El Gobierno del Estado de Chihuahua oficializó el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, una iniciativa que otorga acompañamiento multidisciplinario y respaldo económico a familiares de personas no localizadas para mitigar los costos derivados de las labores de búsqueda.
Alcance y despliegue del programa estatal
La estructura operativa del programa inicia con un despliegue de cobertura inmediata para 450 familias, con una proyección de crecimiento escalonado conforme a la implementación técnica y financiera de la administración estatal.
El mecanismo de apoyo busca cubrir las carencias económicas directas que enfrentan quienes realizan labores de búsqueda, incluyendo:
- Gastos de movilidad: Recursos para cubrir traslados asociados a la localización.
- Compensación laboral: Apoyo ante la pérdida de ingresos por jornadas dedicadas a trámites y búsquedas.
- Servicios de bienestar: Continuidad en la oferta de atención médica, psicológica, alimentaria y acceso a becas educativas.
Mesas regionales y coordinación institucional
La administración estatal estableció mesas de trabajo permanentes con colectivos de búsqueda para garantizar la supervisión directa de los acuerdos y el seguimiento puntual de cada carpeta de investigación.
La articulación entre dependencias estatales se divide en los siguientes ejes operativos:
- Comisión de Atención a Víctimas: Gestión de recursos y apoyos directos.
- Fiscalía General del Estado: Reforzamiento de los servicios de investigación criminal.
- Secretaría General de Gobierno: Facilitación de la interlocución política con los colectivos.
- Fiscalía de Derechos Humanos: Integración de los protocolos de atención especializada.
Postura política ante la coordinación federal
La gobernadora Maru Campos enfatizó que la atención a las desapariciones requiere un esfuerzo conjunto, aunque el Estado mantendrá sus funciones operativas sin supeditarlas a la respuesta de la administración federal.
El análisis de la mandataria sobre la gestión del problema subraya los siguientes puntos críticos:
- Responsabilidad estatal: La búsqueda no debe recaer exclusivamente en las familias; es una función del Estado.
- Reconocimiento de insuficiencia: La administración admite que los servicios actuales no han cubierto la totalidad de las necesidades de las víctimas.
- Compromiso de seguimiento: La titular del Ejecutivo asumió el compromiso de participar personalmente en las mesas de diálogo regionales para validar el avance de los casos.
