La Presidenta Claudia Sheinbaum formalizó una estrategia de intervención integral en Cuautla, Morelos, tras la detención de Jesús Corona por presuntos vínculos con redes de extorsión, comprometiéndose a supervisar personalmente el avance de la pacificación municipal.
Intervención federal ante el quiebre de seguridad en Cuautla
El gobierno federal desplegó un equipo de trabajo para coordinar con las autoridades estatales la estabilización social y el combate a la criminalidad en la demarcación.
- Detención del edil: El 30 de mayo se ejecutaron órdenes de investigación que concluyeron con la captura de Jesús Corona en la colonia Costa Azul, Acapulco, Guerrero.
- Vínculos delictivos: La Fiscalía General determinó la participación del exalcalde en estructuras dedicadas a la extorsión de transportistas, comerciantes y sectores productivos.
- Coordinación operativa: La mandataria instruyó el ingreso de un equipo técnico federal para gestionar la seguridad pública y atender las demandas de los habitantes tras el vacío de poder.
Ejes del programa para la reconstrucción social
El plan integral prioriza la contención de la influencia delictiva mediante el fortalecimiento de la oferta académica y laboral para frenar el reclutamiento de jóvenes.
- Infraestructura educativa: Construcción proyectada de 10 preparatorias bajo el modelo Margarita Maza.
- Capacitación y empleo: Activación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para integrar al sector juvenil al mercado laboral.
- Atención sectorial: Implementación de mesas de diálogo directas con comerciantes para identificar afectaciones específicas y prevenir ilícitos.
- Seguridad colaborativa: Fortalecimiento del despliegue de la Guardia Nacional y articulación de las políticas de paz con el gobierno estatal.
Cronograma de seguimiento y supervisión presidencial
La titular del Ejecutivo federal estableció un protocolo de rendición de cuentas para asegurar la ejecución efectiva de los compromisos gubernamentales en el municipio.
La Presidenta confirmó su retorno a Cuautla en un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas y el impacto de las acciones coordinadas. A partir de la próxima semana, el personal del gabinete iniciará un esquema de atención domiciliaria (casa por casa) para evaluar las condiciones sociales del municipio y garantizar el desarrollo de los proyectos de bienestar.
