S&P Global Ratings mantuvo la calificación soberana de México, pero degradó su perspectiva a negativa, señalando bajo crecimiento, altos déficits fiscales y una deuda pública en aumento. Este ajuste refleja la preocupación por la sostenibilidad del modelo económico actual y sus implicaciones.
La medalla económica que oculta una advertencia de terapia intensiva
Esta semana, la Secretaría de Hacienda celebró la decisión de S&P Global Ratings de mantener la calificación soberana de México en grado de inversión. La comunicación oficial, teñida de un tono triunfalista, presentó el hecho como un logro económico significativo. Sin embargo, el detalle crucial que se minimizó fue la degradación de la perspectiva de “estable” a “negativa”. Este cambio, en lenguaje técnico, implica que si bien la calificación actual se sostiene, existe un riesgo elevado de un descenso futuro, evidenciando una situación financiera precaria.
La fragilidad del modelo económico: un diagnóstico que trasciende variables
La decisión de S&P no se limitó al riesgo país. La misma agencia deterioró específicamente la perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con varias de sus subsidiarias. Este movimiento sugiere que el problema no radica en una variable económica aislada, sino en la estructura completa del modelo implementado por la actual administración. Dicho modelo ha sido caracterizado por una confusión entre gasto político y desarrollo, propaganda y verdadera inversión, así como lealtad ideológica y sostenibilidad financiera.
Según Carmen Reinhart, “Las crisis financieras son castigos particularmente severos para los países que confunden propaganda con política pública”. La postura oficial, que intenta presentar la situación como un trámite menor o una “nube técnica”, contrasta con la lógica de los mercados, que operan con datos concretos, no con narrativas discursivas. Los indicadores económicos de México, aunque superficialmente estables, comienzan a mostrar vulnerabilidades estructurales.
La deuda pública: el costo silencioso que consume el futuro estatal
El diagnóstico de S&P no surge de la nada. La calificadora ha señalado consistentemente un bajo crecimiento económico, déficits fiscales elevados, un incremento sostenido de la deuda pública y las contingencias financieras derivadas del rescate constante de Pemex. Estos problemas han sido advertidos por economistas, analistas y organismos internacionales durante años, mientras las respuestas gubernamentales se basaban en posturas ideológicas.
La deuda pública representa uno de los datos más críticos. En 2018, esta rondaba los 10.5 billones de pesos. Para 2026, las estimaciones superan los 20 billones de pesos. Duplicar la deuda en menos de una década, mientras se promueve una política de austeridad, evidencia una contradicción entre la retórica fiscal y la realidad del endeudamiento. El costo financiero de esta deuda asciende a aproximadamente 1.5 billones de pesos anuales, un monto considerable que no se destina a infraestructura productiva, hospitales, seguridad o educación, sino que se evapora en el pago de intereses. Este gasto limita significativamente la capacidad de inversión y desarrollo del país.
Confianza e incertidumbre jurídica: el pilar perdido de la inversión
La confianza es un elemento fundamental en las finanzas. Las declaraciones del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, expresando “confianza” en revertir la perspectiva negativa, señalan un cambio de enfoque desde el análisis técnico hacia una expectativa basada en la creencia. La recuperación de la perspectiva crediticia, al igual que los resultados deportivos, no se sustenta en el optimismo, sino en la aplicación de estructura, disciplina, inversión y resultados tangibles.
Al revisar las variables reales, se observa un crecimiento económico mediocre, una inversión debilitada, una creciente incertidumbre jurídica, déficits elevados y un Pemex que continúa siendo una fuente de drenaje de recursos públicos. A estos se suman megaproyectos que absorben capital estatal sin una clara sostenibilidad financiera. La verdadera alarma no es la degradación en sí misma, sino la incapacidad política para abordar y corregir las causas subyacentes.
Reducir los déficits exige recortes de gasto, mientras contener la deuda demanda abandonar una lógica electoral permanente. Fortalecer la confianza de los inversores requiere ofrecer la certidumbre institucional que, según los analistas, se ha erosionado. Ningún inversionista serio destina capital a largo plazo en un entorno donde el Poder Judicial ha mostrado signos de politización o falta de independencia. Los mercados pueden tolerar ciertos niveles de populismo, pero la incertidumbre jurídica es un factor determinante para la retirada de capital. Las calificadoras evalúan la capacidad estatal efectiva, no los discursos de soberanía.
Elefantes blancos: proyectos políticos que devoran recursos fiscales
Mientras el país muestra signos de vulnerabilidad económica, el gobierno continúa financiando proyectos de gran envergadura que consumen recursos fiscales de manera ineficiente. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, las transferencias permanentes a Pemex y los subsidios disfrazados de desarrollo regional son obras concebidas más como monumentos políticos que como proyectos intrínsecamente sostenibles desde una perspectiva financiera.
Existe la posibilidad de corregir el rumbo económico, pero esto implicaría la toma de decisiones que la actual administración ha evitado. Estas incluyen recortar el gasto clientelar, abandonar proyectos inviables, reconstruir los contrapesos institucionales y reconocer que la disciplina fiscal no es una imposición ideológica, sino un requisito para la supervivencia estatal.
El riesgo crediticio: entre negación política y datos innegables
La situación actual evoca un paralelismo con las fases críticas de la pandemia de COVID-19, caracterizadas por una mezcla de soberbia política y negación técnica. En aquel momento, se recurrió a símbolos religiosos frente a la amenaza sanitaria, mientras las autoridades minimizaban la gravedad de la situación, lo que finalmente derivó en un alto costo humano. Actualmente, la estrategia parece replicarse en el ámbito financiero, donde la negación de la magnitud del problema persiste frente al aumento de la deuda, los déficits y el deterioro estructural.
La decisión de S&P no fue un evento aislado. Fitch Ratings rebajó la nota soberana de México en 2020, y Moody’s Ratings también modificó sus perspectivas en años recientes. Estos ajustes no pueden atribuirse a una “herencia tardía” de administraciones anteriores. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México alcanzó algunas de las calificaciones crediticias más altas de las últimas décadas. El deterioro actual coincide temporalmente con la consolidación del modelo económico de la Cuarta Transformación, una correlación que los datos objetivos evidencian. Pierre Rosanvallon afirmó que “Gobernar no consiste en negar la realidad, sino en impedir que la realidad termine negándote a ti.”
La paradoja de los más pobres: el riesgo de experimentos económicos fallidos
La narrativa del gobierno se ha fundamentado en la premisa de priorizar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, tras déficits históricos, una deuda disparada y un crecimiento económico mediocre, México se encamina hacia un escenario típico de experimentos populistas con gestión deficiente. Este camino se traduce en menos crecimiento, menor inversión, un margen fiscal reducido y una mayor vulnerabilidad para los mismos segmentos de la población que se prometió proteger. Modelos de inteligencia artificial estiman que México tiene entre 1% y 2% de probabilidades de ganar el Mundial de 2026. Ante la realidad de las finanzas públicas, la gestión económica exige un enfoque más centrado en la disciplina fiscal que en las expectativas de mejora crediticia.
