El caso de Hernán Bermúdez Requena expone una alarmante captura del Estado. Quien debía garantizar la paz en Tabasco, ahora es un prófugo internacional, buscado por Interpol por liderar “La Barredora”. Este escándalo sacude a Morena y las instituciones de seguridad, revelando una profunda crisis política y de confianza en el sureste mexicano.
El Guardián de Doble Cara de Tabasco: Anatomía de una Traición a la Seguridad Pública
El caso de Hernán Bermúdez Requena representa una de las más crudas y alarmantes ilustraciones de la captura del Estado en el México contemporáneo. El hombre que fue designado para garantizar la “paz y tranquilidad de las familias tabasqueñas” es hoy un prófugo internacional, buscado por la Interpol bajo la acusación de liderar la misma estructura criminal que tenía el deber de combatir. Esta paradoja sitúa en el centro del huracán no solo a Bermúdez, sino también a su principal patrocinador político, el influyente senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, al actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, cuya administración ha impulsado la investigación en su contra, y al grupo delictivo conocido como “La Barredora”, presuntamente encabezado por el propio exsecretario bajo el alias de “Comandante H”. El escándalo ha desatado una crisis política de primer orden para el partido gobernante, Morena, y ha puesto en duda la integridad de las instituciones de seguridad del estado.
Para un análisis riguroso, es imperativo establecer una distinción clara desde el principio. El sujeto de este informe es Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante las administraciones de Morena. No debe ser confundido con Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, también implicado en graves delitos pero en un contexto estatal y político completamente diferente. Ignorar esta diferencia es caer en la desinformación; aclararla es el primer paso para desentrañar las certezas y dudas de un caso que ha sacudido los cimientos del poder en el sureste mexicano.
El Ascenso de una Figura Controvertida: La Carrera de Hernán Bermúdez Requena
Inicios y forja de alianzas (1990-2018)
La trayectoria de Hernán Bermúdez Requena en el servicio público no es reciente, sino que se remonta a la década de 1990, bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director de Seguridad Pública durante la administración del gobernador Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994) y, posteriormente, como director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) bajo el mandato de Roberto Madrazo Pintado (1995-1997).
Fue precisamente durante el gobierno de Gurría Ordóñez cuando su camino se cruzó por primera vez con el de un joven y ascendente Adán Augusto López Hernández, quien en ese entonces fungía como subsecretario de Gobierno. Esta conexión temprana forjó una relación de amistad y confianza que perduraría por décadas, trascendiendo afiliaciones partidistas y culminando en su nombramiento clave años después, ya bajo la bandera de Morena.
No obstante, la figura de Bermúdez ya arrastraba un historial de sospechas. Informes periodísticos señalan que, incluso en su etapa priista, figuras políticas de peso como Roberto Madrazo y Manuel Andrade habrían rechazado sugerencias de designarlo para altos mandos policiales. Esta reticencia temprana indica que su reputación ya era motivo de preocupación en los círculos de poder tabasqueños, una señal de alerta que, años más tarde, sería ignorada.
Nombramiento como zar de la seguridad de Tabasco (diciembre de 2019)
El 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, nombró oficialmente a Hernán Bermúdez Requena como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El nombramiento se produjo tras la renuncia de su antecesor, Ángel Mario Balcázar, quien dejó el cargo alegando “motivos personales”. En el acto público, López Hernández conminó a Bermúdez a “mantener la política de seguridad y darle continuidad a las acciones estratégicas” para garantizar la paz en el estado.
Bermúdez se mantuvo en esta poderosa posición hasta su renuncia el 5 de enero de 2024. Su permanencia fue ratificada incluso por el gobernador interino, Carlos Manuel Merino Campos, quien asumió el cargo después de que Adán Augusto López solicitara licencia para integrarse al gabinete federal como secretario de Gobernación.
Un nombramiento deliberado, no un descuido
La designación de Hernán Bermúdez no puede ser interpretada como un simple error de juicio político o un favor a un viejo amigo. La evidencia disponible sugiere que fue una decisión deliberada, tomada a pesar de advertencias de inteligencia creíbles y preexistentes. Los servicios de inteligencia militar ya investigaban a Bermúdez por posibles vínculos con el crimen organizado, específicamente con “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desde 2019, es decir, antes de que fuera nombrado titular de la SSPC. En ese momento, ocupaba el cargo de director de la Policía de Investigación del estado, una posición que lo hacía sujeto a una rigurosa verificación de antecedentes por parte de las agencias de seguridad.
El hecho de que el gobernador Adán Augusto López procediera con el nombramiento a pesar de estas “alertas” plantea dos escenarios, ambos profundamente preocupantes para la gobernabilidad. El primero es que la máxima autoridad del estado no estuviera al tanto de los informes de su propia inteligencia militar, lo que constituiría una falla catastrófica en la comunicación y coordinación de la seguridad estatal. El segundo, y más plausible dada la larga relación personal entre ambos, es que el gobernador recibió los informes de inteligencia y decidió ignorarlos, ya sea por un acto de complicidad o por una negligencia de consecuencias mayúsculas. Esta disyuntiva transforma la narrativa de un mero error político a un posible acto de protección estatal hacia un actor criminal desde el inicio de su gestión.
“La Barredora”: Anatomía de un Poder Criminal
Origen y estructura: de escisión de cártel a entidad con protección estatal
El origen de “La Barredora” es complejo y multifacético. El nombre apareció por primera vez en Tabasco alrededor de 2009, en el contexto de la violenta fragmentación de la Organización de los Beltrán Leyva. En su encarnación más reciente, se ha identificado como un grupo local que inicialmente operó como una célula o aliado del CJNG para ocupar el vacío de poder dejado por Los Zetas en la región. Sin embargo, esta alianza se fracturó, desencadenando una violenta guerra territorial entre “La Barredora” y el CJNG, que se convirtió en uno de los principales motores de la violencia en Tabasco.
Más allá de sus orígenes como grupo delictivo, informes de inteligencia y análisis periodísticos sugieren que “La Barredora” evolucionó hasta convertirse en lo que se ha descrito como un “cártel policiaco”. Se alega que operaba con protección institucional desde el interior de la propia SSPC bajo el mando de Bermúdez, utilizando recursos, protección y dirección de la secretaría para consolidar su poder.
Portafolio criminal y modus operandi
“La Barredora” está implicada en un amplio abanico de actividades ilícitas que han aterrorizado a la población de Tabasco. Su portafolio incluye:
- Robo de combustible (huachicoleo): Considerada una de sus principales fuentes de ingresos, la organización construyó una red de protección institucional que le permitió controlar este mercado en la entidad.
- Extorsión, secuestro y homicidio: Estos delitos de alto impacto son utilizados de forma sistemática para ejercer control territorial, eliminar rivales y generar ingresos.
- Narcotráfico y tráfico de personas: Aprovechando la posición geográfica de Tabasco, el grupo controla rutas para el trasiego de drogas (narcomenudeo) y el tráfico de migrantes, extorsionando a traficantes y a los propios migrantes.
La organización criminal ha demostrado tener una presencia significativa en municipios clave como Centro (donde se ubica la capital, Villahermosa), Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso.
Liderazgo y red operativa
La estructura de “La Barredora” revela una organización jerárquica con roles definidos:
- Hernán Bermúdez Requena (“Comandante H”): Señalado como el presunto líder máximo, habría utilizado su posición como titular de la SSPC para proporcionar protección, filtrar información sobre operativos y dirigir las actividades del grupo.
- Líderes subordinados: La red incluía a figuras como Benjamín Mollinedo Montiel (“El Pantera”), Francisco Javier Custodio Luna (“Guasón”), un expolicía que mantenía vínculos con agentes activos para obtener información de inteligencia y coordinar ataques, y Alejandro “N” (“Furcio”), presuntamente responsable de al menos diez homicidios.
- Brazo legal y financiero: La detención en enero de 2024 de Carlos Tomás “N”, identificado como abogado de Bermúdez y uno de los principales operadores financieros, expuso el nivel de profesionalización del grupo. Se le acusa de gestionar extorsiones, tráfico de personas y venta de droga en Villahermosa mientras Bermúdez aún era secretario de seguridad.
Perfil de operaciones criminales de “La Barredora”
En Centro (Villahermosa) y Nacajuca, las principales actividades ilícitas incluían extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo, tráfico de drogas y migrantes, así como maquila y distribución de droga. Los líderes y operadores clave conocidos eran Hernán Bermúdez (“Comandante H”), Carlos Tomás “N” (abogado y operador financiero), Alejandro “N” (“Furcio”) y Amado “N” (padre de un líder, encargado de maquila). En diciembre de 2023, Villahermosa experimentó una ola de asaltos masivos a comercios, y en enero de 2025 se produjo la detención del operador financiero Carlos Tomás “N”.
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En Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso, el grupo se enfocaba en robo de combustible (huachicoleo), extorsión, tráfico de migrantes y robo de droga. Figuras como Benjamín Mollinedo (“El Pantera”) y Ulises Pinto (mano derecha de Bermúdez) eran claves. En 2020, “El Pantera” tomó el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas con autorización del “Comandante H”, y fue capturado en 2021.
En Jalpa de Méndez y Nacajuca, se registraron homicidios de bandas rivales y narcomenudeo de cristal, marihuana y piedra. Arturo “N” (“El Jarocho”) era un operador relevante, y una célula vinculada a cinco homicidios fue detenida, frustrándose un plan para agredir a un policía municipal.
En Tenosique, se identificó una casa de seguridad para el trasiego de droga y armas hacia Villahermosa, operada por Alejandro “N” (de nacionalidad cubana), Manuel “N”, Wilber Iván “N” y Pedro “N”. Esta casa de seguridad fue desmantelada tras un enfrentamiento con autoridades.
Finalmente, en todo el estado, se observaron enfrentamientos armados, bloqueos, quema de vehículos y motines en penales, todos relacionados con disputas territoriales. “Guasón” (Francisco Javier Custodio Luna), un expolicía, actuaba como enlace con agentes activos. En diciembre de 2023, hubo un violento enfrentamiento entre facciones de “La Barredora” y el CJNG en Villahermosa, y en marzo de 2025 se detuvo al “Guasón”.
Las Alarmas Ignoradas: Fugas de Inteligencia y Complicidad Institucional
Advertencias tempranas de la inteligencia militar (2019-2021)
Las acusaciones contra Hernán Bermúdez no surgieron de la noche a la mañana. Documentos oficiales indican que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya tenía en la mira al funcionario desde 2019, incluso antes de su nombramiento como máximo responsable de la seguridad en Tabasco.
Una alerta de inteligencia militar, fechada el 2 de febrero de 2021, es particularmente reveladora. El documento advertía explícitamente sobre el “posible involucramiento de autoridades del estado de Tabasco en actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada” y mencionaba una investigación en curso dirigida específicamente contra el entonces secretario de seguridad pública. A pesar de la existencia de estos informes formales, Bermúdez no solo se mantuvo en su puesto, sino que fue ratificado. Esta inacción plantea una pregunta fundamental, como lo expresó un análisis periodístico: “si se enteró [Adán Augusto] y no actuó es muy grave, si el ejército no lo informó también es muy delicado”.
Los “Guacamaya Leaks”: Exposición pública y negación oficial (2022)
El escándalo alcanzó una dimensión pública ineludible en 2022 con la filtración masiva de documentos de la Sedena por parte del colectivo de hacktivistas “Guacamaya”. Entre los seis terabytes de información confidencial, se encontraban al menos 16 informes de inteligencia militar que identificaban inequívocamente a Hernán Bermúdez como el “Comandante H”, señalándolo como un operador clave para “La Barredora” y, en ese momento, para el CJNG. Las filtraciones detallaban su presunto papel en la autorización de “plazas” (territorios de operación) para líderes criminales como “El Pantera”.
Este fue el punto de inflexión en el que las acusaciones pasaron de ser rumores y sospechas a estar respaldadas por documentos de inteligencia militar, aunque su divulgación no fuera por canales oficiales.
La respuesta oficial: desestimación y desvío
La reacción del poder político ante estas revelaciones no fue iniciar una investigación, sino una estrategia de negación y ataque. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, descalificó las filtraciones, acusando a la prensa de “inventar” y de ser “conservadores”. Adán Augusto López, para entonces ya secretario de Gobernación, se sumó a la desestimación, afirmando que los documentos filtrados carecían de credibilidad.
Por su parte, el propio Hernán Bermúdez negó públicamente la existencia de cárteles consolidados en Tabasco, refiriéndose a los grupos criminales como simples “bandas locales” y calificando las acusaciones en su contra como “difamaciones”.
Un patrón de ceguera deliberada
La respuesta de las autoridades ante las crecientes evidencias no puede ser vista como casos aislados de mal juicio. El patrón consistente de desestimar informes de inteligencia provenientes de múltiples fuentes a lo largo de varios años sugiere una decisión política de alto nivel para proteger a Hernán Bermúdez. Las advertencias no fueron un evento único; comenzaron en 2019, se formalizaron en un reporte específico en 2021 y se hicieron públicas de forma masiva en 2022 a través de los “Guacamaya Leaks”.
La fuente de estas advertencias no era trivial; se trataba de informes internos de la Sedena, la institución de seguridad más poderosa del país. La respuesta desde las más altas esferas del poder político, incluyendo la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, no fue investigar las graves acusaciones, sino atacar la credibilidad de la información y de quienes la difundían. Este patrón demuestra una clara preferencia por la lealtad política hacia un funcionario y su patrocinador sobre los protocolos de seguridad nacional y el estado de derecho. La información fue tratada como una inconveniencia política que debía ser gestionada, no como una amenaza a la seguridad que debía ser neutralizada. Esta es la esencia de la complicidad política.
El Desenlace: Violencia, Renuncia y Fuga
El punto de quiebre: la violencia de finales de 2023 y principios de 2024
La situación en Tabasco se volvió insostenible a finales de 2023. El 22 de diciembre, un violento enfrentamiento entre facciones rivales de “La Barredora” en Villahermosa desató el caos, con balaceras y vehículos incendiados. Este evento fue el preludio de una ola de violencia coordinada que sacudió al estado en los días siguientes. Se registraron robos masivos y simultáneos a comercios, más quemas de vehículos en las carreteras y motines en los penales de Villahermosa, Cárdenas y Comalcalco. La crisis escaló a tal punto que incluso la casa del propio Bermúdez fue atacada por un comando armado.
Esta explosión de violencia, que la SSPC bajo su mando fue incapaz de contener, generó una inmensa presión pública y política, haciendo su permanencia en el cargo indefendible.
Renuncia, escape y cacería internacional
El 5 de enero de 2024, en medio de la crisis de seguridad, Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia al cargo. Fue reemplazado inicialmente por José del Carmen Castillo Ramírez como encargado de despacho, y posteriormente por el general de brigada Víctor Hugo Chávez Martínez.
Sin embargo, la renuncia fue solo el primer acto de su desaparición. Según informes de la SSPC federal y altos mandos militares, Bermúdez huyó de México en el mismo mes de enero de 2024. El 14 de febrero de 2024 se giró formalmente una orden de aprehensión en su contra. Actualmente, es un prófugo de la justicia con una ficha roja de la Interpol emitida para su localización y captura en más de 190 países. La ruta de su escape, según se ha informado, partió de Mérida, Yucatán, con destino a Panamá, luego a España, y su última ubicación conocida sería Brasil.
¿Una fuga coordinada?
La cronología de los eventos que rodearon la renuncia y fuga de Bermúdez sugiere que su escape fue más una operación planificada que una reacción de pánico. El análisis de las fechas es revelador: Bermúdez renunció el 5 de enero de 2024, en el apogeo de la crisis de violencia. Abandonó el país en algún momento de ese mismo mes. Sin embargo, la orden de aprehensión formal en su contra no fue emitida sino hasta el 14 de febrero de 2024.
Este desfase de varias semanas entre su salida del país y la emisión de la orden judicial es crítico. Un fugitivo con una orden de aprehensión activa enfrentaría enormes dificultades para salir por puertos de entrada oficiales. Huir antes de que la orden se haga efectiva es una táctica clásica de sospechosos de alto nivel que cuentan con información privilegiada. Esto implica que Bermúdez o sus protectores sabían que la orden era inminente y utilizaron la renuncia como una cortina de humo para facilitar su salida sin impedimentos del territorio nacional, lo que apunta a una posible filtración desde el interior del mismo sistema de justicia que estaba construyendo el caso en su contra.
El Terremoto Político: El Momento “García Luna” de Morena
La cuestión Adán Augusto: un muro de silencio y protección
La figura política central en este escándalo es el senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien no solo nombró a Bermúdez, sino que lo mantuvo en el poder a pesar de las múltiples advertencias. A pesar de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su protegido, López Hernández ha optado por un conspicuo silencio público, negándose a hacer declaraciones (julio de 2025), llegando incluso a ausentarse de sesiones clave del Congreso para evitar cuestionamientos.
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En paralelo, el gobierno federal y la dirigencia de Morena han levantado un muro de protección a su alrededor. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado repetidamente que Adán Augusto “no se está investigando” y que no tiene “responsabilidad ejecutiva” en el caso (julio de 2025). La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha secundado esta postura, afirmando que el senador “no tiene nada que aclarar” (julio de 2025).
Fisuras internas: las facciones de May y López en Tabasco
La investigación contra Bermúdez cobró un impulso decisivo bajo la administración del actual gobernador, Javier May Rodríguez. Fue May quien declaró públicamente que era de “dominio público” que Bermúdez lideraba “La Barredora” (noviembre de 2024 / julio de 2025), afirmando que la investigación seguirá su curso. Esta postura ha sido interpretada en círculos políticos como una clara señal de la lucha de poder interna en Morena Tabasco entre la facción leal al actual gobernador y la que sigue ligada a Adán Augusto López. La contundente declaración de José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de May, de que “está saliendo toda la pudrición”, y que “el compromiso de Javier May no es con los delincuentes”, es vista como un dardo directo a la administración anterior (julio de 2025).
Control de daños: la expulsión de un militante contaminado
El escándalo se tornó aún más embarazoso para Morena cuando se descubrió que Hernán Bermúdez era un militante registrado del partido desde 2022 o 2023, contradiciendo las negaciones iniciales de la dirigencia estatal.
Como medida de control de daños, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un procedimiento de oficio para su expulsión. El primer paso fue la suspensión de sus derechos partidarios en julio, un acto reactivo para distanciar al partido de un activo que se había vuelto políticamente tóxico. La justificación oficial fue que sus presuntos actos delictivos constituyen “infracciones a los documentos básicos de nuestro partido-movimiento”.
Actores políticos clave: posiciones y declaraciones
El caso de Hernán Bermúdez Requena deja tras de sí un campo minado de implicaciones políticas y criminales. Al separar los hechos comprobados de las preguntas que aún exigen respuesta, se puede trazar un mapa de la crisis.
Las certezas (hechos establecidos):
- Hernán Bermúdez Requena fue nombrado y sostenido como jefe de la seguridad de Tabasco por Adán Augusto López y su sucesor, a pesar de múltiples y específicos informes de inteligencia de la Sedena que lo vinculaban con el crimen organizado desde antes de su nombramiento.
- Era un militante oficial del partido Morena desde al menos 2022, lo que lo vincula orgánicamente al proyecto político en el poder.
- Actualmente es un prófugo internacional con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, acusado de liderar el grupo criminal “La Barredora”.
- Su gestión coincidió con una escalada dramática de la violencia en Tabasco, directamente atribuida a las actividades y guerras territoriales de la organización que presuntamente dirigía.
Las dudas (preguntas sin respuesta):
- La profundidad de la complicidad: ¿Qué sabía exactamente Adán Augusto López y cuándo lo supo? ¿Fue su decisión de nombrar y proteger a Bermúdez un acto de negligencia monumental, de amiguismo irresponsable o de participación activa en la empresa criminal? Su silencio es el epicentro del enigma.
- El fallo sistémico: ¿Por qué el aparato de seguridad federal, incluyendo el Ejército y las agencias de inteligencia, no actuó de manera decisiva sobre sus propios informes durante años? ¿Se debió a una directriz política desde las altas esferas del poder o a una fractura institucional?
- El alcance de la red: ¿Cuántos otros funcionarios del gobierno de Tabasco, de las fuerzas policiales y del sistema judicial siguen comprometidos con la red de “La Barredora”? La depuración de más de 470 policías y custodios penitenciarios sugiere que la infiltración es profunda y sistémica.
- El fin político: ¿La investigación actual, impulsada por el gobernador May, es un esfuerzo genuino por alcanzar la justicia o es principalmente una herramienta en una disputa de poder interna de Morena? ¿La promesa de llegar “tope hasta donde tope” se cumplirá, o se detendrá antes de implicar a figuras de la talla de Adán Augusto López?
Perspectivas a Futuro y la Sombra que Persiste sobre Tabasco
El caso Bermúdez se erige como la prueba de fuego para el discurso anticorrupción del gobierno de Morena. Traslada el debate sobre la corrupción de las administraciones pasadas, simbolizada por el caso de Genaro García Luna, para colocarlo directamente en el corazón de la actual.
Resolver esta crisis requerirá mucho más que la captura de un fugitivo. Exige una investigación transparente y exhaustiva sobre la red política que lo habilitó y protegió, una purga real de las instituciones de seguridad comprometidas y, fundamentalmente, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que impidan que una traición de esta magnitud a la confianza pública vuelva a ocurrir. Hasta que estas preguntas fundamentales no sean respondidas, la sombra del “Comandante H” seguirá planeando sobre Tabasco y sobre el partido en el poder.
