Tras cuatro años de evadir la justicia mexicana, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos. Sin embargo, su aprehensión no se debe a los graves delitos por los que es perseguido, sino a una irregularidad migratoria. La detención de Víctor Álvarez Puga y delitos financieros asociados reactiva uno de los casos más mediáticos de corrupción en el país.
La detención en Miami: Una trampa migratoria
Luego de que la pareja estuviera prófuga desde septiembre de 2021, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido hace casi un mes por autoridades estadounidenses. Así lo dio a conocer el periodista Darío Celis.
Celis aseguró en su columna publicada este lunes que la causa de la detención fue el vencimiento de su visado. El “Mai”, como es conocido, fue aprehendido hace unas tres semanas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que dirige Todd Lyons.
Actualmente, Álvarez Puga se encuentra preso en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami.
La detención fue efectuada porque el esposo de la exconductora de televisión no cuenta con un visado de trabajo ni de turista, por lo que su estancia en Miami era ilegal. Con esta aprehensión se confirma que llevaban años viviendo en Miami, a pesar de que se había especulado que estaban escondidos en Dubái.
Los graves delitos imputados por la Fiscalía General de la República
Víctor Manuel Álvarez Puga es perseguido por la justicia mexicana al ser considerado uno de los más grandes “factureros” del país. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en su contra por:
- Lavado de dinero
- Crimen organizado
- Desvío de fondos públicos
El empresario y su esposa, Inés Gómez Mont, huyeron de México en 2021 junto a su familia, por lo que han estado prófugos de la justicia desde entonces. Las autoridades del vecino país lo arrestaron por su situación migratoria irregular y no por los delitos mencionados.
La red de corrupción y el desvío en Segob
El caso judicial contra Álvarez Puga está estrechamente ligado a una red de corrupción que operó durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene bajo la lupa el despacho fundado por Víctor Álvarez Puga y su hermano, llamado Álvarez Puga y Asociados. Este despacho estaría asociado con la creación de empresas fantasma y la facilitación de operaciones para el desvío de recursos públicos y la evasión fiscal, un delito que ha sido buscado combatir con énfasis desde el gobierno de López Obrador.
El despacho Álvarez Puga y Asociados habría permitido la malversación de dos mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.
A raíz de estas investigaciones, en 2021 se giró una orden de aprehensión contra Víctor Álvarez, Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
El origen fiscal de los problemas y el lujoso estilo de vida
La presentadora de televisión Inés Gómez Mont presumía un lujoso estilo de vida a través de sus redes sociales. Fiestas, viajes, ropa de marca, y una colección de bolsos y calzado eran algunos de los detalles que mostraba en Instagram, exhibiendo su cercanía a diversos personajes de la vida pública y política.
Los problemas fiscales de la pareja iniciaron en 2018 cuando Gómez Mont y su esposo figuraron en las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presentar discrepancias fiscales. Entonces:
- Se les solicitó un pago de casi 13 millones de pesos para resolver el conflicto.
- Solo pagaron cerca de 11 millones de pesos por conceptos de contribuciones federales.
- Al quedar un saldo pendiente, el proceso sigue vigente en su contra.
La detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos, aunque sea por una falta migratoria, representa un punto de inflexión para la justicia mexicana, que podría solicitar su extradición para que enfrente finalmente las acusaciones de crimen organizado y desvío de miles de millones de pesos. ¿Hasta dónde llegará la justicia para desmantelar las redes de factureros que operaron con impunidad durante sexenios pasados?
