El Sexto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo es un ejercicio de parlamento abierto impulsado por el Congreso del Estado, cuyo objetivo es permitir que 26 mujeres de los 11 municipios del estado presenten propuestas legislativas. Este mecanismo busca transformar problemáticas sociales, económicas, ambientales y de derechos humanos en iniciativas de ley concretas, asegurando que las necesidades específicas de las diversas comunidades sean escuchadas y atendidas.
La importancia de este foro radica en garantizar la justicia social mediante un mecanismo de escucha activa. Como señaló la diputada Paola Moreno, “No puede existir justicia social sin la voz de las mujeres. Es muy importante escuchar a las mujeres, es muy importante escuchar lo que tienen que decirnos, las propuestas”. Se trata de un esfuerzo directo para que las ciudadanas incidan en la legislación estatal.
El contexto: entendiendo las distintas realidades de Quintana Roo
Este parlamento no es un simple ejercicio de diálogo, sino un reconocimiento de las disparidades territoriales dentro del estado. La iniciativa surge de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo local, donde la diputada Jimena Lasa destacó la necesidad de diferenciar las demandas.
La diputada Lasa explicó que las necesidades de las mujeres que residen en Cancún no son las mismas que las que viven en municipios con un perfil distinto, como Felipe Carrillo Puerto o Lázaro Cárdenas. Por ello, el espacio está diseñado para ser plural y recibir propuestas de los 11 municipios.
Viabilidad de las propuestas: el paso a iniciativas de ley
Uno de los puntos clave que diferencia a este parlamento de otros foros de opinión es la garantía de seguimiento. Las propuestas presentadas por las 26 participantes seleccionadas no se quedan únicamente en el diálogo.
Estas iniciativas son analizadas posteriormente por las comisiones legislativas correspondientes. El objetivo es evaluar su viabilidad jurídica y la posible transformación en iniciativas de ley. Esto convierte al parlamento en un verdadero mecanismo de cambio legislativo.
Quién puede participar y cómo registrarse
La convocatoria está dirigida a todas las mujeres mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana, que residan en alguno de los municipios de Quintana Roo.
Un requisito explícito es no haber sido seleccionada en ediciones anteriores. La convocatoria permaneció abierta hasta el día 20 del presente mes (febrero de 2026, de acuerdo con la fecha de publicación de la nota).
Los requisitos básicos para la participación son:
- Presentación de una propuesta legislativa conforme a los lineamientos establecidos.
- Llenado del formulario disponible en la página oficial del Congreso del Estado.
Los temas de participación son notablemente amplios e incluyen rubros como:
- Salud, salud mental y bienestar social.
- Desarrollo económico.
- Ecología y justicia.
- Derechos humanos y empoderamiento de las mujeres.
- Atención a la violencia de género.
Las legisladoras hicieron hincapié en que la formación académica específica no es necesaria. Esto busca asegurar que todas las voces puedan ser escuchadas, sin importar el nivel de escolaridad de las participantes.
Criterios de selección y agenda del evento
El proceso de selección será responsabilidad de un comité organizador. Este comité está integrado por: la Secretaría de las Mujeres, instituciones académicas y áreas legislativas.
Las propuestas serán evaluadas con base en cuatro criterios principales, que suman un total de 100 puntos posibles:
- Viabilidad.
- Impacto social.
- Claridad.
- Apego al formato.
El Parlamento de Mujeres se llevará a cabo durante tres días, del 9 al 11 de marzo, en las instalaciones del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Durante el evento, las participantes recibirán:
- Talleres y capacitaciones sobre el proceso legislativo.
- Instrucción en la elaboración de iniciativas y su fundamentación jurídica.
- Espacios de diálogo, convivencia y construcción de redes entre mujeres de distintos municipios.
La participación directa de 26 mujeres de la base social en la creación de leyes es una tendencia que revela una transición hacia modelos legislativos más abiertos y menos centralizados. El verdadero desafío de este tipo de ejercicios será la capacidad del Congreso para llevar estas propuestas al pleno y asegurar su aprobación, transformando las necesidades locales en justicia social real.
