El Senado de México cerró su periodo extraordinario de sesiones con la aprobación de dos leyes fundamentales en materia de seguridad pública, un proceso que evidenció una clara división dentro de la oposición. Con estas dos aprobaciones, la Cámara alta avaló un total de 16 reformas, decretos y nuevas leyes.
Aprobación de las reformas
La reforma a la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue avalada con 88 votos a favor y 16 en contra.
Por otro lado, la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia fue aprobada con 67 votos a favor, 29 en contra y seis abstenciones.
Argumentos de la oposición dividida
La oposición mostró posturas diferenciadas ante estas dos últimas reformas.
El rechazo del PRI
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El PRI votó en contra de ambas leyes. Su argumento principal fue que estas mantienen una estrategia de seguridad pública que consideran ha fallado.
Postura de PAN y MC
El PAN y MC avalaron la reforma del sistema nacional de seguridad pública. Explicaron su voto a favor señalando que la ley eliminó el registro de usuarios de telefonía móvil, crea el gabinete de seguridad, establece mesas de paz y fortalece la certificación policial con participación social.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó: “Además, esta ley, la de seguridad, es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos, fue un absoluto fracaso, entonces si vamos a votar a favor de la de Seguridad”.
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Sin embargo, los senadores del PAN, junto con el PRI y MC, votaron en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Coincidieron en que esta ley podría acabar con la privacidad en México e instaurar un gobierno espía. Argumentaron que la ley otorga al gobierno acceso a cualquier registro administrativo con datos ciudadanos, incluyendo datos vehiculares y placas, biométricos, telefónicos, registro público de la propiedad, registros financieros, bancarios, de salud, bases de datos de hospitales y telecomunicaciones, y cualquier otra de la que puedan extraerse indicios o información.
El senador por el PRI, Miguel Ángel Riquelme, sostuvo que estos ordenamientos legalizan la vigilancia desregulada, permiten espiar dispositivos personales y censurar ciudadanos. Declaró: “Esta falta de control judicial abre la puerta, la vigilancia masiva, amenaza a la libertad individual y el derecho a la protección de los datos personales, lo que se plantea en el texto de estos dictámenes es un estado policial sin procesos legales, claros, ni rendición de cuentas, se normaliza la vigilancia sin controles judiciales, se debilita la frontera entre lo civil y lo militar y se abre la puerta a una autoritarismo amparado por el miedo”.
Movimiento Ciudadano coincidió en que las reformas otorgan al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acceso ilimitado a datos personales y sensibles de los ciudadanos.
La defensa de Morena
La morenista Lucia Trasviña defendió las dos reformas. Afirmó que mantienen la Estrategia de atención a las causas y consolidan la Guardia Nacional, fortaleciendo la investigación y la coordinación del gabinete de seguridad nacional con los estados del país.
La aprobación de estas leyes en el Senado, con posturas divididas en la oposición, marca un hito en la legislación de seguridad del país. ¿Qué impacto tendrán estas nuevas leyes en la privacidad y la seguridad pública en México?
