La nueva administración de Claudia Sheinbaum ha marcado una clara línea en materia de hacienda pública. En un pronunciamiento directo desde Palacio Nacional, la presidenta ha dejado claro que la política fiscal sheinbaum se fundamenta en la inquebrantable premisa de que “la ley no se negocia”, exigiendo a cada contribuyente el pago íntegro de sus obligaciones.
La ley no se negocia: Un cambio de paradigma fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente: el Gobierno de México no cederá en la aplicación de la ley. “No se negocia la ley”, aseguró Sheinbaum, enfatizando que cada contribuyente debe cumplir con el pago que le corresponde. Desde Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal recordó que, durante el antiguo esquema de consolidación fiscal, existían empresas que activamente buscaban minimizar sus obligaciones tributarias.
Fin de las mesas “en lo oscurito”
En una declaración que subraya un giro en la administración pública, la presidenta Sheinbaum aclaró que su gobierno no realizará mesas técnicas ni negociaciones “en lo oscurito” con empresa alguna para reducir el monto de sus impuestos. “Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado”, afirmó con determinación. Añadió que, aunque no se cierran las puertas a nadie, “negociación de la ley, nunca”, citando al expresidente Juárez: “nada ni nadie por encima de la ley, se llama Estado de derecho para todas y aparato”.
El derecho de audiencia garantizado, pero sin excepciones
A pesar de la firmeza en la aplicación de la normativa, la presidenta Sheinbaum detalló que los contribuyentes conservan su derecho de audiencia. Aseguró que las puertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están “abiertas siempre a cualquier persona”. Sin embargo, hizo hincapié en que esta apertura no implica una flexibilización de las normas: “Esto no es autoritarismo […] pero la ley es la ley”, sentenció, reforzando la inquebrantable posición de su administración frente a las obligaciones fiscales.
Con esta postura inquebrantable, la administración de Sheinbaum traza una nueva ruta en la relación entre el Estado y los contribuyentes. ¿Será esta firmeza suficiente para erradicar las prácticas del pasado y consolidar un verdadero estado de derecho fiscal en México?
