Las familias de las 346 víctimas de los siniestros del Boeing 737 MAX recibirán US$944,5 millones en pagos finales tras la resolución penal con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, preservando su potestad legal para sostener litigios civiles independientes.
Repartición de los dos fondos penales
El Departamento de Justicia consolidó dos asignaciones financieras específicas para cubrir la reparación penal a los beneficiarios directos.
La suma global responde a compromisos pactados en dos momentos procesales distintos frente a las autoridades federales estadounidenses:
- Primer fondo (2021): Monto de US$500 millones pactado dentro del acuerdo de procesamiento diferido inicial.
- Segundo fondo (2025): Dotación de US$444,5 millones establecida tras concretarse el acuerdo de no procesamiento.
- Monto total acumulado: Fondo conjunto de US$944,5 millones destinado a la entrega directa y proporcional entre los deudos de los 346 fallecidos.
La administración y reparto equitativo del nuevo tramo monetario recae en los especialistas designados Kenneth R. Feinberg y Camille S. Biros. Un aspecto central del marco regulatorio estipula que recibir estos desembolsos no exige a los parientes firmar exoneraciones de responsabilidad ni anula la vía judicial contra el fabricante.
Tragedias que marcaron el historial del modelo
Las investigaciones oficiales determinaron fallas críticas en el sistema automatizado de control de vuelo MCAS como origen directo de ambos siniestros.
El impacto global de estos eventos obligó a suspender las operaciones del modelo aeronáutico a nivel internacional durante cerca de 20 meses:
- Vuelo 610 de Lion Air: Ocurrido el 29 de octubre de 2018, con saldo de 189 personas fallecidas en Indonesia.
- Vuelo 302 de Ethiopian Airlines: Registrado el 10 de marzo de 2019, donde murieron 157 ocupantes tras el despegue en Etiopía.
El software de control de vuelo modificó la posición del estabilizador basándose en lecturas erróneas de sensores de ángulo de ataque, generando picados automáticos imposibles de contrarrestar por las tripulaciones bajo los procedimientos vigentes en ese periodo operativo.
Evolución del conflicto judicial y nuevos compromisos corporativos
La reactivación del litigio penal derivó de infracciones detectadas por los fiscales federales sobre los pactos regulatorios previos.
En enero de 2021, la compañía aeronáutica suscribió un acuerdo de procesamiento diferido superior a US$2.500 millones, desglosado en una sanción penal de US$243,6 millones, cerca de US$1.770 millones para aerolíneas comerciales compradoras del avión y la dotación inicial de US$500 millones para indemnizar a las familias. En mayo de 2024, el Departamento de Justicia dictaminó que Boeing violó los términos fijados en esa resolución.
La determinación forzó la negociación de un acuerdo de no procesamiento en mayo de 2025, cancelando el riesgo de un juicio criminal federal directo. El fabricante asumió obligaciones técnicas de reestructuración:
- Inversión obligatoria: Destinar al menos US$455 millones directos a programas de cumplimiento normativo, control de calidad y seguridad de la aviación.
- Supervisión externa: Aceptar la intervención de supervisores independientes dentro de sus plantas de diseño y ensamble.
Los fondos gestionados por la fiscalía federal operan por una vía distinta a los procesos de derecho común. Diversos tribunales en Estados Unidos ya emitieron veredictos millonarios a favor de deudos del vuelo 302 de Ethiopian Airlines a través de juicios civiles individuales.
