La detención de Luis Antonio “N”, contador vinculado al círculo cercano de Alejandro Moreno Cárdenas, marca un giro en la investigación por el presunto peculado de 97 millones de pesos destinados a la televisora Mayavisión durante la administración estatal en Campeche.
Captura del operador financiero en la Ciudad de México
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México aprehendieron a Luis Antonio “N” el lunes a las 14:40 horas en las inmediaciones de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.
Tras su captura, el imputado fue trasladado vía aérea hacia el estado de Campeche. El objetivo es ponerlo a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, autoridad que mantiene abiertas las carpetas de investigación por el manejo irregular de fondos públicos durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas.
Vínculos con el círculo familiar de Alito Moreno
Luis Antonio “N” fungió como contador y representante legal en diversas empresas propiedad de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El implicado enfrenta acusaciones directas por su participación en la estructura corporativa que presuntamente facilitó el desvío de recursos. Las investigaciones se centran en su rol estratégico dentro de las operaciones financieras ejecutadas durante el periodo gubernamental del exmandatario priista.
El esquema de pagos a la televisora Mayavisión
La fiscalía estatal investiga la simulación de servicios tras detectar irregularidades en pagos millonarios realizados por la oficina de Comunicación Social.
- monto total: La televisora Mayavisión, fundada por Espinosa Campos en junio de 2016, recibió 97 millones de pesos bajo la gestión de Moreno Cárdenas.
- falta de respaldo: Los auditores no encontraron documentos o evidencia material que valide la prestación de los servicios por los cuales se efectuaron los pagos.
- cifra bajo escrutinio: El contador enfrenta señalamientos específicos por el desvío de, al menos, 36 millones de pesos de los pagos totales adjudicados a la televisora.
La revisión de estas operaciones busca determinar si la empresa funcionó como un ente receptor para la extracción ilegal de fondos públicos, bajo un esquema de facturación que carece de sustento operativo frente a las autoridades judiciales.
