La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la adquisición de nueve vehículos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el máximo tribunal ahorró más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta preexistente por la compra directa de las unidades. A pesar de la polémica suscitada por el costo unitario de las camionetas, que se estima superior al millón de pesos cada una, Sheinbaum detalló que la decisión administrativa generó una reducción neta significativa en el gasto, aunque solicitó a la Corte y al Órgano de Administración Judicial que proporcionen un informe detallado sobre la adquisición.
El debate se detonó el 22 de enero de 2026, cuando la SCJN informó sobre la compra de los vehículos. La defensa de Sheinbaum, expresada en su conferencia de prensa matutina del 23 de enero desde Veracruz, introduce un matiz económico clave que contrasta la percepción de gasto excesivo con la realidad de un posible ahorro administrativo.
Análisis de la dicotomía: Ahorro millonario contra el costo unitario
La controversia sobre la renovación de la flotilla de la SCJN se centra en dos cifras antagónicas. Por un lado, la polémica pública se enfocó en que las unidades asignadas a los ministros superan el millón de pesos por vehículo, pareciendo contrapuestas a las políticas de austeridad impulsadas por la Cuarta Transformación. Por otro lado, la información proporcionada a la Presidencia subraya que el proceso generó un ahorro sin precedentes.
El argumento económico: Sustitución de la renta por la compra
Claudia Sheinbaum detalló que, tras conocer la información de la renovación, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, consultar al respecto con el Poder Judicial.
La nota informativa recibida por el Ejecutivo indicó que el máximo tribunal optó por terminar un contrato de renta vehicular que mantenía previamente. Según la presidenta:
> “Nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra. Y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso.”
La clave de la defensa de Sheinbaum radica en el cambio del esquema de gasto: la compra directa resultó ser económicamente más eficiente a largo plazo que el costo constante de la renta. Sin embargo, la mandataria fue enfática al señalar que corresponde al Poder Judicial, específicamente a la SCJN y al Órgano de Administración Judicial, dar mayor información y aclarar la adquisición de las nuevas unidades con más detalle.
Justificaciones de la Suprema Corte ante la adquisición
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó el 22 de enero que adquirió nueve vehículos para los ministros y la ministra que entraron en funciones el pasado 1 de septiembre. La SCJN argumentó criterios de seguridad para justificar la compra.
El órgano de justicia señaló que las unidades que usaban los juzgadores ya no cumplían con las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección personal. Esta determinación se basó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que la continuidad del uso de los automotores anteriores comprometía su operación por no cumplir los estándares de seguridad adecuados.Normatividad y desincorporación paralela:
Según la normatividad interna de la Corte vigente desde 2019, los vehículos utilizados por los ministros deben renovarse regularmente, con plazos de cuatro años o antes, si las condiciones de los automotores dejan de ser seguras.
La SCJN también indicó que la compra se realizó con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, llevándose a cabo de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al número de unidades recién adquiridas. Este detalle muestra un esfuerzo por compensar la inversión con la baja de activos obsoletos.
Verificación de la controversia y la demanda de transparencia
La defensa de la presidenta Sheinbaum coloca a la SCJN en una posición de justificación doble: primero, sobre la necesidad de la inversión en seguridad y, segundo, sobre la transparencia en la ejecución del gasto. El argumento del ahorro de más de mil millones de pesos cambia la narrativa de “gasto suntuario” a “decisión administrativa eficiente”. Sin embargo, la demanda explícita de Sheinbaum para que el Poder Judicial informe con mayor precisión subraya que la justificación económica por sí sola no es suficiente para desactivar completamente la polémica pública sobre la austeridad.
