Tras los recientes hechos violentos ocurridos en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas legislativas. El “blanquiazul” prepara una contundente reforma protesta pacífica México con el fin expreso de limitar la actuación del Estado y sancionar a las autoridades que abusen de la fuerza. La iniciativa, que se presentará el próximo martes, busca transformar el marco constitucional para garantizar la libertad de expresión ciudadana sin temor a la estigmatización o la represión.
Elías Lixa impulsa la protección legal tras incidentes con la Generación Z
La bancada del Partido Acción Nacional, bajo la coordinación de Elías Lixa Abhimeri en la Cámara baja, anunció la presentación de una iniciativa de Ley para la Protección de la Protesta Pacífica. Esta acción surge por instrucción directa de su líder nacional, Jorge Romero, y busca dar una respuesta legislativa a los altercados registrados el pasado sábado durante la marcha de la Generación Z.
La propuesta central es registrar una reforma constitucional al artículo 9 para que el derecho de reunión y protesta pacífica quede expresamente garantizado. De acuerdo con el coordinador Lixa, el objetivo es muy claro: “Establecer los límites de actuación del propio gobierno para que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos, y quien tiene que estar limitado es el Estado en su actuación.”
El alcance de la reforma al artículo 9 constitucional
La iniciativa del PAN está diseñada para establecer un sistema robusto de garantías que impida al Estado estigmatizar a quienes participan en una manifestación. Elías Lixa planteó varios puntos cruciales que buscan proteger a los manifestantes y castigar el abuso de poder:
- Candados contra la persecución mediática y vigilancia digital: Se busca prohibir expresamente el uso de herramientas gubernamentales para perseguir a ciudadanos que ejercen su libertad. El diputado federal criticó que el gobierno haya “hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar”.
- Investigación de oficio a autoridades: Cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento en una manifestación, deberá investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron.
- Protocolo de sanción: Tiene que existir un protocolo que sancione a las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad.
- Regla de presunción de paz: Las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas.
Límites claros entre violencia individual y estigmatización estatal
Lixa Abhimeri fue enfático al aclarar que la propuesta no busca la impunidad para actos delictivos, sino evitar la criminalización generalizada de la protesta social. Aclaró que si “alguien comete un acto de violencia, esa es la persona que debe ser investigada”. Sin embargo, subrayó que el Estado no puede censurar ni estigmatizar a quienes intervienen pacíficamente en una manifestación.
“En el PAN defendemos la libertad, en el PAN defendemos a las y los jóvenes y no aceptamos que la intromisión del Estado, busque estigmatizarlos simplemente porque dicen cosas que al gobierno incomoda”, abundó el diputado panista, señalando la necesidad de aplicar un sistema de garantías para que la ciudadanía pueda expresarse libremente, como lo mandata la Carta Magna.
Crítica directa a la administración federal
El diputado federal panista extendió su crítica hacia la situación de inseguridad que se vive en el país, contrastando las prioridades del gobierno federal. Señaló que mientras se persigue a los jóvenes manifestantes, a los municipios y a los estados se les quita dinero destinado a la seguridad.
Desde su bancada, aseguró que seguirán levantando la voz contra la administración federal, la cual, a su juicio, “se ha decidido poner de lado de la opresión de la represión y de la violencia”. La iniciativa presentada busca ser un contrapeso legislativo a lo que el Partido Acción Nacional considera un abuso sistemático del poder en contra de los derechos humanos fundamentales.
La propuesta del PAN pone sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el derecho fundamental a la protesta, obligando al Congreso a definir de manera clara los límites de la autoridad frente a la ciudadanía movilizada.
