El aguinaldo no es una dádiva, sino un derecho fundamental que la Ley Federal de Trabajo garantiza a todos los empleados en el país. Sin embargo, en los primeros días de noviembre de 2025, un decreto presidencial modificó drásticamente esta prestación para un sector clave, creando una brecha económica que sitúa a los servidores públicos en una categoría distinta.
La base legal del derecho laboral al aguinaldo
El marco legal en México establece con claridad la obligación patronal respecto a esta prestación. De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo (LFT), se estipula que todos los trabajadores tienen el derecho a recibir un aguinaldo anual.
Las características mínimas de este derecho son:
- Monto mínimo: El equivalente a quince días de salario.
- Fecha límite de entrega: Debe ser entregado por la empresa o empleador antes del 20 de diciembre.
La ley federal asegura esta prestación para una amplia gama de trabajadores, independientemente de su tipo de contratación, además de ser un beneficio independiente de otras prestaciones con las que cuente una persona en su empleo actual.
¿Quiénes están protegidos por la LFT?
Este beneficio abarca a todos los trabajadores de base, de planta, de confianza, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o sujeto a capacitación inicial, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro o vendedores.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) destaca que quienes no hayan cumplido un año laborando solo recibirían la parte proporcional al tiempo que llevan prestando sus servicios en un determinado trabajo.
En caso de dudas o incumplimientos, la Profedet llama a los trabajadores a acudir a sus oficinas ubicadas en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México o con los procuradores que hay en los estados de la República Mexicana. La ubicación se puede consultar en el enlace bit.ly/OFICINAPROFEDET o mediante el teléfono 079.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Un cambio significativo en la política de prestaciones se materializó en los primeros días de noviembre de 2025, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Este decreto establece distintas disposiciones para otorgar 40 días de aguinaldo, superando el mínimo legal de la LFT. Este incremento aplica exclusivamente para trabajadores del Estado, es decir, servidores públicos que laboran en las diversas secretarías del Gobierno de México.
Trabajadores que recibirán 40 días de aguinaldo
Los grupos específicos que tienen derecho a este incremento de 40 días incluyen:
- Servidores públicos (personal operativo y de confianza).
- Personal de enlace y mando.
- Militares activos.
- Personas físicas por honorarios.
- Pensionistas y deudos.
Restricciones y personal sin derecho a la prestación ampliada
Por su parte, el Artículo Octavo del decreto señala explícitamente a quienes quedan excluidos del beneficio de 40 días de aguinaldo.
No tienen derecho a esta prestación ampliada:
- Aquellas personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
- Aquellas a las que se cubran percepciones por cualquier concepto no previsto en el Artículo Quinto del decreto o en los lineamientos y normativa a que se refiere ese precepto.
- El personal al que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.
El contexto del decreto
La publicación de este decreto, firmado por la presidenta Sheinbaum, refuerza la distinción de las prestaciones entre el sector público y el sector privado en México. Mientras la Ley Federal de Trabajo garantiza 15 días de salario como piso, la normativa federal duplica este beneficio para los empleados al servicio del Estado. La medida, que entró en vigor en noviembre de 2025, impacta directamente en la economía de miles de familias de servidores públicos, pensionistas y personal militar activo.
El debate sobre la equidad laboral se aviva con la entrada en vigor de este decreto de 40 días. Si bien es un apoyo directo a los trabajadores del Estado, plantea la pregunta crucial sobre cuándo se extenderá este beneficio ampliado al resto de la fuerza laboral nacional que se rige únicamente por el mínimo que dicta la Ley Federal de Trabajo.
