Una investigación fundamental ha desvelado cómo el Tren Maya, megaproyecto clave para el desarrollo del sureste mexicano, se convirtió en un objetivo de redes criminales. Este caso expone una alarmante captura del Estado, donde el grupo “La Barredora” entrelazó poder político y crimen organizado, socavando la integridad pública. La información, basada en informes de inteligencia militar filtrados y en reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela un sofisticado nexo entre el aparato de seguridad estatal, la gestión de infraestructura pública y el crimen organizado.
El complot delictivo en el Tren Maya
El análisis de MCCI, fundamentado en documentos de inteligencia militar filtrados, ha sacado a la luz un complot delictivo para explotar el Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Concebido como un motor de desarrollo, se convirtió en un imán para complejos esquemas de corrupción.
Este caso sirve como un microcosmos de la difuminación de las fronteras entre la autoridad estatal y el crimen organizado, conocida como captura del Estado. Demuestra cómo fondos públicos y proyectos de infraestructura, destinados al bienestar social, son sistemáticamente desviados para servir a intereses ilícitos.
Los hallazgos clave de la investigación indican que el grupo criminal “La Barredora”, especializado en el robo de combustible (huachicol), era presuntamente liderado por Hernán Bermúdez Requena mientras se desempeñaba como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. La organización desarrolló dos esquemas principales para explotar el proyecto: el suministro a gran escala de diésel de procedencia ilícita y un lucrativo plan de arrendamiento de terrenos en Quintana Roo al gobierno federal.
Un facilitador crítico en esta trama fue la estratégica posición de Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena, como funcionario del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Este coordinaba precisamente los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que eran objetivo de los esquemas criminales.
El perfil de “La Barredora”: Un grupo con nexos estatales
Para comprender la magnitud de la amenaza al Tren Maya, es esencial analizar la naturaleza y estructura del grupo criminal “La Barredora” que opera en Tabasco.
Orígenes y evolución
Aunque existe un grupo criminal con el mismo nombre originado en Acapulco, Guerrero, la evidencia sugiere que la facción de Tabasco es una entidad distinta o una “franquicia” adaptada a las economías criminales locales. Esta distinción es fundamental, ya que “La Barredora” de Tabasco se caracteriza por su profunda integración con las estructuras de poder locales y su enfoque en delitos como la extorsión, el tráfico de personas y, de manera destacada, el robo de combustible. Su principal fuente de combustible ilícito era el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, donde el gobierno federal también construía la Refinería Olmeca. La adopción de un nombre ya conocido y temido puede representar un esfuerzo estratégico de “branding” criminal.
Liderazgo y estructura: El nexo Estado-crimen
El aspecto más crítico de este grupo es su presunto liderazgo. Los informes de inteligencia militar, que incluyen organigramas detallados fechados el 1 de febrero de 2022, sitúan explícitamente a Hernán Bermúdez Requena, entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, en la cúspide de la estructura delictiva, identificado con el alias de “Comandante H“. Este señalamiento trasciende la colusión; sugiere un control directo de una empresa criminal por parte de un funcionario de alto rango.
El modelo de negocio del grupo parece haberse basado en que su líder era la misma persona encargada de combatirlo. Esta posición le habría otorgado a la organización una ventaja sin parangón: acceso a inteligencia estatal, la capacidad de eliminar a grupos rivales bajo la apariencia de operativos policiales legítimos y, lo más importante, una impunidad casi total para su principal actividad económica, el robo de combustible de una infraestructura estratégica nacional como Dos Bocas. La estructura del grupo, según los informes, también incluía a policías estatales en activo y desertores, confiriéndole una capacidad operativa y una protección institucional aún mayores.
Modus operandi e influencia territorial
“La Barredora” ejerce su principal influencia en municipios estratégicos de Tabasco como Cárdenas, Comalcalco y Paraíso. Este territorio es el corazón de la industria petrolera del estado y alberga el puerto de Dos Bocas. Gracias a una red de protección institucional que, según las filtraciones de Guacamaya Leaks, le permitió consolidarse, el grupo se convirtió en una fuerza dominante en el mercado regional del huachicol. La captura del aparato de seguridad estatal no era solo un beneficio adicional, sino el núcleo de su modelo operativo.
Los esquemas de explotación del Tren Maya: Una estrategia de dos vías
La inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) interceptó comunicaciones que revelaron una estrategia de dos vías, cuidadosamente diseñada por “La Barredora” para capitalizar la construcción del Tren Maya. Estos planes demuestran una sofisticada comprensión de las necesidades operativas y administrativas del megaproyecto.
Análisis detallado del gasoducto de huachicol
El plan de suministro de combustible era ambicioso y buscaba convertir al grupo en un proveedor clave para la masiva demanda de diésel de la maquinaria de construcción. El objetivo era vender hasta 180,000 litros de combustible ilícito por semana. Las conversaciones interceptadas revelan negociaciones específicas y precios concretos. Un operador identificado como “Gabriel” ofreció diésel extraído del puerto de Dos Bocas a 16.50 pesos por litro, especificando que la venta se haría sin factura, una clara señal de su origen ilegal. Otro diálogo interceptado mencionaba la venta de 300 ferrotanques de diésel a 14.50 pesos el litro.
La red criminal no solo apuntaba a Tabasco, sino que buscaba expandir su alcance a Campeche, un estado clave en la ruta del tren. Aunque los operadores admitieron en las llamadas que aún enfrentaban desafíos logísticos para la distribución cerca de Escárcega, Campeche, expresaron su confianza en resolverlos rápidamente, demostrando una clara intención de escalar sus operaciones a lo largo de la ruta del proyecto.
Análisis detallado del contrato de arrendamiento en Quintana Roo
Este segundo esquema revela una modalidad diferente de corrupción, orientada a defraudar al Estado a través de contratos inmobiliarios fraudulentos. Una conversación interceptada detalla un plan ideado por un operativo apodado “Chua” (identificado como Jesús Hidalgo Domínguez) para convencer a su socio “JJ” de invertir en un trámite para arrendar una propiedad de nueve hectáreas en Quintana Roo al gobierno federal para el proyecto del Tren Maya.
El terreno, propiedad de la exesposa de “Chua”, Vanesa, se encontraba en la ruta del Tren Maya. La renta propuesta era de una cifra exorbitante: 700,000 pesos mensuales por cada una de las nueve hectáreas, lo que sumaría un total de 6.3 millones de pesos al mes. Esta cantidad, muy por encima de cualquier valor de mercado razonable, estaba claramente diseñada para un enriquecimiento masivo a costa del erario público.
Un detalle crucial de esta conversación interceptada es la percepción que los criminales tenían de la estructura de mando del proyecto. “Chua” le dice explícitamente a su interlocutor que para asegurar el contrato, “tendrían que buscar reunirse con él”, refiriéndose directamente a Javier May Rodríguez, quien en ese momento era el director general de FONATUR y el máximo responsable del Tren Maya. Este hecho no implica necesariamente la culpabilidad de May, pero sí revela la creencia de los delincuentes de que los más altos niveles del proyecto eran permeables y accesibles para la negociación ilícita. Esta percepción de que las reglas institucionales pueden ser eludidas mediante una reunión personal con el director es tan corrosiva como la corrupción misma, ya que fomenta este tipo de intentos y refleja una cultura de clientelismo profundamente arraigada.
El nexo de poder y crimen: La conexión Bermúdez
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El eje sobre el que giraba toda esta trama de corrupción era la relación familiar y profesional entre dos funcionarios clave, un nexo que conectaba el poder de seguridad estatal con la gestión de un proyecto federal.
Hernán Bermúdez Requena: El “Comandante H”
La posición de Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad de Tabasco, cargo que ocupó de 2019 a 2024 bajo el nombramiento del entonces gobernador Adán Augusto López, le otorgó el control total sobre las fuerzas policiales y el aparato de inteligencia del estado. Sin embargo, los informes de inteligencia militar, incluyendo organigramas detallados, lo identifican sin ambigüedades como el líder de “La Barredora”. Esta acusación eleva el caso de una simple colusión a una infiltración directa del crimen organizado en el más alto nivel del gabinete de seguridad de un estado.
Irónicamente, mientras presuntamente dirigía la organización, Bermúdez negaba públicamente su existencia como una estructura formal, desestimándola como simples “bandas locales” que usaban el nombre para infundir miedo. Esta postura pública contrasta de manera flagrante con la inteligencia militar. Desde febrero de 2025, Bermúdez Requena es un prófugo de la justicia, tras huir al ser notificado de una orden judicial en su contra. Actualmente, es objeto de una ficha roja de búsqueda internacional emitida por la Interpol.
Raúl Bermúdez Arreola: “Lord Fonatur”
La designación de Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez, en un puesto clave dentro de FONATUR parece ser un claro ejemplo de nepotismo estratégico. No era un director de alto rango, pero ocupaba una posición burocrática crucial: era el encargado de los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que abarcan desde Yucatán hasta Quintana Roo. Su ubicación era perfecta: supervisaba las zonas geográficas adyacentes a la base de operaciones de su tío y donde el grupo criminal planeaba ejecutar sus esquemas de venta de combustible y arrendamiento de tierras. Esta colocación no parece una coincidencia, sino un movimiento calculado para instalar a un familiar de confianza en una posición que pudiera facilitar contratos, proporcionar información interna y pasar por alto irregularidades.
La carrera de Raúl Bermúdez ya estaba manchada por escándalos de corrupción que revelaban un patrón de abuso de su cargo para beneficio personal. Se ganó el apodo de “Lord Fonatur” después de que se filtrara una grabación en la que amenazaba con usar su autoridad para clausurar un gimnasio privado por una disputa personal sobre los horarios de acceso. Más grave aún, se vio obligado a renunciar a su cargo el 30 de noviembre de 2021, tras una investigación por presuntamente alquilar de forma ilegal las “Villas Chackté”, una residencia de descanso presidencial propiedad del gobierno en Cancún. El hecho de que estos escándalos públicos se resolvieran con una simple renuncia, sin consecuencias legales más severas en su momento, creó un clima de impunidad. Esta falta de castigo por actos de corrupción de menor escala pudo haber enviado una señal de que la supervisión dentro del proyecto era débil, envalentonando a la red criminal de su tío a perseguir sus planes más ambiciosos con un menor riesgo percibido.
Las repercusiones políticas: Rendición de cuentas y evasión
La revelación de esta trama ha generado profundas ondas de choque políticas, exponiendo las tensiones internas del partido gobernante, Morena, y poniendo en el punto de mira a algunas de sus figuras más prominentes.
La cuestión de Adán Augusto López
Como exgobernador de Tabasco que nombró a Hernán Bermúdez y que posteriormente ascendió al influyente cargo de Secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández se encuentra en el epicentro de la tormenta política. Su defensa pública ha sido una de ignorancia total. Ha afirmado repetidamente que “nunca sospechó” de los vínculos criminales de Bermúdez y que, de haber tenido el más mínimo indicio, lo habría destituido de inmediato. Ha calificado las acusaciones como “politiquería” orquestada por sus adversarios políticos.
Sin embargo, esta defensa de “negación plausible” es puesta en duda por la existencia de más de 30 informes de inteligencia militar que advertían sobre Bermúdez y que fueron elaborados mientras López ocupaba posiciones de máximo poder. Esto plantea dos posibilidades incómodas: o bien existió una negligencia catastrófica en la que la inteligencia crítica nunca llegó al escritorio del gobernador y del secretario de Gobernación, o bien las advertencias fueron conocidas pero ignoradas o encubiertas. La situación ha llevado a críticos, como el diputado Manuel Espino, a trazar paralelismos con el caso del expresidente Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que Adán Augusto López no está siendo investigado actualmente por este caso.
La paradoja de Javier May
La posición de Javier May Rodríguez en este escándalo es singularmente compleja y paradójica. Por un lado, las interceptaciones militares lo identifican como el objetivo final de los esfuerzos de cabildeo de los criminales; era la figura de poder con la que “había que reunirse” para concretar el fraudulento contrato de arrendamiento de tierras.
Por otro lado, como actual gobernador de Tabasco, ha sido El funcionario de más alto nivel en condenar públicamente la corrupción de la administración anterior, que era leal a Adán Augusto. May ha llegado a afirmar que en Tabasco era “vox populi” (de conocimiento popular) quién comandaba “La Barredora” y que el gobierno anterior causó un “grave daño” al estado. Esta postura lo posiciona como un reformador que limpia la casa.
Esta dualidad sugiere que el escándalo se ha convertido en un arma en una intensa lucha de poder interna dentro de Morena en Tabasco. Las acusaciones de corrupción son instrumentalizadas por la facción de Javier May para desacreditar y debilitar a su principal rival político en el estado, la facción de Adán Augusto López. Las declaraciones públicas de May, por tanto, deben ser analizadas no solo como un llamado a la justicia, sino también como una maniobra política estratégica para consolidar su propio poder.
La postura federal y la respuesta del partido
La reacción oficial del gobierno federal y de la dirigencia de Morena ha sido de contención de daños. La presidenta Sheinbaum, tras una declaración inicial en la que sugería que Adán Augusto “debía dar su versión”, ha evitado profundizar en el tema. La cúpula del partido ha emitido comunicados genéricos asegurando que no protegerán a nadie que incurra en actos de corrupción, pero al mismo tiempo han enmarcado el asunto como un ataque de la oposición. Esta estrategia busca aislar el escándalo en la figura de Bermúdez, el funcionario caído, protegiendo al mismo tiempo a figuras políticas de alto nivel como Adán Augusto López.
El Tren Maya: Un imán para la malversación sistémica
El complot de “La Barredora” no fue un evento anómalo, sino un síntoma de las vulnerabilidades sistémicas a la corrupción que han plagado al Tren Maya desde su concepción. El proyecto se convirtió en un ecosistema donde múltiples formas de malversación pudieron convergir y prosperar.
Los hallazgos de la auditoría: Un patrón de irregularidad
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización de México, ha señalado consistentemente al Tren Maya por irregularidades masivas y una gestión deficiente. El presupuesto del proyecto se disparó de una estimación inicial de aproximadamente 5,700 millones de euros a más de 23,300 millones de euros. Gran parte de este aumento se atribuye a irregularidades, mala planificación y sobrecostos injustificados.
El proyecto ha sido criticado por el uso generalizado de adjudicaciones directas para los contratos, eludiendo las licitaciones públicas competitivas que garantizan la transparencia y los mejores precios. Esta práctica, también observada en proyectos hermanos como la Refinería de Dos Bocas, donde el 92% de los contratos se asignaron de esta manera, crea un terreno fértil para el favoritismo y la corrupción. Las auditorías han detectado pagos por trabajos no realizados, pagos a personal inexistente y sobreprecios significativos en múltiples contratos. Una auditoría al tramo 1 (Palenque-Escárcega) reveló un pago excesivo de 22.76 millones de euros por una obra que nunca se ejecutó. FONATUR no pudo acreditar adecuadamente las actividades de reforestación prometidas para mitigar el impacto ambiental, a pesar de que el proyecto implicó la tala de millones de árboles.
El decreto gubernamental que designó al Tren Maya como obra de “seguridad nacional” fue un factor clave que permitió esta opacidad. Si bien se justificó como una medida para agilizar la construcción, en la práctica funcionó como una cortina de humo que permitió al gobierno, y en particular a la SEDENA como ejecutora de varios tramos, eludir las leyes de transparencia, las normativas ambientales y los procesos de licitación estándar. Este decreto desmanteló de facto los controles institucionales, creando el entorno opaco ideal para que floreciera la corrupción.
Enredos internacionales: La conexión del “Caso Koldo”
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Las vulnerabilidades del proyecto no se limitaron a los actores nacionales. Un importante escándalo de corrupción en España, conocido como el “Caso Koldo”, ha salpicado al Tren Maya. Empresas españolas implicadas en una trama de sobornos en su país habrían obtenido contratos millonarios en el proyecto ferroviario mexicano. Según las investigaciones, una de las empresas acusadas en España consiguió un contrato de asesoría por aproximadamente 300 millones de pesos, mientras que otras dos obtuvieron contratos para la construcción del tramo 3 por un valor de casi 10,200 millones de pesos.
Esta conexión internacional demuestra que la falta de procesos de contratación transparentes hizo del Tren Maya un objetivo atractivo no solo para grupos criminales locales, sino también para redes de corrupción transnacionales. El proyecto se convirtió en un punto de convergencia para distintos tipos de corrupción: la explotación liderada por criminales (“La Barredora”), la corrupción burocrática y administrativa (hallazgos de la ASF) y la corrupción corporativa transnacional (“Caso Koldo”). Esto revela que la debilidad del proyecto no fue un único punto de fallo, sino una falta sistémica de integridad institucional que lo convirtió en un “panal de miel” para una amplia gama de intereses ilícitos.
Evaluación de fallas sistémicas y recomendaciones
El caso de “La Barredora” y el Tren Maya no es simplemente la historia de un grupo criminal que intenta explotar un proyecto gubernamental. Es el resultado lógico y predecible de una serie de fallas sistémicas identificables que erosionan la gobernanza en México.
El análisis de este caso revela fallas críticas en múltiples niveles del Estado. La falla en la selección de personal político (*vetting*) se observa en el nombramiento de una figura como Hernán Bermúdez Requena para un cargo de seguridad de tan alto nivel, ya sea por una investigación de antecedentes inadecuada o a pesar de las advertencias de inteligencia existentes. Esto representa una grave quiebra en los procesos de designación de altos funcionarios.
También se identifica una falla en la supervisión institucional. La incapacidad de agencias como FONATUR para prevenir o castigar adecuadamente la corrupción dentro de sus propias filas, como lo demuestra el caso de Raúl Bermúdez Arreola, indica una debilidad crónica en los mecanismos de control interno. A esto se suma una falla en la transparencia, manifestada en la creación deliberada de un entorno opaco mediante decretos de “seguridad nacional” que desmantelaron las salvaguardias diseñadas para prevenir la corrupción, como las licitaciones públicas y la supervisión ambiental.
Finalmente, se evidencia una falla del estado de derecho. Hay un clima político y judicial en el que los funcionarios de alto nivel parecen estar protegidos de la investigación, y los actores criminales perciben al Estado no como un adversario, sino como una entidad permeable y susceptible de ser cooptada.
Basado en estas conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones para diferentes actores interesados en el entorno político y económico de México:
Para actores corporativos y financieros, cualquier participación en proyectos de infraestructura a gran escala en México exige una diligencia debida reforzada que vaya más allá de los estados financieros. Es imperativo realizar un análisis profundo de las redes políticas que rodean al proyecto, evaluar el potencial de infiltración criminal en las cadenas de suministro y valorar la integridad de las agencias gubernamentales supervisoras. Los contratos adjudicados de forma directa bajo justificaciones de “seguridad nacional” deben ser considerados de riesgo extremadamente alto.
Para actores diplomáticos y gubernamentales, los programas de cooperación internacional en materia de anticorrupción y estado de derecho deben centrarse en fortalecer a los órganos de fiscalización independientes, como la ASF, y en garantizar que sus hallazgos se traduzcan en consecuencias políticas y legales tangibles. Es crucial mantener el apoyo al periodismo de investigación y a las organizaciones de la sociedad civil como MCCI, que a menudo actúan como el principal motor de la rendición de cuentas.
Para analistas de políticas públicas, este caso sirve como un poderoso argumento contra la centralización del poder y el debilitamiento de las instituciones autónomas. Las futuras recomendaciones de políticas para México deberían abogar por el fortalecimiento de los contrapesos institucionales, particularmente en lo que respecta a la contratación pública y el uso de las fuerzas armadas en roles civiles como la construcción de infraestructura. El doble papel de la SEDENA como contratista y fuente de inteligencia en el mismo proyecto crea conflictos de interés inherentes que deben ser abordados para garantizar la integridad y la supervisión efectiva.
El caso del Tren Maya y “La Barredora” es un recordatorio sombrío de las vulnerabilidades del Estado mexicano. ¿Podrán los mecanismos de control y la voluntad política revertir esta alarmante tendencia de cooptación criminal en los megaproyectos nacionales?
