El clima político se calentó durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, los mandatarios estatales confrontaron a la federación con una exigencia unificada: mayores recursos para la seguridad pública en México. El debate, marcado por la extorsión y la falta de presupuesto, evidenció la fractura en la Estrategia Nacional.
Las demandas de financiamiento en la 52ª Sesión ordinaria
El pasado 11 de diciembre de 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Pública celebró su 52ª Sesión Ordinaria, un espacio que se convirtió en una tribuna para que los gobernadores expusieran sus necesidades financieras y operativas. La solicitud general fue clara: se requieren más recursos en materia de seguridad y la urgencia de combatir la extorsión a nivel nacional.
La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, asumió la vocería de los mandatarios de Acción Nacional, destacando la coordinación como la clave para obtener resultados.
> “En Aguascalientes tenemos claro que la violencia y la delincuencia no distingue colores ni partidos, y que la ciudadanía paga nuestros salarios para que les demos resultados, esto solo se alcanza cuando hay un objetivo común y un trabajo coordinado y en equipo”, sentenció Jiménez.
Logros y peticiones específicas de los estados
El mensaje de la gobernadora Jiménez incluyó el reporte de logros destacados en su estado, así como las demandas específicas de las entidades que representa:
- Aguascalientes: Registró cero homicidios dolosos en el mes de noviembre, posicionándose como el primer lugar a nivel nacional.
- Querétaro: Se destacó que, a partir de sus resultados, “la estrategia integral de seguridad de su gobierno está funcionando en el estado de Querétaro”.
- Chihuahua: Se solicitó expresamente más recursos para la policía, tanto la estatal como la municipal.
- Guanajuato: Se pidió atender las llamadas de extorsión que se originan desde los penales, especialmente desde el penal de Tamaulipas, buscando la inhibición de la señal.
Teresa Jiménez concluyó su participación reafirmando el compromiso de sus estados con la estrategia: “México cuenta con Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, y por supuesto con Aguascalientes”.
Elogios a la estrategia y el compromiso de homologación
En un tono conciliador, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, habló a nombre del mandatario de Durango. El gobernador de Coahuila destacó la detención reciente de Edgar “N”, alias “El Limones”, una figura relacionada con los delitos de extorsión. Detalló que “era un tema que traíamos ahí, es algo importante”.
Tanto Durango como Coahuila reportaron tener los mejores indicadores de seguridad desde que existen las mediciones. Los mandatarios coincidieron en que el nuevo modelo y la estrategia de seguridad planteada por la presidenta “está funcionando”.
Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, habló en representación de los gobernadores de Morena. Estos respaldaron la Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión. El mandatario michoacano aseguró que:
> “Los estados tenemos el pleno compromiso y objetivo de homologarnos a este tipo penal, uniforme a nivel nacional del delito de extorsión”.
La urgencia de Nuevo León y Jalisco: presupuestos bloqueados y el mundial
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fijó una posición junto con el gobierno de Jalisco, expresando una queja central respecto al financiamiento. García mencionó que su estado ha intentado obtener un presupuesto enfocado en seguridad durante dos años, y parece que se enfrentarán a un tercer año sin conseguirlo.
Samuel García pidió que, como mesa nacional de seguridad pública, se deje de “politizar” el tema y se cierren filas para mejorar la seguridad pública de los estados.
Aunque tanto Nuevo León como Jalisco han logrado la disminución de índices delictivos, el gobernador García señaló que aún falta trabajar en la violencia familiar y en el tema de los desaparecidos. Por ello, ambas entidades presentaron una propuesta conjunta para atender este flagelo.
A petición expresa de “Lemus”, el gobernador García expuso otras tres solicitudes cruciales:
- Solicitar apoyo en aeropuertos con temas del Uber y del transporte de arrendamiento.
- Incrementar la seguridad en las centrales de autobús mediante algunas medidas para quien usa el transporte de pasajeros.
- Solicitar encarecidamente la reforma a la Ley de Disciplina Financiera. Según García, esta ley “bloquea” a los estados que, como en el contexto de la organización del Mundial, desean contratar una mayor cantidad de policías para eventos.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública no solo ratificó que la extorsión sigue siendo un cáncer prioritario, sino que puso de manifiesto el desbalance entre las responsabilidades de los estados y el soporte presupuestal de la federación. ¿Hasta qué punto puede operar la Estrategia Nacional de Seguridad si los gobernadores claman por recursos que el gobierno central no logra o no quiere liberar?
