El triunfo de Rafael Marín Mollinedo en las encuestas internas desató una grave crisis en la alianza Morena-PVEM en Quintana Roo, derivando en el rechazo del Partido Verde, movilizaciones gubernamentales forzadas y la sustitución táctica de sus aspirantes políticos.
Quiebre interno en la alianza Morena-PVEM tras el resultado de las encuestas
La ventaja de Rafael Marín Mollinedo en la evaluación interna detonó la paralización inmediata de las mesas de negociación ante la negativa del Partido Verde de acatar las cifras.
El proceso de selección para la Coordinación Estatal de los Trabajos de Defensa de la Transformación en Quintana Roo expuso la división más profunda del bloque oficialista. A pesar de que las mesas de evaluación otorgaron la victoria a Rafael Marín Mollinedo para liderar el proyecto estatal de Morena, la cúpula del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazó los resultados de forma tajante.
Esta postura fue encabezada por el senador con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez y respaldada directamente por el máximo liderazgo del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”. Al desconocer la validez del ejercicio estadístico, la dirigencia ecologista paralizó los acuerdos, fracturando el avance de la coalición en la entidad.
Respuesta gubernamental mediante movilización social y presión digital
La paralización del diálogo derivó en el despliegue del aparato estatal para organizar marchas masivas y campañas en redes sociales bajo consignas de defensa popular.
Como reacción directa al estancamiento de las negociaciones políticas, la estructura del gobierno estatal, dirigida por la gobernadora Mara Lezama, activó la realización de la marcha denominada “Defendamos la Transformación”. La convocatoria, sin embargo, enfrentó severas cuestionamientos por parte del personal operativo.
- Coerción a burocracia: Servidores públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo, al Congreso local y a diversos Ayuntamientos denunciaron amenazas directas de despido e intimidación laboral en caso de no presentarse al contingente.
- Estrategia en plataformas digitales: De forma paralela a la marcha, redes de difusión institucional y páginas como “Defensores de la Transformación” posicionaron la consigna “La Transformación no se negocia, se defiende con el pueblo”.
- Contradicción narrativa: Analistas políticos destacaron la incongruencia de apelar a la base social mediante el aparato público mientras los acuerdos de cúpula permanecían frenados.
Cambio de estrategia del PVEM: Ana Patricia Peralta releva a Gino Segura
El desgaste político de Eugenio Segura forzó al Partido Verde a cambiar su propuesta hacia la alcaldesa de Benito Juárez como nueva ficha de negociación.
Ante la imposibilidad de sostener la candidatura de Gino Segura tras el rechazo a los sondeos de opinión, el grupo político del PVEM reestructuró su plan táctico. La cúpula regresó a las mesas de concertación impulsando a Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, como la nueva figura prioritaria para encabezar la candidatura de la alianza.
Este viraje intensificó las interrogantes en el sector político sobre los grupos de poder que buscan condicionar el desarrollo del proyecto oficialista en el estado, evidenciando que las candidaturas han quedado sujetas al chantaje político por encima de la voluntad emitida en los ejercicios demoscópicos.
Despliegue de propaganda institucional y presunto uso de recursos públicos
La siguiente etapa de la pugna interna contempla la cobertura mediática e imagen urbana financiada presuntamente con fondos de los poderes estatales.
El conflicto escalará a las calles mediante una campaña masiva de difusión visual en los municipios de Quintana Roo. La logística imitará el modelo utilizado anteriormente por Eugenio Segura —que empleaba un puño guinda sobre su nombre—, adaptando la tipografía a la frase “Defendamos la Transformación”.
El aspecto más crítico de esta fase radica en el origen del financiamiento. Los reportes indican que los costos de pintado de bardas, movilización digital y logística general provienen del desvío de recursos del Erario Público, afectando los presupuestos operativos del Ejecutivo estatal, los municipios y la legislatura local, lo que coloca la estabilidad del movimiento en un punto de riesgo institucional.
