El escándalo que envuelve a los hermanos Bermúdez Requena en Tabasco va más allá de un simple caso de corrupción. Expone una sofisticada simbiosis entre la alta política, las fuerzas de seguridad del estado, el crimen organizado y una empresa transnacional de apuestas, diseñada para operaciones financieras a gran escala.
El nexo de poder, crimen y comercio
La narrativa se centra en un nexo estructurado sobre tres pilares fundamentales: Adán Augusto López Hernández, el presunto patrocinador político y facilitador legal; Hernán Bermúdez Requena, el ejecutor estatal y supuesto líder criminal; y Humberto Bermúdez Requena, el operador financiero. Este entramado se complementa con Gerardo Bermúdez Arreola, operador internacional con un frente en Paraguay.
La trama central es alarmante. Un exsecretario de seguridad estatal, nombrado por un poderoso gobernador que luego se convertiría en secretario de gobernación de México, es hoy un prófugo de la justicia internacional. Se le busca por presuntamente liderar una célula de uno de los cárteles más violentos del país. Simultáneamente, su hermano, Humberto, opera un imperio de apuestas en línea y casinos físicos con presencia en al menos ocho países. El vínculo que une estas esferas, la criminal y la empresarial, se solidificó a través de un acto de fe pública. La empresa que sirvió de vehículo para el negocio de las apuestas fue constituida ante una notaría directamente vinculada a Adán Augusto López, quien ejerció como notario público antes de consolidar su poder político.
Este informe detalla la intrincada red que conecta a estos actores, exponiendo las operaciones del grupo criminal “La Barredora” y el entramado internacional de apuestas. Se trazan las líneas de influencia, las sociedades comerciales y los lazos familiares que entrelazan la política, la seguridad estatal y la empresa ilícita. Finalmente, se analizan las consecuencias legales y políticas de su desmantelamiento, incluyendo las investigaciones oficiales, las órdenes de aprehensión y las profundas fisuras que ha provocado dentro del partido gobernante en México, Morena.
El arquitecto político: Adán Augusto López y la gubernatura de Tabasco
El papel de Adán Augusto López Hernández en este entramado trasciende el de un político que nombró a un funcionario controvertido. El análisis de su trayectoria y sus acciones sugiere una posible función como arquitecto y protector del sistema. Su doble faceta histórica, como notario público y como político de alto rango, es un elemento central para comprender la estructura fundamental de la red.
Trayectoria política y ascenso al poder
La carrera política de López Hernández es un ejemplo de pragmatismo y adaptación. Inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocupando cargos en la administración pública de Tabasco durante la década de 1990. Fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y subsecretario de gobierno y asuntos jurídicos. Posteriormente, transitó hacia el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que fue diputado local y federal. Finalmente, se unió al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como miembro fundador, consolidando su carrera al ganar la gubernatura de Tabasco para el periodo 2019-2024. Su mandato fue interrumpido en agosto de 2021 al ser nombrado secretario de gobernación por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, una posición que lo colocó en el epicentro del poder federal. Actualmente, se desempeña como coordinador de la bancada de Morena en el senado de la república.
El nombramiento y la defensa de Hernán Bermúdez
El 11 de diciembre de 2019, ya como gobernador, Adán Augusto López nombró a Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Esta decisión se mantuvo firme a pesar de la existencia de informes de inteligencia militar que surgieron de la filtración masiva conocida como “Guacamaya Leaks”. Dichos documentos, fechados entre 2019 y 2022, identificaban inequívocamente a Bermúdez con el alias de “Comandante H” y lo señalaban como el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de estas graves acusaciones, López Hernández no solo mantuvo a Bermúdez en su cargo, sino que lo ha defendido públicamente tras el estallido del escándalo. Su defensa se basa en una negación categórica de cualquier conocimiento previo sobre las presuntas actividades ilícitas de su subordinado. “No sospeché, si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo”, declaró, argumentando que los resultados en la reducción de la delincuencia durante su gestión avalaban su decisión. Ha calificado el escándalo como un producto de la “politiquería” y la “desinformación”, afirmando que la primera vez que escuchó sobre “La Barredora” fue a raíz de las filtraciones de Guacamaya Leaks.
Esta postura de desconocimiento resulta difícil de conciliar con las responsabilidades inherentes al cargo de gobernador, quien preside las mesas de seguridad estatales y es, por protocolo, receptor de la inteligencia sensible generada por las agencias federales y militares. El hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) poseyera informes desde 2019 que implicaban directamente a su jefe de seguridad sugiere que, o bien existió una falla catastrófica en los canales de comunicación de inteligencia, o bien se tomó la decisión de ignorar deliberadamente las advertencias. Por lo tanto, la defensa de López Hernández puede interpretarse no como una declaración fáctica, sino como una estrategia política de negación plausible, diseñada para aislarse de la responsabilidad penal y política.
El sello del notario: ¿Un conflicto de intereses?
Un elemento crucial que eleva el caso más allá del simple amiguismo político es el rol previo de Adán Augusto López como fedatario público. Es el titular de la Notaría Pública No. 27 en Villahermosa, Tabasco, y su preparación académica incluye un diplomado en derecho notarial. Una investigación de la organización Mexicanos Contra la corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un hecho fundamental: Una empresa vinculada directamente a la red de apuestas de la familia Bermúdez fue constituida ante una notaría asociada a López Hernández.
La compañía en cuestión, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., fue legalmente establecida en noviembre de 2017. Este acto, aunque pudiera ser legal en sí mismo, constituye un eslabón crítico en la cadena de eventos. Representa el punto de origen donde la esfera política y la financiera se entrelazan. Ocurrió antes de que López asumiera la gubernatura y nombrara a Hernán Bermúdez, pero estableció un vínculo tangible entre él y los intereses empresariales de la familia Bermúdez. El sello notarial no fue un detalle incidental; fue el acto fundacional que otorgó una fachada de legitimidad legal a la empresa que presuntamente serviría como vehículo para el imperio financiero del hermano de su futuro jefe de seguridad. Este hecho sugiere una relación preexistente que va más allá de un simple nombramiento político, colocando al notario como un facilitador estructural del entramado.
El ejecutor estatal: Hernán Bermúdez Requena y “La Barredora”
Si Adán Augusto López fue el arquitecto político, Hernán Bermúdez Requena fue presuntamente el brazo ejecutor de la operación. Su perfil revela cómo, supuestamente, utilizó su posición oficial y el aparato de seguridad del estado para comandar una organización criminal, encarnando un caso paradigmático de captura del estado.
Una carrera en la seguridad pública
La trayectoria de Hernán Bermúdez lo establece como una figura arraigada en las estructuras de poder de Tabasco durante décadas. Su carrera en el sector de la seguridad y la justicia se remonta a los años 90, habiendo servido como director de seguridad pública durante el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994) y posteriormente como director del penal estatal bajo el mandato de Roberto Madrazo Pintado (1995-1997). Esta larga permanencia en puestos clave le proporcionó un profundo conocimiento del funcionamiento interno de las fuerzas del orden y del sistema judicial del estado, culminando con su nombramiento como secretario de seguridad por Adán Augusto López en 2019.
“Comandante H” y las filtraciones de Guacamaya
La exposición pública de sus presuntos nexos criminales llegó con la filtración de documentos de la SEDENA por parte del colectivo hacktivista Guacamaya. En estos informes de inteligencia, Bermúdez Requena era identificado con el alias de “Comandante H”. Los reportes militares, algunos de los cuales datan de 2019 —el mismo año de su nombramiento—, lo señalaban explícitamente como el líder de “La Barredora”, un grupo delictivo que operaba como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.
El modus operandi de “La Barredora”
Bajo el presunto liderazgo de Bermúdez, “La Barredora” se dedicó a una amplia gama de actividades ilícitas que aterrorizaron a la región. Sus operaciones incluían el robo de combustible (conocido como “huachicol”), la extorsión a empresas y ciudadanos, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Las investigaciones de MCCI revelaron que las actividades del grupo eran particularmente audaces, llegando a involucrar el robo de combustible directamente de los barcos que atracaban en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, precisamente donde el gobierno federal construía la Refinería Olmeca, una de sus obras de infraestructura más emblemáticas.
La confianza y la impunidad con la que operaba la organización eran extraordinarias. Conversaciones interceptadas por la SEDENA y reveladas por MCCI muestran que “La Barredora” tenía planes para rentar terrenos y suministrar hasta 180,000 litros de combustible robado a la semana para las obras de construcción del Tren Maya, otro de los proyectos prioritarios del gobierno federal. Este nivel de audacia sugiere que la red criminal no solo se sentía protegida, sino que consideraba las obras insignia del estado no como un riesgo, sino como una lucrativa oportunidad de negocio, convencida de que su blindaje político era absoluto.
Este es un claro ejemplo de captura del estado en su forma más extrema. No se trataba de un líder criminal que sobornaba a funcionarios, sino del más alto funcionario de seguridad del estado actuando presuntamente como el líder criminal. Hernán Bermúdez habría utilizado los recursos del estado —su personal, su inteligencia, sus vehículos y su autoridad— como las herramientas principales de su empresa delictiva. “La Barredora” no era simplemente protegida por el estado; era, presuntamente, comandada desde dentro de él.
Renuncia, fuga y batalla legal
La caída de Bermúdez comenzó a finales de 2023. Tras un ataque armado contra su propio domicilio en diciembre, Villahermosa se sumió en una ola de violencia a principios de 2024, con asaltos e incendios provocados. En medio de este caos, Hernán Bermúdez presentó su renuncia el 5 de enero de 2024.
Poco después, las autoridades comenzaron a actuar. El 14 de febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, para entonces, ya había abandonado el país; los registros indican que salió de México el 26 de enero de 2025. Actualmente, es buscado por la Interpol en 196 países. Desde la clandestinidad, ha emprendido una batalla legal para evitar su captura, obteniendo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, una táctica legal común en México para retrasar los procesos judiciales.
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El frente empresarial: Humberto Bermúdez y la empresa de apuestas
Mientras Hernán Bermúdez presuntamente dirigía las operaciones criminales en Tabasco, su hermano Humberto Bermúdez Requena se encargaba de la cara “legítima” y financiera de las empresas familiares. Esta división de roles es característica de las organizaciones criminales sofisticadas, donde un brazo se encarga de la violencia y la generación de ingresos ilícitos, mientras otro gestiona empresas aparentemente legales para lavar el dinero y proyectar una imagen de respetabilidad.
De la construcción a las apuestas
La sociedad entre los hermanos Bermúdez no es reciente. Previamente, Hernán y Humberto fueron socios en la empresa constructora Rager S.A. de C.V. Posteriormente, Hernán vendió sus acciones a su hermano Humberto, pero este hecho establece un historial de intereses comerciales compartidos. El punto de inflexión en la estrategia empresarial de Humberto ocurrió en 2011, cuando diversificó sus actividades y se expandió hacia el negocio de las apuestas. Esta decisión, tomada años antes del ascenso de Morena al poder, sentó las bases para lo que se convertiría en un vasto imperio del juego.
El imperio de apuestas: CrownCity y CityBets
Humberto Bermúdez está directamente vinculado a la operación de plataformas de apuestas en línea como CrownCity y CityBets, así como a casinos físicos. Este no era un negocio local o menor; la red de apuestas tenía presencia en al menos ocho países, lo que demuestra una operación internacional con una logística y un capital significativos. La estructura corporativa que probablemente sirvió como vehículo para estas operaciones en México fue la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., la misma que fue constituida en la notaría vinculada a Adán Augusto López en 2017.
Esta estructura dual de los hermanos Bermúdez representa una simbiosis clásica en el mundo del crimen organizado. Por un lado, Hernán, a través de “La Barredora”, presuntamente generaba enormes cantidades de dinero en efectivo no rastreable mediante actividades como la extorsión y el huachicol. Por otro lado, Humberto dirigía un negocio internacional que es un vehículo ideal para el lavado de dinero. Los casinos y las plataformas de apuestas en línea son conocidos por su alta rotación de efectivo y sus complejas transacciones transfronterizas, lo que dificulta el seguimiento de los fondos. La empresa de Humberto proporcionaba la estructura perfecta para absorber, legitimar y movilizar las ganancias generadas por las actividades criminales de su hermano. El imperio de las apuestas puede ser visto como la evolución lógica y a gran escala de su asociación comercial previa en el sector de la construcción.
El tentáculo internacional: La conexión paraguaya
La evidencia de que la red Bermúdez no era un problema provincial mexicano, sino una empresa criminal transnacional, se materializó con la detención de un miembro de la familia en Sudamérica. Este caso sirve como un estudio crucial que demuestra el alcance y la sofisticación de sus operaciones financieras.
La detención en Paraguay
Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de los hermanos Hernán y Humberto, fue detenido en Paraguay. Su arresto no fue por un delito menor, sino por operar una red de apuestas deportivas presuntamente ilegales en ese país. Este hecho confirma que la estructura empresarial de la familia no solo tenía presencia en múltiples jurisdicciones, sino que también replicaba un modelo de negocio que operaba en los márgenes de la legalidad.
La acusación y la empresa involucrada
La investigación de las autoridades paraguayas se centró en la firma Montego Trading S.A., de la cual Bermúdez Arreola era socio. Fue acusado específicamente de explotar el sitio de apuestas crowncityplay. El nombre de la plataforma es una conexión directa e innegable con la marca “Crown City”, el casino insignia asociado a su tío, Humberto Bermúdez, en México y otros países.
En abril de 2025, el fiscal paraguayo Marcelo Saldívar imputó a Gerardo Bermúdez Arreola y a sus socios por presuntas violaciones a la ley de juegos de azar del país. La denuncia se centraba en la explotación de dominios web y direcciones IP para apuestas sin la debida autorización. Dos meses después, en junio de 2025, un juez penal ratificó las medidas cautelares en su contra, decretando su arresto domiciliario.
La conexión paraguaya es la prueba irrefutable de la naturaleza transnacional de la empresa. Sin este caso, el negocio de las apuestas podría haber sido desestimado como una empresa secundaria y no relacionada del hermano del exsecretario. Sin embargo, la detención y la investigación en otro país, llevada a cabo por autoridades extranjeras, proporcionan una validación externa e independiente de la escala y la presunta naturaleza ilícita de la red. Confirma los informes de que el negocio operaba en hasta ocho países y refuerza la hipótesis de que se utilizaba para operaciones financieras significativas, como el lavado de los activos generados por “La Barredora”.
Además, la participación del sobrino, Gerardo, demuestra un modelo de negocio familiar, característico de las organizaciones mafiosas y los cárteles, donde la confianza es primordial y las operaciones se mantienen dentro de un círculo cerrado. Esta estructura minimiza el riesgo de infiltraciones externas y garantiza la lealtad, reforzando la idea de que no se trataba de una asociación laxa, sino de una empresa familiar fuertemente controlada con una estrategia clara de expansión internacional.
Anatomía de una simbiosis político-criminal
El análisis de la evidencia disponible permite sintetizar un modelo coherente de la estructura y el funcionamiento de la red Bermúdez. No se trata de actos de corrupción aislados, sino de un sistema integrado con roles definidos, diseñado para el enriquecimiento y la perpetuación en el poder.
La estructura de tres niveles
La red operaba sobre una estructura de tres niveles interdependientes, cada uno con una función específica:
- Nivel 1: Protección política (el escudo): En la cúspide de la pirámide se encontraba presuntamente Adán Augusto López Hernández. Su rol era proporcionar el blindaje político e institucional. Al nombrar a Hernán Bermúdez e ignorar los informes de inteligencia en su contra, creó el ambiente permisivo necesario para que la red floreciera sin ser molestada. Su papel previo como notario, al facilitar la creación de la estructura corporativa del negocio familiar, sentó las bases legales para el brazo financiero de la operación.
- Nivel 2: Ejecución criminal (la espada): Este nivel era operado por Hernán Bermúdez Requena y su grupo “La Barredora”. Su función era el control territorial y la ejecución de las actividades ilícitas que generaban los ingresos: huachicol, extorsión, narcotráfico, etc. Para ello, utilizó presuntamente el poder, los recursos y la autoridad de la Secretaría de Seguridad del Estado, convirtiendo a la institución en el brazo armado de la empresa criminal.
- Nivel 3: Operaciones financieras (la tesorería): Humberto Bermúdez Requena gestionaba este nivel a través del imperio internacional de apuestas (CrownCity, CityBets). Su función era tomar los ingresos ilícitos generados por el nivel 2 y lavarlos a través de un negocio con apariencia de legitimidad y con operaciones transfronterizas. Esto permitía que el capital se moviera a través de las fronteras, lejos de la supervisión de las autoridades mexicanas, para finalmente ser reinsertado en la economía legal.
El flujo de influencia y dinero
En este modelo, el poder y el dinero fluían en direcciones opuestas pero complementarias. El dinero fluía hacia arriba: desde los delitos cometidos en las calles de Tabasco por “La Barredora”, pasando por el proceso de lavado en la red internacional de casinos de Humberto. La influencia, por otro lado, fluía hacia abajo: desde el más alto nivel político, proporcionando la protección necesaria para que los niveles criminal y financiero pudieran operar con impunidad.
Paralelos históricos: El modelo “Negro Durazo”
Este esquema no es nuevo en la historia de México. El analista de seguridad David Saucedo ha trazado un paralelismo directo con el caso de Arturo “El Negro” Durazo, el tristemente célebre jefe de la policía de la Ciudad de México durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982). Durazo, un amigo de la infancia del presidente, utilizó su cargo para cometer todo tipo de extravagancias y delitos flagrantes, creando un imperio de corrupción y violencia bajo protección presidencial. Saucedo describe la estrategia de nombrar a un jefe de policía corrupto pero leal como un “esquema muy priista” y fallido. El Caso Bermúdez parece ser una iteración moderna de este mismo patrón, donde se otorga carta blanca a un jefe de seguridad a cambio de lealtad, lo que inevitablemente conduce a la consolidación de una red criminal enquistada en el propio estado.
El desenlace: Investigaciones, arrestos y repercusiones políticas
La exposición de la red Bermúdez ha desencadenado una serie de consecuencias legales y políticas que continúan desarrollándose, revelando profundas grietas dentro del partido gobernante y poniendo a prueba la credibilidad del nuevo gobierno federal.
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La respuesta oficial
Tras meses de reportes periodísticos y filtraciones, las autoridades finalmente comenzaron a actuar. La Fiscalía General del Estado de Tabasco inició formalmente una carpeta de investigación en noviembre de 2024, basándose en la acumulación de información de medios y reportes oficiales. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, han confirmado públicamente la existencia de investigaciones tanto a nivel federal (a cargo de la Fiscalía General de la República, FGR) como estatal. La postura oficial del gobierno ha sido la de no ofrecer impunidad, con la presidenta declarando que “no vamos a cubrir absolutamente a nadie”.
Luchas internas en Morena
El escándalo ha provocado una fractura visible dentro de Morena, especialmente en Tabasco. El actual gobernador, Javier May Rodríguez, ha sido explícito al denunciar la corrupción heredada de la administración anterior. En noviembre de 2023, denunció la colusión de exfuncionarios con “La Barredora” y acusó que las cifras de homicidios se ocultaron durante ese periodo. Esta postura ha sido respaldada por José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de gobierno de Tabasco, quien sentenció: “ya está saliendo toda la pudrición”.
Estas declaraciones se perciben como una confrontación directa entre la facción política del gobernador May y la del poderoso senador Adán Augusto López. El caso se ha convertido en el epicentro de una lucha de poder por el control político del estado y ha expuesto las tensiones entre diferentes grupos dentro del movimiento gobernante.
Implicaciones políticas generales
A nivel nacional, el caso representa una de las primeras y más grandes pruebas para la administración de la presidenta Sheinbaum y su compromiso declarado con la lucha contra la corrupción. La forma en que su gobierno gestione la investigación sobre una figura tan influyente como Adán Augusto López, heredado de la administración anterior y pilar de su propio partido, será un indicador clave de su autonomía y su voluntad para aplicar la ley sin distinciones. El escándalo amenaza con manchar la bandera de renovación política de Morena y ya ha sido utilizado por la oposición como prueba de que la corrupción sistémica persiste.
Cronología de eventos clave:
- 2011: Humberto Bermúdez incursiona en el negocio de las apuestas, estableciendo las bases del futuro imperio financiero.
- Noviembre de 2017: Se constituye Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, la empresa es creada ante una notaría vinculada a Adán Augusto López.
- 11 de diciembre de 2019: Adán Augusto López nombra a Hernán Bermúdez secretario de seguridad, consolidando el poder político-policial de la red.
- 2019-2022: “Guacamaya Leaks” Revelan informes militares sobre el “Comandante H”; la inteligencia militar ya identificaba a Bermúdez como líder criminal.
- 5 de enero de 2024: Hernán Bermúdez renuncia a su cargo, en medio de una crisis de violencia en Villahermosa.
- Noviembre de 2024: La Fiscalía de Tabasco abre formalmente una carpeta de investigación; la presión mediática obliga a una respuesta judicial oficial.
- 14 de febrero de 2025: Se emite una orden de aprehensión federal contra Hernán Bermúdez, quien se convierte oficialmente en prófugo de la justicia.
- Abril de 2025: Gerardo Bermúdez Arreola es imputado formalmente en Paraguay, confirmándose la dimensión internacional y la naturaleza ilícita del negocio.
- Julio de 2025: El escándalo político se intensifica, con declaraciones cruzadas en Morena, convirtiéndose el caso en un punto central de la agenda política nacional.
Conclusión: Un caso de estudio sobre la corrupción mexicana contemporánea
El caso de la red Bermúdez en Tabasco es una radiografía precisa y alarmante de la corrupción sistémica en el México contemporáneo. Los hallazgos de este informe demuestran la existencia de una empresa criminal altamente estructurada, de carácter familiar y alcance transnacional, que fue presuntamente habilitada, protegida y comandada desde los más altos niveles del gobierno de un estado. El modelo de tres niveles —protección política, ejecución criminal y operaciones financieras— ilustra una sofisticación que va más allá del soborno y la colusión, para adentrarse en el terreno de la captura total del estado, donde las instituciones de seguridad no son corrompidas desde fuera, sino que se convierten en el motor mismo del crimen organizado.
Este caso demuestra el desafío persistente que la captura del estado representa para México. Evidencia que, incluso bajo un gobierno federal con un fuerte discurso anticorrupción, pueden florecer feudos estatales donde el poder político y el criminal se fusionan en una sola entidad. La audacia de las operaciones de “La Barredora”, que veían en los proyectos de infraestructura más importantes del país una oportunidad de negocio, revela un nivel de impunidad que solo puede explicarse por la certeza de contar con un blindaje político absoluto.
Finalmente, el desenlace de esta historia se perfila como un momento definitorio para la nueva administración presidencial. La manera en que el sistema de justicia mexicano, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aborde las investigaciones que apuntan a una figura tan poderosa como Adán Augusto López, enviará una señal inequívoca sobre su verdadero compromiso con el estado de derecho y su capacidad para purgar los elementos corruptos enquistados en su propio partido. El caso Bermúdez es, por tanto, más que un escándalo regional; es un recordatorio de los desafíos estructurales que persisten en México y una prueba de fuego para la voluntad política de enfrentarlos, sin importar el costo político que ello implique.
