La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó formalmente la entrega de los dispositivos móviles de Carlos Manzo Rodríguez ante la negativa de su viuda, Grecia Quiroz, con el objetivo de esclarecer el homicidio del exmunícipe de Uruapan.
La batalla judicial por los dispositivos móviles
La entrega de los teléfonos celulares es considerada un paso determinante por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para disipar las dudas que persisten en torno al caso y avanzar en la investigación.
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, rechazó una petición previa para entregar los dispositivos de manera voluntaria. Ante esta resistencia, el gobierno estatal confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) intervino legalmente para incorporar formalmente el contenido de dichos equipos a la carpeta de investigación judicial en curso.
Proyección de nuevas órdenes de aprehensión
El análisis técnico de los celulares, sumado a las nuevas declaraciones de testigos, apunta hacia una expansión de la lista de implicados en el crimen.
- Ampliación del proceso: La revisión de los dispositivos y la toma de testimonios adicionales derivarán en la ejecución de nuevas detenciones vinculadas a este hecho delictivo.
- Investigación de motivos: Aunque ya existen detenidos como Ramón “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual, el Ministerio Público mantiene el objetivo de esclarecer el móvil real del homicidio.
- Líneas de interrogatorio: La fiscalía ha requerido la declaración de figuras políticas previamente mencionadas por Quiroz, entre las que figuran Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, junto con personas del círculo cercano a Manzo Rodríguez.
Solicitud de atracción federal
La familia de la víctima busca trasladar la competencia del caso a instancias federales ante la sospecha de colusión con estructuras delictivas.
Juan Manzo, hermano del fallecido, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga la investigación. El argumento central sostiene la existencia de pruebas que sugieren la participación de la delincuencia organizada, lo cual obligaría a que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) asuma la responsabilidad del expediente.
El gobernador Ramírez Bedolla enfatizó la necesidad de separar el proceso de justicia de cualquier presión o interés electoral, permitiendo que la investigación se centre exclusivamente en la resolución de los hechos.
