La ofensiva militar conocida como Operación Furia Épica: ¿Defensa legítima o el fin del orden legal global? ha abierto una profunda controversia jurídica en el sistema internacional. Mientras Estados Unidos e Israel defienden la acción bajo el principio de “defensa propia preventiva”, numerosos expertos en derecho internacional y organismos como la ONU cuestionan la base legal de la operación dentro del marco vigente del derecho internacional.
Se observa que la Operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero de 2026, ha generado un intenso debate sobre su conformidad con el derecho internacional. Los puntos clave que sustentan esta controversia son analizados a continuación.
El argumento de la ONU: La ilegalidad bajo el derecho internacional
La gran mayoría de los juristas internacionales coinciden en que el ataque viola la Carta de las Naciones Unidas. Este documento fundamental prohíbe el uso de la fuerza, excepto en dos escenarios estrictamente definidos.
No existe ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice un ataque contra Irán. De hecho, Rusia y China han calificado la acción como un “acto de agresión imprudente”, lo que subraya la ausencia de un mandato internacional.
El Artículo 51 de la Carta solo permite el uso de la fuerza en legítima defensa si ocurre un “ataque armado” previo. Expertos señalan que Irán no había atacado directamente a EE. UU. o Israel antes de esta ofensiva. Por lo tanto, el requisito de necesidad inminente, piedra angular de la legítima defensa, no se cumpliría en este caso.
La justificación de EE. UU. e Israel: Doctrina de “Paz mediante la Fuerza”
La administración de Donald Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu defienden la legalidad de la operación bajo la doctrina de “Paz mediante la Fuerza”. Esta postura se fundamenta en una serie de argumentos específicos.
Se argumenta que Irán estaba a días de cruzar el “umbral nuclear”, lo que representaba una amenaza existencial que justificaba una acción preventiva.
La defensa anticipatoria es otro pilar de su justificación. Sostienen que el apoyo de décadas de Irán a grupos como Hezbolá y el lanzamiento de drones contra intereses aliados constituyen un estado de guerra persistente. Esto, según su interpretación, les otorga el derecho a responder con la fuerza.
Además, Trump ha declarado que el objetivo es que el pueblo iraní “tome el control de su gobierno”. Este concepto, aunque popular en ciertos sectores políticos, carece de base legal en el derecho internacional tradicional.
Graves denuncias: Posibles crímenes de guerra en Furia Épica
El conflicto ha generado denuncias graves en sus primeros cinco días, lo que podría tener implicaciones significativas para la rendición de cuentas internacional.
El ataque que resultó en la muerte del Líder Supremo, Alí Jameneí, es visto por algunos expertos como un “asesinato extrajudicial” prohibido. Se argumenta que, al ser un líder político/clerical y no un combatiente directo en el campo de batalla, su eliminación directa contraviene las normas internacionales.
La Media Luna Roja iraní reporta más de 780 muertes, incluyendo un ataque a una escuela donde habrían perecido más de 100 niños. Estas acciones podrían ser investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI) como violaciones al derecho internacional humanitario, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
La postura de la comunidad internacional ante la intervención
La comunidad internacional ha reaccionado con una división palpable ante la Operación Furia Épica.
España, a través de Pedro Sánchez, calificó la intervención como “unilateral, peligrosa y fuera de la legalidad”. La Unión Europea, por su parte, ha expresado su crítica, advirtiendo sobre la ruptura del orden internacional y las amenazas comerciales impuestas por la administración Trump. Rusia y China han sido contundentes, exigiendo un alto al fuego inmediato y denunciando la violación de la soberanía iraní. El Reino Unido, en contraste, ha mantenido una postura neutral y distante, negándose a participar en los ataques ofensivos, lo que ha generado tensiones con Trump.
En resumen, desde el punto de vista del derecho internacional clásico, la guerra es considerada ilegal al no contar con el aval del Consejo de Seguridad ni responder a un ataque armado previo de Irán. Sin embargo, se observa que EE. UU. está intentando establecer una nueva norma operativa donde la “amenaza percibida” sea suficiente para actuar. Para muchos juristas, esta aproximación representa el colapso del sistema legal global establecido tras la Segunda Guerra Mundial, marcando un precedente peligroso para la estabilidad internacional.
