Una mañana cualquiera, frente a un país expectante, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó uno de los dilemas más delicados de su mandato: aclarar si una reforma legal pondría en riesgo la libertad digital. La palabra clave era “censura”, pero su respuesta apuntaba en otra dirección.
¿Qué dice realmente la reforma a la Ley de Telecomunicaciones?
Un debate encendido en redes y medios
En días recientes, diversos medios, analistas y usuarios en redes sociales expresaron preocupación por una posible amenaza a la libertad de expresión en internet. El centro de la controversia: una reforma al artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo que muchos interpretaron como una herramienta de censura digital, fue desmentido por la propia presidenta Sheinbaum, quien explicó que la iniciativa tiene otro propósito.
“Esto no tiene nada que ver con el contenido que circula en las plataformas”, afirmó tajante la mandataria.
¿Qué regula realmente el artículo 109?
Foco en el comercio electrónico, no en contenidos
De acuerdo con la mandataria, el artículo 109 se enfoca exclusivamente en plataformas de comercio en línea, como aquellas que ofrecen bienes o servicios digitales. Según explicó:
- La reforma no está dirigida a redes sociales ni a medios digitales.
- El objetivo es que las plataformas cumplan con sus obligaciones fiscales, como ya lo exige la ley del IVA.
- En caso de incumplimiento, podrían enfrentar bloqueos, pero únicamente tras la resolución de una autoridad competente.
Es decir, no se trata de una censura previa ni de una vigilancia sobre lo que los usuarios publican, sino de una medida regulatoria orientada a la legalidad tributaria.
¿Quién decide si una plataforma incumple?
La nueva agencia tendría funciones limitadas
Un punto clave que generó inquietudes fue la mención de una nueva agencia estatal en la iniciativa. ¿Tendría esta entidad poder para censurar?
La presidenta aclaró que la única facultad de la agencia sería notificar a las plataformas cuando alguna otra autoridad –como el SAT o una instancia judicial– determine que han incurrido en faltas legales.
Algunas posibles causas de sanción podrían ser:
- Evasión fiscal
- Violaciones a normas de seguridad digital
- Incumplimiento de leyes de protección al consumidor
De nuevo, ninguno de estos puntos está relacionado con el tipo de contenido que circula, sino con la estructura operativa y financiera de los servicios digitales.
¿Qué impacto podría tener la reforma en usuarios y creadores?
¿Una amenaza velada a la libertad digital?
Aunque Sheinbaum enfatizó que no hay intenciones de censura, el debate sigue abierto. Expertos en derecho digital y activismo por la libertad de expresión han planteado algunas preocupaciones válidas:
- ¿Qué mecanismos garantizarán que la reforma no se utilice con fines políticos?
- ¿Cómo se evitarán interpretaciones amplias o arbitrarias del artículo?
- ¿Qué pasará con las plataformas independientes que no tienen recursos para cumplir con requisitos fiscales complejos?
Para muchos, el riesgo no está en lo que dice la reforma hoy, sino en cómo podría aplicarse mañana.
Contexto histórico: México y la libertad de expresión digital
Un terreno históricamente tenso
México ha enfrentado en las últimas décadas un equilibrio inestable entre regulación y censura en entornos digitales. Casos como la Ley Doring (conocida como la “Ley SOPA mexicana”) en 2012 y otras propuestas similares, han encendido las alertas de activistas.
Hoy más que nunca, en una era dominada por el flujo informativo y la economía digital, las leyes deben proteger tanto los derechos como los marcos legales de operación. Es un equilibrio fino, y la interpretación de cada párrafo cuenta.
¿Por qué ahora? El trasfondo político y económico
Regulación en tiempos de expansión digital
La reforma llega en un momento clave para el país:
- El comercio electrónico ha crecido más del 32% anual desde la pandemia.
- Las plataformas extranjeras dominan el mercado, pero muchas no tributan adecuadamente en México.
- El gobierno busca aumentar la recaudación fiscal sin subir impuestos.
En este contexto, la reforma parece más una herramienta de control fiscal que una política de contenido. Pero la desconfianza persiste, en especial en un entorno donde las libertades digitales están bajo constante escrutinio.
Claves para entender el futuro de la regulación digital en México
Lo que los ciudadanos deben vigilar
- Transparencia en la aplicación de la ley.
- Participación de organismos independientes en la nueva agencia.
- Mecanismos de apelación para plataformas afectadas.
- Definiciones claras sobre qué se entiende por “incumplimiento”.
Y, sobre todo, una discusión pública abierta e informada, que evite caer en la desinformación o el alarmismo innecesario.
La tecnología avanza más rápido que la legislación. Frente a ese ritmo, los gobiernos deben equilibrar la innovación con la responsabilidad fiscal y legal. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones puede ser una herramienta útil o una caja de Pandora, dependiendo de cómo se aplique.
¿Estamos preparados como sociedad para vigilar y participar activamente en este tipo de decisiones?
