La histórica institución de asistencia social, el Nacional Monte de Piedad, se encuentra paralizada por una huelga que mantiene cerradas 302 sucursales en todo el país. El conflicto, que expone un profundo distanciamiento entre la base trabajadora y la directiva, se centra en acusaciones graves de privatización interna, sueldos millonarios para la cúpula y el desmantelamiento de derechos laborales.
El tribunal federal declara existente la huelga en el Nacional Monte de Piedad
El conflicto laboral de 2025 escaló cuando el Tribunal Federal Laboral emitió una resolución contundente: declaró la huelga Nacional Monte de Piedad legalmente existente, justificando el movimiento y desestimando los argumentos de la administración que buscaban invalidarlo. La resolución confirmó que la administración sí violó el contrato colectivo de trabajo (CCT).
El proceso de votación que respaldó la huelga fue contundente, según los datos proporcionados por los sindicatos:
- Votó el 97% del personal.
- El 75.25% votó a favor de la huelga.
A pesar de la validez legal y la orden del Tribunal Federal Laboral de reparar daños y pagar salarios caídos, los trabajadores aseguran que la administración no ha mostrado señales de diálogo ni se ha presentado a conciliación. Ninguna autoridad del patronato ha emitido un comunicado público explicando la causa del cierre prolongado.
La afectación a los clientes: el llamado a Profeco y la seguridad de las prendas
Desde León, Guanajuato, donde la Sección 8 abarca cinco sucursales y tiene 26 sucursales en riesgo de paro, la secretaria general Guadalupe Vargas envió un mensaje directo a los usuarios, lamentando profundamente la afectación que consideran el principal dolor del movimiento.
La petición pública de los trabajadores a los clientes fue precisa:
- “Les pedimos comprensión, apoyo y que denuncien ante Profeco.”
- “Les pedimos a los clientes que no paguen, que vayan a Profeco y metan quejas para que presionen a la administración. El conflicto no es de ellos.”
- Se asegura que las prendas están seguras. “No se van a vender ni a vencer.”
La líder sindical detalló que, a pesar de las afectaciones, la huelga se sostendrá “el tiempo que sea necesario”. Los empleados llevan casi dos meses sin recibir salario y sobreviven con ayuda familiar, ventas personales y aportaciones de otros sindicatos, como los Telefonistas de México. En León, algunos trabajadores incluso han tenido que trabajar como “viene-viene” para llevar comida a sus casas.
Negocio privado en una institución social: la gestión del patronato
El Nacional Monte de Piedad es, por definición, una institución de asistencia social que opera sin dueño, bajo un patronato. No obstante, Guadalupe Vargas afirmó que ese patronato se ha convertido en una élite empresarial que “opera como si fueran dueños de un banco privado”.
Sueldos millonarios contra salarios mínimos
El contraste entre la directiva y la base trabajadora se hizo evidente con la exhibición de los sueldos del patronato, revelados en documentación fiscal del propio Nacional Monte de Piedad, IAP. Mientras la administración ha mantenido congelados los ascensos y recortado prestaciones, los siete integrantes del patronato reciben en conjunto alrededor de 29.7 millones de pesos anuales, un promedio de más de 4.2 millones de pesos por persona.
La lista de salarios anuales de los integrantes del patronato es la siguiente:
- José Antonio Palacios Pérez, presidente, con un salario de 5,322,453 pesos.
- Jorge Eduardo Alonso Olivares, vocal, con 5,990,919 pesos.
- Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, vocal, con 4,036,733 pesos.
- Dionisio Hilario García Silva, vocal, con 4,006,830 pesos.
- Pedro Romero de Terreros Gómez Morin, secretario, con 3,624,070 pesos.
- Juan Miguel Guerra Dávila, vocal, con 3,451,789 pesos.
- Margarita Hugues Vélez, vocal, con 3,272,508 pesos.
El líder nacional del sindicato, Arturo Zayún González, afirmó que, mientras la administración pide “apretarse el cinturón” a la base, la cúpula directiva conserva estos sueldos millonarios por sesionar “unas cuantas veces al año”.
La ruta del oro y la élite de Peñoles
Guadalupe Vargas señaló que la problemática va más allá de lo laboral y es estructural. Acusó que uno de los personajes del patronato está ligado a Peñoles, la empresa minera, y presuntamente participa en el proceso de recolección y fundición del oro que no es recuperado por los clientes.
La líder sindical describió el proceso de extracción masiva de oro: “Sacaron muchísimo oro del Monte de Piedad. Oro de prendas que ya no se recuperan. Lo retiran, lo llevan a una concentradora, lo funden y nadie sabe a dónde va. Es imposible tapar el sol con un dedo”.
Cinco años de conflicto laboral: el origen de la crisis de 2025
Los trabajadores aseguran que desde hace cinco años la administración ha buscado modificar, debilitar o eliminar el contrato colectivo de trabajo (CCT), un documento con 70 años de existencia.
Según el sindicato, durante este periodo se acumularon las siguientes violaciones:
- Tres años sin aumento salarial (de 2021 a 2023).
- Salarios por debajo de dos salarios mínimos.
- Cero ascensos escalafonarios entre 2022 y 2025.
- Intentos de impedir la legitimación del contrato colectivo.
- Hostigamiento, amenazas y presión para cambiar de sindicato.
El conflicto se agudizó en 2024 cuando, tras una huelga previa, se firmaron acuerdos que, según los trabajadores, la administración no cumplió.
La violación clave: el despojo del escalafón
La gota que derramó el vaso y encendió la huelga de 2025 fue la remoción unilateral del escalafón, un proceso que, según el contrato, debe realizarse por antigüedad y en coordinación con el sindicato. La administración realizó el proceso sola, beneficiando a:
- “Gente con muy poca antigüedad, perteneciente al sindicato patronal.”
- Se benefició a 300 trabajadores con plazas de alto nivel, cuando existían más de 700 vacantes en todo el país.
El sindicato acusa que este proceso se hizo a espaldas del Comité Ejecutivo Nacional, sin respetar el contrato y con fines políticos para debilitar al sindicato titular.
Otro frente de ataque fue el cambio de horario y la cancelación de descansos. Los trabajadores también acusan cambios unilaterales al horario laboral, implementando una jornada continua de 8:30 a 17:00 horas, pero sin permitir la media hora de comida en muchas sucursales. Guadalupe Vargas denunció que “hay gerentes que levantan reportes, suspenden y afectan económicamente a los empleados para cansarlos y obligarlos a doblar las manos”.
Hostigamiento y el “secuestro” de los valuadores
La líder sindical relató que en 2024 se cometió uno de los actos más agresivos: encerraron a casi 400 valuadores en salones, con seguridad en la puerta, y los liquidaron en el mismo lugar, obligándolos a firmar contratos nuevos que les quitaron todas sus prestaciones. Ese grupo fue despedido y recontratado bajo nuevas reglas. Aunque algunos aceptaron por miedo, otros interpusieron demandas. Hoy, esos mismos valuadores apoyan la huelga desde fuera.
Además, Guadalupe Vargas afirma que directivos como Aldo Achar, de Factor Humano, y Mariana Veloz, de Relaciones Laborales, instruyeron a gerentes para presionar a los trabajadores a votar contra la huelga, haciendo una “campaña interna de miedo, diciendo mentiras, para que votáramos por el ‘no'”. Aun así, el “sí” ganó de manera contundente.
El frente financiero oculto
Arturo Zayún González, líder nacional del sindicato, proporcionó los números del impacto: “En 2024 tuvieron un remanente de 12 mil millones de pesos. Con la huelga ya llevan perdidos casi 2 mil millones. Pero como ese dinero no sale de sus bolsillos, no les importa”.
Guadalupe Vargas advirtió que la administración ha impulsado un proceso de privatización interna, señalando dos problemáticas adicionales:
La Financiera Monte de Piedad y la clasificación de clientes
Según la líder sindical, la administración creó una financiera interna, la “Financiera Monte de Piedad”, usando dinero de la institución sin fines de lucro. Ningún trabajador forma parte de esa financiera ni recibe beneficios.
Adicionalmente, se acusa que las tasas de interés han alcanzado niveles entre el 3.5% y el 7.6%, lo que iría contra el propósito social de la institución. Ahora se clasifica a los clientes por categorías (bronce, plata, oro, diamante), un sistema que, según el sindicato, privatiza el trato en una institución cuyo fin debía ser social: “Si tú traes oro de 14 kilates y otra persona trae la misma prenda, pero porque un día dejó vencer un empeño, a él le prestan menos y le cobran más interés. Eso nunca debió existir.”
Un precedente histórico y la exigencia final
El sindicato ha recibido respaldo de organizaciones como la CROC, CROM, CTM, Sindicatos del Metro y de aviación, y Federaciones de la Ciudad de México. De acuerdo con Guadalupe Vargas, esta lucha podría marcar un precedente: “Si nosotros ganamos, otros sindicatos podrán recuperar derechos dentro de sus empresas. Es un parteaguas”.
La exigencia final, sintetizada por el líder nacional, es clara: “Solo queremos que respeten lo que ya está en el contrato. Nada más. No pedimos nada nuevo”. Los trabajadores aseguran que no se moverán hasta detener lo que consideran un proceso de privatización interna y saqueo. Su mensaje final es contundente: “El Monte de Piedad es del pueblo de México. No de siete personas que lo están usando como negocio. Vamos a defenderlo hasta el final”.
El fallo del Tribunal Federal Laboral es inapelable: el contrato fue violado. La pregunta que queda en el aire es si el patronato, que percibe casi 30 millones de pesos al año, atenderá finalmente las violaciones al CCT y el aumento salarial pendiente, o si el pulso de poder llevará a la institución más antigua del país a una crisis irreversible mientras sus ganancias se desvanecen.
