Quintana Roo define pagos de deuda pública y obligaciones bancarias

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Quintana Roo define pagos de deuda pública y obligaciones bancarias
Quintana Roo define pagos de deuda pública y obligaciones bancarias

El Gobierno de Quintana Roo reporta una deuda pública directa de 19 mil 144 millones de pesos a agosto de 2026, destinando mil 990.2 millones al servicio de sus obligaciones financieras durante el año en curso.

Naturaleza jurídica de los financiamientos estatales

La deuda pública estatal comprende los financiamientos contratados por la administración con la banca de desarrollo y la banca privada para cubrir inversiones y obligaciones.

Los recursos provienen de instituciones financieras, mientras que el marco legal federal establece restricciones severas para el endeudamiento. El artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de forma absoluta a los estados contraer obligaciones con gobiernos, sociedades o particulares extranjeros, o pagaderas en moneda extranjera. La operación se sostiene exclusivamente dentro del sistema financiero nacional bajo supervisión estricta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Comportamiento financiero y evolución del saldo directo

La Sefiplan documenta una reducción en el saldo directo de la deuda estatal al pasar de 19 mil 680 millones de pesos en septiembre de 2022 a 19 mil 144 millones en agosto de 2026.

La variación representa una disminución de 536 millones de pesos sin la contratación de nuevos créditos durante el periodo. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de la Cuenta Pública 2024, reportó un saldo de 21 mil 519.8 millones de pesos al cierre de 2024, frente a 21 mil 763.2 millones registrados en 2023. Los compromisos financieros de largo plazo mantienen un plazo promedio de 25 años, configurándose como el periodo más prolongado entre las entidades federativas del país.

Distribución del gasto presupuestal para el servicio financiero

El Presupuesto de Egresos 2026 asigna mil 990.2 millones de pesos exclusivamente al servicio de la deuda directa de largo plazo dentro de un gasto total estatal de 53 mil 981.8 millones de pesos.

El desglose financiero contempla mil 651.6 millones de pesos destinados al pago de intereses, 250.4 millones de pesos para coberturas, 79.98 millones de pesos correspondientes a la amortización de capital, y 8.27 millones de pesos en gastos asociados a la deuda. La estructura de pagos prioriza el costo financiero sobre la reducción directa del principal durante el ejercicio fiscal en curso.

Pasivos vigentes en las demarcaciones municipales

El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalla los saldos bancarios vigentes de los municipios al 30 de septiembre de 2025 mediante créditos que comprometen participaciones federales hasta 2038.

El municipio de Benito Juárez encabeza los compromisos con 806.8 millones de pesos distribuidos en dos créditos contratados con Banco Azteca y BBVA, con fecha de vencimiento fijada para 2034. Playa del Carmen reporta un saldo de 428.5 millones de pesos con BBVA, adquirido en agosto de 2024. Cozumel mantiene un pasivo de 423.2 millones de pesos con Banobras, cuyo vencimiento opera en abril de 2038. Finalmente, Othón P. Blanco registra un adeudo de 126.5 millones de pesos con Banobras.

Calificaciones crediticias y evaluación de sustentabilidad

Las agencias internacionales y el sistema federal ubican la salud financiera de Quintana Roo en niveles sostenibles tras registrar mejoras sustanciales en sus evaluaciones de riesgo.

La Secretaría de Finanzas y Planeación informó que el estado ostenta calificaciones de mxAA por parte de S&P Global, A+(mex) otorgada por Fitch Ratings, HR AA- emitida por HR Ratings y AA-.mx por parte de Moody’s Local México. Las evaluaciones contrastan con la calificación de BBB- reportada al inicio de la administración estatal en 2022. En paralelo, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda clasifica el nivel de endeudamiento del estado bajo la categoría de sostenible, validado por los informes de la Auditoría Superior de la Federación.