La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró la vinculación a proceso y prisión preventiva contra el alcalde Gilberto “N” y dos exfuncionarios por exigir pagos ilegales a un comerciante en el fraccionamiento Puerto Maya.
Vinculación judicial por cobros ilícitos en la alcaldía
Una jueza de Control determinó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Gilberto “N”, Jorge “N” y Karla Paola “N” tras comprobarse su participación en delitos de extorsión agravada.
La indagatoria realizada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo documentó que los hechos ilícitos ocurrieron entre enero y mayo de 2026 en el municipio de Playa del Carmen. Las exigencias económicas afectaron de manera directa a un comerciante de identidad reservada en el fraccionamiento Puerto Maya, quien comenzó a entregar recursos financieros de forma periódica debido al asedio institucional.
Exigencias de dinero por trámites gratuitos
**El esquema de extorsión inició el diecinueve de enero de *2026* cuando la entonces funcionaria Karla Paola “N” citó a la víctima para cobrar efectivo por un trámite oficial que operaba sin costo.**
Durante dicho encuentro, la exfuncionaria argumentó que el desembolso económico funcionaría como una garantía de protección para sostener la actividad comercial de la víctima mientras Gilberto “N” continuara al frente de la administración de la alcaldía de Puerto Aventuras. La promesa de inmunidad comercial encubría un mecanismo sistemático de presión financiera ejecutado por operadores vinculados directamente al gobierno local.
Amenazas físicas y escalada de violencia
**El seis de febrero de **2026, Jorge “N” se presentó en el establecimiento comercial para intimidar físicamente a la víctima bajo instrucciones directas del alcalde.
La presión escaló el siete de mayo de 2026, fecha en la cual Jorge “N” regresó al negocio para exigir cuotas de carácter semanal. En esa intervención, el operador amenazó al comerciante con expulsarlo por la fuerza del local y ocasionarle lesiones graves si incumplía los pagos requeridos. Ante este escenario de intimidación constante, la persona afectada accedió a entregar dinero de manera periódica, situación que quedó asentada en el expediente judicial de la FGE. Con los datos de prueba presentados por la autoridad ministerial, la autoridad jurisdiccional resolvió la vinculación formal de los tres imputados y dictó la prisión preventiva.