subrayó que la misión opera “en apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos”.
Contexto del secuestro: células criminales y nombres de las víctimas
La desaparición de los 10 trabajadores mineros ocurrió a las 7:00 horas (hora local) del viernes 23 de enero, cuando un grupo armado irrumpió en el campamento minero. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el conjunto criminal es parte de una célula ligada a Los Chapitos, los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán.
El cabecilla de esta célula fue identificado por pobladores de La Concordia —quienes solicitaron anonimato— como Óscar Martínez Larios, apodado “el Casco”. Los enfrentamientos en la zona se aceleraron poco antes del inicio de la búsqueda, lo que motivó el sobrevuelo de un helicóptero de la Marina.
Aunque hasta la fecha de este despliegue las autoridades no tienen información sobre el paradero de los empleados, se ha confirmado la identidad de varios de ellos:
- Saúl Alberto Ochoa Pérez (ingeniero)
- José Castañeda (geólogo)
- Antonio Jiménez (coordinador operativo de seguridad)
- Javier Vargas (guardia)
- Javier Valdez (guardia)
- Antonio Esparza (gerente de relaciones comunitarias)
- Antonio de la O (supervisor de Medio Ambiente)
- Miguel Tapia (ingeniero)
La disputa territorial y el impacto en Vizsla Silver
El incidente expone la intensa disputa territorial que se vive en la sierra sur de Sinaloa. Pobladores de La Concordia han reportado que la afrenta violenta entre grupos criminales se mantiene desde hace más de dos meses, provocando el desplazamiento forzado de más de 100 familias.
Esta confrontación se remonta a septiembre de 2024, cuando se recrudeció la lucha entre las facciones de Los Chapitos y quienes fueron sus socios, el grupo de Ismael El Mayo Zambada. Los bandos se disputan el control del territorio para actividades ilícitas, incluyendo la producción de drogas, el control de aserraderos y, significativamente, la minería.
Implicaciones del conflicto para la minera canadiense
La mina de plata afectada es propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver. El proyecto, que representa una inversión de 300 millones de dólares, se encuentra actualmente en fase de construcción y producción.
Los informes bursátiles de la compañía indican que entre 2021 y 2025 destinó más de 250 millones de dólares a la exploración, generando 230 empleos directos e indirectos en México. El potencial del proyecto es vasto, con reservas estimadas en 326 millones de onzas de plata equivalente y una vida útil inicial proyectada de 10.6 años. Este secuestro masivo subraya el riesgo geopolítico que enfrentan las inversiones de alto valor en zonas de alta disputa criminal en México.
