En un momento donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones crece, Quintana Roo apuesta por la transparencia. Con un acuerdo inédito, el Congreso busca cambiar las reglas del juego.
Una Legislatura que busca hacer historia
La Legislatura de la Justicia Social ha dado un paso firme hacia una administración pública más limpia y cercana a la gente.
Un convenio con implicaciones profundas
El acuerdo firmado entre el diputado Jorge Sanén, presidente de la JUGOCOPO, y Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria técnica del Sistema Anticorrupción, no es solo un acto protocolario. Es la base para crear políticas públicas más efectivas, mecanismos de vigilancia ciudadana y coordinación interinstitucional real.
“Este Convenio nos permitirá legislar, formular políticas públicas, generar mecanismos de prevención y acompañar la implementación de acciones de control y vigilancia desde una perspectiva ciudadana”, señaló Sanén.
Quiénes están detrás del nuevo pacto anticorrupción
Aliados clave en la transformación institucional
Este esfuerzo reúne a instituciones estratégicas:
- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Reyna Valdivia Arceo Rosado.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, liderado por Magda Lozano Ocman.
- Unidad de Investigación en Combate a la Corrupción del Distrito Sur, representada por Héctor Ávila Vázquez.
Legisladores comprometidos
El respaldo político fue evidente con la presencia de las diputadas y diputados Luz Gabriela Mora Castillo, Jennifer Rubio Tello, Alberto Batún Chulim, Saulo Aguilar Bernés, José María Chacón Chablé y Rubén Antonio Carrillo Buenfil.
Por qué importa este convenio para la ciudadanía
Del discurso a la acción
El convenio permite acciones concretas:
- Creación de políticas anticorrupción con enfoque ciudadano.
- Implementación de mecanismos de control legislativo más eficientes.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas y la vigilancia social.
Una apuesta por la confianza
En un entorno donde la transparencia es exigencia pública, este tipo de acuerdos marcan diferencia. No solo se trata de cumplir con protocolos, sino de responder a una demanda social creciente.
Una oportunidad para reconstruir el vínculo institucional
Este convenio tiene el potencial de sentar un precedente para otros estados del país. Si se implementa con rigor y apertura, Quintana Roo puede convertirse en referente nacional en materia de lucha anticorrupción.
¿Será esta la semilla de un nuevo modelo de gobernanza con rostro ciudadano?
