El gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, aprobó el 27 de enero de 2026 la regularización de alrededor de 500.000 personas migrantes que se encontraban en una situación administrativa opaca. La medida se implementó a través de un decreto ley, facilitando la obtención del permiso de residencia y trabajo a quienes acrediten una permanencia en el país superior a cinco meses y carezcan de antecedentes penales.
La decisión de recurrir al decreto ejecutivo fue tomada después de que una iniciativa parlamentaria previa, anunciada dos años y medio antes, quedara congelada en el “magma burocrático” del Congreso de los Diputados. La medida beneficia a una porción significativa del total de 840.000 migrantes en situación irregular que se estima residen en España, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), un organismo que también sitúa la población total de ciudadanos extranjeros en más de 4.1 millones.
La clave del decreto: requisitos y el calendario de la solicitud
El objetivo principal de la regularización es sacar de la economía sumergida a medio millón de personas que ya están insertas en el sistema productivo español, aunque a través de puestos de trabajo irregulares que fomentan la explotación y los salarios bajos. Este proceso establece parámetros de aplicación extremadamente directos y un cronograma estricto para la administración.
Lista de verificación para el solicitante
Para ser beneficiario del decreto ley, el migrante debe cumplir solo dos condiciones:
- Acreditar residencia en el país por más de cinco meses.
- No tener antecedentes penales.
Plazos administrativos mandatorios
La iniciativa establece una ventana temporal precisa para que los migrantes presenten sus solicitudes:
- Inicio: Abril.
- Cierre: 30 de junio.
- Respuesta de la administración: Deberá llegar en menos de tres meses desde la formalización de la solicitud.
Es importante señalar que la obtención de la residencia mediante este decreto viene aparejada automáticamente con el permiso de trabajo, pero en ningún caso otorga la nacionalidad española, que sigue requiriendo el cumplimiento de la normativa específica.
La influencia política detrás de la aprobación por decreto
La rapidez y el mecanismo de la aprobación se explican por el intenso pulso político. El decreto ley es la consecuencia directa de las presiones ejercidas por Podemos, la formación de izquierda liderada por la diputada Ione Belarra y la eurodiputada Irene Montero.
Podemos, que actualmente forma parte del Grupo Mixto en el Congreso con cuatro parlamentarios (al carecer de representatividad para un grupo propio), convirtió la regularización de migrantes en un eje central de su agenda. Mientras tanto, la coalición de gobierno en activo, compuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, había pospuesto la medida reiteradamente, optando por no impulsarla en las Cortes hasta este pacto.
El uso del decreto ley, en lugar de reactivar la iniciativa parlamentaria congelada, ilustra la necesidad del Ejecutivo de Sánchez de alcanzar acuerdos rápidos fuera de la vía legislativa ordinaria para cumplir con compromisos adquiridos con formaciones minoritarias clave.
Precedentes históricos: España ante las regularizaciones masivas
La regularización de 2026 no es un hecho aislado en la historia reciente de España. A lo largo de las últimas décadas, el país ha llevado a cabo hasta cuatro regularizaciones masivas de migrantes en situación irregular.
Estas acciones se produjeron bajo diversos mandatos y colores políticos:
- La primera se llevó a cabo bajo la presidencia del socialista Felipe González.
- La segunda ocurrió cuando gobernaba el derechista José María Aznar.
- La última anterior a la actual data del año 2005, bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta recurrencia histórica demuestra que la regularización masiva ha sido una herramienta periódica utilizada por los gobiernos españoles para intentar ordenar y formalizar el mercado laboral y la población residente, a pesar de las controversias políticas asociadas a este tipo de medidas.
