¿Fue la reducción de la pobreza durante la Cuarta Transformación un hito histórico? Este análisis riguroso trasciende la retórica política para situar los resultados recientes en el contexto de 50 años de desarrollo social en México. Evalúa el progreso y retrocesos de nueve administraciones, ofreciendo una visión compleja del bienestar y la evolución de la medición de la pobreza.
La brecha metodológica en la medición de la pobreza
Para un análisis histórico fidedigno de la pobreza en México, es crucial reconocer una división fundamental en la metodología de medición. La comparación directa de los niveles de pobreza a lo largo de los últimos 50 años resulta técnicamente inviable y analíticamente incorrecta, debido a un cambio de paradigma que ocurrió en 2008. Por esta razón, el estudio se divide en dos grandes eras metodológicas.
La era pre-2008: Enfoque en el ingreso
Hasta antes de 2008, México carecía de una metodología oficial y unificada para medir la pobreza. Las mediciones, tanto académicas como gubernamentales, se centraban casi exclusivamente en la dimensión del ingreso. Este enfoque definía la pobreza según la capacidad de un hogar para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Se establecieron tres umbrales o “líneas de pobreza”:
- Pobreza alimentaria: incapacidad para adquirir una canasta básica de alimentos.
- Pobreza de capacidades: ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria, así como los gastos necesarios en salud y educación.
- Pobreza de patrimonio: ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, vivienda y transporte público.
Aunque estas mediciones no son directamente comparables con las cifras actuales, los estudios académicos que las utilizaron permiten un análisis robusto de las tendencias de la pobreza durante gran parte del siglo XX, identificando los periodos de avance y retroceso.
La era post-2008: El marco multidimensional del coneval
A partir de la Ley General de Desarrollo Social, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un organismo autónomo. Este consejo es el encargado de establecer la metodología oficial para la medición de la pobreza, introduciendo un enfoque multidimensional. El CONEVAL revolucionó la comprensión del fenómeno, conceptualizándolo no solo como una falta de ingreso, sino como una violación de los derechos sociales fundamentales.
Esta metodología, que se actualiza cada dos años a nivel nacional y estatal, y cada cinco a nivel municipal, se basa en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Define que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional si cumple dos condiciones simultáneamente:
- Su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (su ingreso está por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos o LPI, también conocida como línea de bienestar).
- Presenta al menos una de las seis carencias sociales definidas por la ley.
Las seis carencias sociales, que representan el ejercicio de derechos sociales, son:
- Rezago educativo: no contar con la educación básica obligatoria o no asistir a la escuela a la edad correspondiente.
- Acceso a los servicios de salud: no contar con adscripción o derecho a recibir servicios médicos en instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, etc.) o privadas.
- Acceso a la seguridad social: carencia de protección social ligada al empleo o a programas específicos, afectando a trabajadores y sus familias.
- Calidad y espacios de la vivienda: vivir en un hogar con materiales precarios en pisos o muros, o en condiciones de hacinamiento.
- Acceso a los servicios básicos en la vivienda: carencia de agua entubada, drenaje o electricidad.
- Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: experimentar inseguridad alimentaria moderada o severa.
Dentro de este marco, la pobreza extrema se define con criterios más severos: una persona se encuentra en esta situación si presenta tres o más carencias sociales y, además, su ingreso es tan bajo que se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), cuyo valor equivale únicamente al costo de la canasta alimentaria.
Este cambio metodológico no fue meramente técnico; representó una evolución filosófica profunda en la concepción de la responsabilidad del Estado. Se transitó de una visión donde la pobreza era una incapacidad de consumo en el mercado a una donde es una condición de vulneración de derechos garantizados por la Constitución. Esta distinción es fundamental para el análisis del sexenio 2018-2024, pues una política pública puede tener éxito en una dimensión (ingreso) y fracasar estrepitosamente en otra (derechos sociales), generando un resultado paradójico que la medición multidimensional está diseñada para capturar.
Era del “desarrollo estabilizador” y su colapso (1970-1988)
Este periodo abarca el final de un modelo económico exitoso y su dramático colapso, que redefinió la trayectoria social de México para las décadas venideras. El análisis se basa en reconstrucciones académicas que utilizan las primeras encuestas de hogares y metodologías basadas en ingresos.
Echeverría y López Portillo: Auge y risis latente
Los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) marcan el ocaso del “Desarrollo Estabilizador”, un largo periodo (aproximadamente 1950-1970) caracterizado por alto y sostenido crecimiento económico, baja inflación y, crucialmente, una reducción continua y significativa de la pobreza. Investigaciones históricas demuestran que entre 1950 y 1984, la pobreza en México disminuyó de manera importante y constante, fenómeno acompañado por la expansión de las clases medias.
Durante estas administraciones, la tendencia de reducción de la pobreza continuó, alcanzando sus niveles más bajos alrededor de 1982-1984. Sin embargo, bajo la superficie de este aparente progreso social, se gestaba una profunda crisis. Las políticas de gasto público expansivo y sin financiamiento de Echeverría, seguidas por el endeudamiento masivo apalancado en el auge petrolero bajo el gobierno de López Portillo, crearon una bomba de tiempo macroeconómica. Aunque los indicadores de pobreza seguían mejorando, los cimientos económicos del país se volvían cada vez más frágiles.
De la Madrid: El impacto devastador de la “década perdida”
El sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) está indisolublemente ligado a la crisis de la deuda de 1982 y la subsecuente “Década Perdida”. Este periodo fue de un shock económico brutal, marcado por la hiperinflación, la devaluación y la implementación de dolorosos programas de ajuste estructural dictados por acreedores internacionales.
El impacto social fue inmediato y devastador. La tendencia de más de 30 años de reducción de la pobreza se detuvo en seco. Entre 1984 y 1994, los niveles de pobreza se estancaron en el mejor de los casos, mientras que la desigualdad, que había disminuido desde 1963, inició una larga trayectoria ascendente. El gasto social, como proporción del gasto programable, se desplomó, exacerbando el impacto de la crisis en los hogares más vulnerables. Esta administración representa un punto de inflexión histórico: el fin de la era de progreso social sostenido y el comienzo de un nuevo periodo definido por la pobreza estancada y la desigualdad creciente.
El análisis de esta época revela una lección fundamental: durante gran parte del siglo XX, el crecimiento económico sostenido, incluso dentro de un modelo de desarrollo liderado por el Estado y políticamente autoritario, fue el motor más potente para la reducción de la pobreza en México. La correlación inversa entre el crecimiento del PIB y los niveles de pobreza entre 1950 y 1984 fue clara y robusta. El colapso de este modelo demostró que la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo técnico, sino una condición necesaria para cualquier avance social duradero. El principal programa contra la pobreza durante décadas fue el propio crecimiento económico, un paradigma que contrasta fuertemente con la era de la 4T, donde una reducción significativa de la pobreza ocurrió en un contexto de crecimiento económico modesto, lo que sugiere un cambio fundamental en la relación entre crecimiento y pobreza, ahora mediada por intervenciones estatales directas como las transferencias y los aumentos al salario mínimo.
Reformas neoliberales, crisis y nuevo modelo social (1988-2006)
Esta etapa cubre la transición de México hacia una economía de mercado abierta, una crisis financiera catastrófica que marcó a una generación y el surgimiento de un nuevo paradigma en la política social: las transferencias monetarias condicionadas.
Carlos Salinas: Modernización y fracturas sociales
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se caracterizó por una agenda de profundas y aceleradas reformas económicas de corte neoliberal. Se privatizaron cientos de empresas paraestatales, se desreguló la economía y se negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), integrando a México en la economía global.
A pesar de la estabilización macroeconómica y la modernización de la estructura productiva, los beneficios sociales fueron escasos y mal distribuidos. Los niveles de pobreza se mantuvieron obstinadamente altos y la desigualdad continuó su tendencia ascendente. El periodo 1984-1994 se caracterizó por un fortalecimiento de los sectores más ricos de la sociedad, mientras que la pobreza moderada se mantuvo prácticamente invariable entre 1989 y 1994. El sexenio concluyó en un clima de agitación política y social, con el asesinato del candidato presidencial del partido gobernante y el levantamiento zapatista en Chiapas, eventos que expusieron las profundas fracturas sociales que las reformas económicas no solo no habían resuelto, sino que en algunos casos habían agravado.
Ernesto Zedillo: Crisis y el nacimiento de progresa
El sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) estuvo definido por dos fuerzas dramáticamente opuestas. Inició con el colapso del peso en diciembre de 1994, una crisis conocida como el “Error de Diciembre” o la “Crisis del Tequila”, que representó uno de los shocks económicos más severos de la historia moderna de México.
El impacto social de la crisis fue catastrófico. La pobreza se disparó de forma abrupta y masiva. Utilizando la metodología de ingresos de la época (ver Tabla 1), la pobreza alimentaria saltó de afectar al 21.1% de la población en 1994 a un devastador 37.1% en 1996. En solo dos años, la pobreza regresó a niveles no vistos desde principios de la década de 1960, borrando años de progreso. Se estima que entre 1994 y 1996, el número de pobres aumentó en casi 17 millones de personas.
Sin embargo, en medio de esta debacle, la segunda mitad de la administración fue testigo de una fuerte recuperación económica y, de manera crucial, de una innovación que cambiaría el paradigma de la política social en México y en gran parte del mundo en desarrollo. En 1997, el gobierno de Zedillo lanzó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Este fue un programa pionero de transferencias monetarias condicionadas (TMC), que ofrecía ayuda económica directa a las familias más pobres a cambio de que cumplieran con corresponsabilidades, como llevar a sus hijos a revisiones médicas y asegurar su asistencia a la escuela. Progresa representó un cambio radical, abandonando los subsidios generalizados e ineficientes (como el subsidio a la tortilla) en favor de intervenciones focalizadas, diseñadas para invertir en el capital humano de los pobres y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Para el año 2000, gracias a la recuperación económica y al impacto de Progresa, los niveles de pobreza habían disminuido significativamente desde su pico de 1996, aunque todavía no alcanzaban los niveles previos a la crisis.
Vicente Fox: Consolidación de oportunidades y remesas
El gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el primero de un partido de oposición (PAN) en 71 años, heredó una economía en recuperación y el exitoso modelo de Progresa. Durante este sexenio, la pobreza continuó una trayectoria de reducción modesta. La pobreza de patrimonio, que afectaba al 53.7% de la población en 2000, se redujo al 47% en 2004 (ver Tabla 1). La administración de Fox adoptó y expandió el programa Progresa, rebautizándolo como Oportunidades, que se convirtió en la piedra angular de su política social.
La reducción de la pobreza durante este periodo se atribuyó a una combinación de factores: la estabilidad económica, la ampliación de la cobertura de Oportunidades y un aumento muy significativo de las remesas enviadas por los migrantes mexicanos desde el extranjero. Sin embargo, los críticos señalaron que la reducción fue limitada y que, al final del sexenio, el número absoluto de pobres seguía siendo alarmantemente alto, superando los 50 millones de personas según algunas estimaciones. Cálculos basados en datos de encuestas sugieren que la pobreza de patrimonio pudo haber tenido un ligero repunte de 47% en 2004 a 47.8% en 2005 (ver Tabla 1).
El legado de la administración de Zedillo es, por tanto, dual y paradójico. Por un lado, fue responsable del mayor aumento de la pobreza en un corto periodo debido a la crisis de 1995. Por otro, fue el catalizador de una de las innovaciones en política social más importantes de la historia de México: el modelo Progresa. Este modelo de TMC fue tan influyente y bien evaluado que fue adoptado y expandido por las dos administraciones siguientes (Fox y Calderón), dominando la estrategia de combate a la pobreza del país durante 20 años, hasta que la 4T lo reemplazó con un nuevo paradigma de transferencias universales no condicionadas.
Estancamiento y la medición multidimensional (2006-2018)
Este periodo marca el inicio de la era moderna de la medición de la pobreza en México. A partir de 2008, el CONEVAL proporciona datos oficiales, consistentes y multidimensionales, lo que permite una comparación directa y rigurosa entre las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos gobiernos que precedieron a la 4T.
Felipe Calderón: El peor desempeño en la era moderna
El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) estuvo marcado por dos crisis profundas: la crisis financiera global de 2008-2009, que golpeó severamente a la economía mexicana dependiente de las exportaciones, y la escalada de la “Guerra contra el Narcotráfico”, que generó niveles de violencia sin precedentes y una grave crisis de seguridad.
En términos de combate a la pobreza, esta administración ostenta la distinción de ser el sexenio con el peor desempeño en la era de la medición moderna. Los datos son contundentes y muestran un retroceso significativo. Utilizando la metodología de ingresos para mantener la comparabilidad con el inicio de su sexenio, la pobreza de patrimonio creció de manera alarmante en casi 15 millones de personas, pasando de 46.5 millones en 2006 a 61.4 millones en 2012. Otros análisis estiman el aumento en 15.9 millones de personas.
Los datos oficiales de pobreza multidimensional del CONEVAL, disponibles a partir de 2008 (ver Tabla 2), confirman esta tendencia negativa. Entre 2008 y 2012, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional aumentó de 44.4% a 45.5%. En términos absolutos, esto representó un incremento de 49.5 millones a 53.3 millones de personas, es decir, 3.8 millones de nuevos pobres en solo cuatro años. Este deterioro fue impulsado tanto por el impacto de la crisis económica global en el empleo y los ingresos como por una política social que, a pesar de continuar con el programa Oportunidades, se vio completamente superada por el contexto macroeconómico adverso.
Enrique Peña Nieto: Avances modestos y estancamiento
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) comenzó con un ambicioso paquete de reformas estructurales negociadas en el “Pacto por México”. Sin embargo, el sexenio estuvo lastrado por un crecimiento económico mediocre, persistentes problemas de violencia y una serie de escándalos de corrupción que minaron la confianza pública.
En materia de pobreza, su desempeño fue de un ligero avance, logrando revertir el retroceso del sexenio anterior pero sin conseguir un progreso neto sustancial. Entre 2012 y 2018, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó de 45.5% a 41.9% (ver Tabla 2). Sin embargo, este avance porcentual se diluye al observar las cifras absolutas. Debido al crecimiento demográfico, el número de personas en pobreza apenas cambió, pasando de 53.3 millones en 2012 a 52.4 millones en 2018. Es decir, al final del sexenio había prácticamente el mismo número de pobres que al principio. La pobreza extrema sí mostró una mejora más clara, reduciéndose de 11.5 millones a 9.3 millones de personas en el mismo periodo.
Este periodo de estancamiento es crucial, pues establece la línea de base para evaluar a la administración siguiente: en 2018, México tenía 51.9 millones de personas en pobreza multidimensional (41.9% de la población), de las cuales 8.7 millones se encontraban en pobreza extrema (7.0%).
La década de 2008 a 2018, que abarca estos dos sexenios, ofrece una lección importante. Demuestra que, en un contexto de crecimiento económico débil o volátil, el modelo de transferencias monetarias condicionadas (Oportunidades, rebautizado como Prospera bajo Peña Nieto), aunque útil como red de seguridad, era insuficiente para generar una reducción significativa y sostenida de la pobreza a escala nacional. El modelo podía mitigar los peores efectos de las crisis y generar mejoras marginales, pero había alcanzado sus límites como motor principal del cambio social. Esta incapacidad para mover la aguja de la pobreza de manera decisiva preparó el terreno para el cambio de paradigma que propondría la 4T: una estrategia menos focalizada pero de una escala mucho mayor, basada en la inyección directa de dinero a la base de la pirámide social.
La Cuarta Transformación en contexto multidimensional (2018-2024)
Esta sección constituye el núcleo del análisis, ofreciendo una evaluación balanceada y profundamente documentada de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Utiliza los datos más recientes y oficiales del INEGI y CONEVAL, que cubren el periodo completo del sexenio con mediciones para 2018, 2020, 2022 y 2024.
Una reducción de la pobreza sin precedentes
Los datos oficiales (ver Tabla 3) revelan una disminución de la pobreza multidimensional de una magnitud y velocidad no registradas desde que se implementó la metodología actual. Entre 2018 y 2024, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional se desplomó del 41.9% al 29.6%. Esto representa una caída histórica de 12.3 puntos porcentuales. En términos absolutos, el número de personas en condición de pobreza pasó de 51.9 millones a 38.5 millones. Esto significa que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante este sexenio. Esta es, sin lugar a dudas, la reducción más grande y rápida que ha medido el CONEVAL.
El motor del cambio: Ingreso y transferencias directas
El análisis multidimensional permite identificar con precisión qué componentes impulsaron esta notable mejoría. La evidencia es inequívoca: la reducción de la pobreza fue abrumadoramente impulsada por la mejora en la dimensión del bienestar económico. La población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) se redujo drásticamente, pasando del 49.9% en 2018 al 35.4% en 2024 (ver Tabla 3). Este aumento en la capacidad de compra de los hogares fue el factor determinante.
Este crecimiento del ingreso en los estratos bajos y medios no fue producto de un auge económico generalizado (el crecimiento del PIB fue modesto), sino de una combinación de políticas gubernamentales deliberadas y factores externos:
- Aumentos agresivos al salario mínimo: una política emblemática de la 4T fue el incremento sustancial y sostenido del salario mínimo en términos reales. Esta medida benefició directamente los ingresos de millones de trabajadores formales en la base de la escala salarial. Entre 2022 y 2024, la remuneración por trabajo subordinado fue la principal fuente del aumento del ingreso corriente total per cápita.
- Expansión masiva de transferencias monetarias directas: la administración reemplazó el programa condicionado Prospera por un nuevo conjunto de programas de transferencias directas, en su mayoría universales para los grupos a los que se dirigen. El más importante por su presupuesto y cobertura es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Estos programas inyectaron miles de millones de pesos directamente en los bolsillos de los hogares de ingresos bajos y medios, sin intermediarios ni corresponsabilidades. El impacto de estas transferencias es cuantificable: un análisis de simulación del INEGI muestra que, sin los programas sociales, la pobreza multidimensional en 2024 habría sido del 32.8% en lugar del 29.6%. Esto significa que las transferencias gubernamentales por sí solas mantuvieron a 4.2 millones de personas fuera de la pobreza.
- Remesas en niveles récord: las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, alcanzaron máximos históricos durante este periodo. Estos flujos de capital privado funcionaron como un crucial colchón de ingresos para millones de familias, particularmente en los deciles de ingresos más bajos, contribuyendo a reducir la pobreza y la desigualdad.
La paradoja de las carencias sociales: Crisis en salud
La impresionante historia de éxito en la reducción de la pobreza por ingresos se ve ensombrecida por un fracaso catastrófico en una de las dimensiones más críticas de los derechos sociales: el acceso a la salud. La carencia por acceso a los servicios de salud no solo no mejoró, sino que explotó durante este sexenio, revirtiendo años de progreso.
El porcentaje de la población que reportó no tener acceso a servicios de salud se más que duplicó, pasando del 16.2% (20.1 millones de personas) en 2018 a un pico alarmante del 39.1% (50.4 millones) en 2022. Para 2024, la cifra se moderó ligeramente al 34.2% (44.5 millones) (ver Tabla 3). El saldo neto es devastador: al final del sexenio, había 24.4 millones de mexicanos más sin acceso a servicios de salud que al principio.
Este dramático deterioro está directamente vinculado a la decisión de la administración, en 2019, de eliminar el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El Seguro Popular, aunque imperfecto, proporcionaba a millones de personas sin seguridad social laboral un mecanismo claro de afiliación, que es precisamente lo que la encuesta del INEGI mide para determinar el acceso. La transición al INSABI fue caótica, mal planificada y percibida por la población como una pérdida de derechos. El nuevo sistema no logró generar la misma certidumbre de cobertura, lo que llevó a que decenas de millones de personas declararan en la encuesta que ya no contaban con afiliación o derecho a recibir servicios de salud. La población rural y la de menores ingresos fueron las más afectadas por este cambio.
Una mirada matizada a la pobreza extrema
La trayectoria de la pobreza extrema durante el sexenio fue más compleja y menos lineal. Entre 2018 y 2022, la pobreza extrema se mantuvo estancada en términos porcentuales (pasó de 7.0% a 7.1%) e incluso aumentó ligeramente en números absolutos (de 8.7 millones a 9.1 millones de personas) (ver Tabla 3). Este estancamiento se explica en gran medida por el shock económico de la pandemia de COVID-19, que provocó un pico de pobreza extrema del 8.5% (10.8 millones de personas) en 2020.
Sin embargo, la fuerte recuperación del ingreso en la última parte del sexenio logró revertir esta tendencia. Para 2024, la pobreza extrema se redujo al 5.3% de la población, equivalente a 7.0 millones de personas. Esto representa una reducción neta de 1.7 millones de personas en pobreza extrema en comparación con 2018. Si bien es un resultado positivo, la reducción fue considerablemente menos pronunciada que la de la pobreza moderada.
El legado de la 4T en materia social es, por tanto, profundamente dual. Representa un cambio de paradigma, del modelo de capital humano (TMC) a un modelo de apoyo directo al ingreso. Esta nueva estrategia demostró ser extraordinariamente eficaz para reducir la pobreza monetaria. Sin embargo, este enfoque en las transferencias se produjo en paralelo a un desmantelamiento de una pieza clave del andamiaje de los servicios sociales (el Seguro Popular), sin una sustitución funcional. Esto revela los enormes riesgos de una política social no integral. La “hazaña” de la reducción de la pobreza es real, pero es unidimensional. La administración resolvió una parte crucial de la ecuación de la pobreza (el ingreso) mientras creaba una crisis histórica en otra (la salud). No se puede, por tanto, proclamar una victoria completa sobre la pobreza multidimensional tal como la define la propia ley mexicana.
Veredicto comparativo sobre legados presidenciales y desafíos futuros
El análisis histórico y de datos (ver Tabla 4) permite sintetizar las conclusiones y ofrecer respuestas directas, basadas en evidencia, a las preguntas que motivaron este informe.
En la era moderna de la medición multidimensional (2008-presente), la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue, sin lugar a dudas, la más efectiva en la reducción de la pobreza. Logró la reducción más grande y rápida tanto en el porcentaje de población en pobreza (una caída de 12.3 puntos) como en el número absoluto de personas pobres (13.4 millones menos). Este es un logro estadísticamente innegable. En una perspectiva histórica más amplia, el periodo del Desarrollo Estabilizador (1950-1982) logró la reducción de la pobreza más sostenida y prolongada, impulsada por un fuerte y constante crecimiento económico. El logro de la 4T es un hito por su magnitud en un corto periodo, impulsado por políticas de redistribución, mientras que el logro del Desarrollo Estabilizador fue un proceso más largo, impulsado por el crecimiento.
La evidencia apunta inequívocamente a la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como el periodo con el mayor aumento neto en el número de personas en pobreza. Utilizando una métrica consistente de ingresos, la pobreza aumentó en casi 16 millones de personas. Con la medición multidimensional, entre 2008 y 2012, el número de pobres creció en 3.8 millones. Si bien el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) experimentó el pico de pobreza más dramático y agudo debido a la crisis de 1995, este fue seguido por una recuperación significativa. El sexenio de Calderón, en cambio, se caracterizó por un deterioro más sostenido a lo largo del periodo.
¿Fue la reducción de la pobreza bajo la 4T una “hazaña”? La respuesta es sí, pero una hazaña paradójica e incompleta. Fue una hazaña de redistribución del ingreso; sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza multidimensional, principalmente a través de la mejora de sus ingresos, es un logro de enorme magnitud. Las políticas de aumento al salario mínimo y la expansión de las transferencias monetarias universales demostraron ser herramientas sumamente poderosas para elevar el piso de bienestar económico de millones de familias.
No obstante, no fue un éxito integral y sin matices. El logro en la dimensión del ingreso tiene como contraparte un fracaso histórico en la dimensión de los derechos sociales. El aumento de 24.4 millones de personas sin acceso a servicios de salud, producto directo de las decisiones de la propia administración, es una mancha indeleble en su legado social. No se puede reclamar una victoria holística sobre la pobreza multidimensional cuando un derecho social fundamental fue vulnerado a una escala tan masiva. La hazaña es real, pero su costo social en el ámbito de la salud fue inmenso.
El análisis de los últimos 50 años ofrece una lección clara para el futuro de la política social en México. La estrategia de la 4T ha demostrado que el apoyo directo y robusto al ingreso es una vía eficaz y rápida para combatir la pobreza monetaria. Por lo tanto, mantener y fortalecer políticas como un salario mínimo digno y programas de transferencias sociales de amplia cobertura parece ser una estrategia acertada. Sin embargo, el desafío más urgente es corregir el error más grave: la reconstrucción de un sistema de salud público que sea verdaderamente universal, funcional y que garantice el derecho a la salud para las decenas de millones que lo perdieron. El futuro del combate a la pobreza en México dependerá de la capacidad del Estado para construir una política social integral, que no sacrifique la provisión de servicios esenciales en el altar de las transferencias monetarias. El camino a seguir requiere una estrategia dual: consolidar los éxitos en la política de ingresos y, con la misma urgencia y determinación, abordar los fracasos en la política de servicios.
