Familiares de internos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán denunciaron agresiones, cobros indebidos en visitas y corrupción. La manifestación bloqueó la vialidad 16 de Septiembre, exigiendo la destitución del director y una inspección urgente.
El clamor ante presuntas agresiones y cobros indebidos
Seres queridos de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, denunciaron una serie de irregularidades que afectan directamente a los internos y sus familias. Entre las acusaciones, se señalaron presuntas agresiones por parte de custodios hacia los reos. Además, los manifestantes indicaron que, durante los días de visita, específicamente los sábados y domingos, se exigían supuestos pagos indebidos a los familiares para permitirles el acceso al centro.
Estas denuncias se extienden a posibles actos de corrupción generalizados dentro de la institución. Los inconformes, con estas revelaciones, buscan la atención y la intervención de las autoridades estatales.
La interrupción vial como eco de las demandas
La protesta se materializó con la congregación de familiares en las inmediaciones del penal de Cuautitlán. Armados con cartulinas que exhibían sus reclamos y megáfonos para amplificar su voz, los manifestantes realizaron un bloqueo estratégico sobre la vialidad 16 de Septiembre. Esta acción buscó generar una visibilidad inmediata y presión sobre las autoridades, subrayando la gravedad de sus señalamientos. La situación, documentada por Citlalli Rojas el sábado 6 de junio de 2026, reflejó la desesperación y el deseo de cambio por parte de los afectados.
Peticiones clave para una intervención estatal
Ante la magnitud de las acusaciones, los familiares articularon demandas concretas dirigidas a las autoridades. La principal exigencia consistió en la destitución inmediata del director del penal, Héctor Gabriel Espinoza. Junto a esto, solicitaron una inspección exhaustiva del centro penitenciario. El objetivo de esta revisión sería verificar las condiciones actuales en las que se encuentran los internos, así como el funcionamiento operativo y administrativo del establecimiento. La intervención estatal se considera crucial para investigar a fondo las denuncias de agresiones, cobros ilícitos y corrupción.
