El miércoles 26 de noviembre de 2025, el Pleno del Senado ratificó, con 66 votos a favor y 32 en contra, los nombramientos de 20 magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este proceso de ratificación de magistraturas TFJA encendió las alarmas de la oposición, que acusa una inminente “captura” del órgano jurisdiccional por perfiles vinculados a la Cuarta Transformación.
El mandato de 10 años y la reserva sobre la improrrogabilidad
La votación finalizó con el aval de la mayoría, confirmando que los magistrados y magistradas designados ocuparán sus cargos por un periodo de diez años, iniciando formalmente el 1 de enero de 2026. Al inicio del debate, se informó sobre una reserva específica, cuyo objetivo era quitar la improrrogabilidad en esos cargos.
El Tribunal de Justicia Administrativa es fundamental para dirimir litigios entre particulares y la administración pública federal. Sus responsabilidades abarcan temas fiscales y juicios que concluyen diversos procedimientos.
Datos clave sobre la labor del tribunal:
- En el último año, sus diversas salas regionales concluyeron más de 133 mil juicios.
- Poco más de 80 mil de estos juicios terminaron en sentencias de fondo.
- Esto significa que el 70 por ciento de los asuntos tuvieron una resolución definitiva.
La defensa oficialista: perfiles sólidos y precedentes históricos
Los senadores de Morena y sus aliados defendieron la calidad de los perfiles propuestos por la Presidencia. El senador morenista Miguel Ángel Yunes aseveró que los perfiles ratificados son sólidos y técnicos, demostrando “capacidad, experiencia y una clara vocación de servicio” en las propuestas enviadas por la presidenta de la República.
Ante las críticas directas sobre los perfiles vinculados a la 4T, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, argumentó que el procedimiento de nombramientos es el mismo utilizado siempre para ratificar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ramírez Marín tachó al PAN de pretender “cortarse el cuello” al oponerse, e hizo un recuento de nombramientos anteriores:
- El PAN, cuando era gobierno, nombró a Víctor Orduña como magistrado del Tribunal Fiscal, a pesar de ser diputado panista y no haber tenido una función jurisdiccional.
- El PRI, por su parte, nombró a Carlos Chaudan como magistrado, siendo previamente senador del PRI.
Incluso la senadora morenista Blanca Díaz Delgado manifestó su apoyo a la renovación, sosteniendo: “No podemos tener miedo a que llegue gente nueva y aunque no tenga experiencia, pero que tenga honorabilidad y que aprenda en el camino”.
El rechazo opositor: acusaciones de captura y conflicto de interés
Las bancadas de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) rechazaron contundentemente los nombramientos. Cuestionaron la posible parcialidad de los perfiles debido a sus vínculos con el gobierno federal, indicando que con estas designaciones se comienza a destruir la labor del Tribunal de Justicia Administrativa.
La senadora priista Cristina Ruiz denunció que el gobierno federal propuso a individuos con una marcada inclinación política, detallando los siguientes antecedentes:
- Una ex diputada de Morena.
- Un ex trabajador de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Un operador político ligado al senador Adán Augusto López Hernández.
- Asesores, excandidatos y operadores territoriales que cobraban en la nómina federal.
“Tenemos ya a un tribunal capturado que deja indefensos a los ciudadanos y servidores honestos”, aseveró la priista, subrayando que la mayoría de los candidatos han laborado en diversas áreas de la administración pública federal, administraciones locales y el poder legislativo.
Vínculos directos y falta de experiencia judicial
El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, lamentó que pocos de los veinte designados tengan experiencia en el Poder Judicial. Además, señaló la existencia de un grave conflicto de interés entre el oficialismo y las personas seleccionadas para ocupar las magistraturas vacantes.
El senador panista Raymundo Bolaños aceptó que, si bien las áreas de especialidad de los candidatos son claras, la mayoría posee una larga carrera defendiendo a la administración pública local y federal, lo cual, a su juicio, genera problemas de parcialidad.
Bolaños expuso el caso de Yamil Villalba Villarreal, quien fue Oficial Judicial en un tribunal penal de la Ciudad de México (CDMX), pero también es copropietario de un edificio en la colonia Roma de la Ciudad de México junto con las hermanas Luisa y Bertha Alcalde Luján.
La senadora Claudia Anaya (PRI) señaló que incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, impulsó a dos candidatos que trabajan en el Legislativo: Miguel Ernesto Pompa y Olimpia Girón Hernández.
Perfiles ratificados con experiencia en la administración federal
Entre las personas ratificadas se encuentran varios funcionarios vinculados a la administración pública:
- José Muñoz Barrett: Se ha desempeñado como funcionario de gobierno.
- Mayra Alicia Alvarado Cruz y Fernando Cruz Ventura: Ambos laboraron en la Administración Central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del SAT. Cruz Ventura también fue coordinador de asesores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Sandra Paola González Castañeda: Se desempeñó como Directora de Administración de Conagua y ocupó una Dirección en la Secretaría de Economía.
- María Elena Montero García: Ha laborado en el servicio público federal por doce años en instancias como el IMSS, Secretaría de Economía, Financiera Nacional, el SAT y la SCIT.
- Rodrigo Eduardo Escalante: Ha laborado en la Procuraría Fiscal de la Federación.
- Jorge Enrique Mata Gómez: Fue ex coordinador general de la oficina de la presidencia del TEPJF, cuando Mónica Soto Fregoso era presidenta.
El proceso de ratificación, formalizado el 26 de noviembre de 2025, subraya una tensión creciente: ¿puede un órgano jurisdiccional clave en la fiscalización del poder ejecutivo mantener su autonomía cuando sus nuevos integrantes tienen una trayectoria probada en la administración pública que ahora deberán juzgar? La crítica opositora de la “captura” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa plantea una sombra de duda sobre el futuro de la justicia administrativa en México, justo cuando la próxima administración se prepara para tomar el control total de las instituciones.
