La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que los hermanos Farías Laguna contaban con protección activa de la Secretaría de Marina (Semar) para sus operaciones de huachicol fiscal. Esta prerrogativa se derivaba de su parentesco directo con el ex-secretario Rafael Ojeda Durán, implicando una red de corrupción sustentada en sobornos millonarios a servidores públicos.
El manto de protección naval sobre el huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado explícitamente que los hermanos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna operaban con un esquema de protección dentro de la Secretaría de Marina (Semar). Esta salvaguarda, según la denuncia, estaba directamente vinculada a su relación familiar con el entonces almirante Ojeda Durán, quien ocupaba el cargo de secretario. La FGR ha declarado que esta protección se extiende a “servidores públicos corruptos, a quienes entregan sobornos millonarios”, conforme a lo descrito en una nueva denuncia judicial. Esta querella se dirige contra un total de quince personas, que incluyen a empresarios, apoderados y agentes aduanales, y fue detallada en una nota de portada publicada por el periódico Reforma el 12 de mayo. La implicación de la Semar en actividades ilícitas como el huachicol fiscal a través de una red familiar se perfila como un eje central de la investigación.
El llamado a declarar a la cúpula naval por implicación
Frente a las acusaciones, el abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de los hermanos Farías Laguna, ha argumentado con insistencia que la complejidad de la red criminal descrita no puede ser atribuida únicamente a dos individuos. Mendieta ha enfatizado la necesidad de convocar a declarar a altos mandos, haciendo una referencia implícita al ex-secretario Rafael Ojeda Durán, para esclarecer el alcance de la red. En un desarrollo relacionado, Roberto Farías Laguna ha remitido una carta a Sheinbaum, en la cual acusa haber sido vinculado a proceso sin la presentación de pruebas contundentes. Simultáneamente, el abogado Mendieta ha afirmado que Fernando Farías Laguna “teme por su vida”, evidenciando un ambiente de alta tensión y riesgo personal en el contexto de la investigación. El cuestionamiento de la investigación por parte de la defensa se centra en la exclusión de mandos de Semar, sugiriendo una pesquisa incompleta o sesgada.
El asesinato que buscó silenciar el entramado corrupto
Contrario a la postura defendida por el abogado Epigmenio Mendieta, quien sugería que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar podría haber aportado un testimonio clave para la defensa de los hermanos Farías, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene una hipótesis divergente. La nota de Reforma indica que la FGR considera el asesinato de Guerrero Alcántar, ocurrido en noviembre de 2024, como una acción dirigida a impedir la divulgación pública de la denuncia contra los Farías Laguna. La FGR refuerza esta convicción al señalar que la información referente a las vacaciones del contralmirante en Mazatlán y Manzanillo era conocida exclusivamente por personal de la Secretaría de Marina. Esta circunstancia es valorada como un indicio crítico. La FGR ha manifestado que el acto criminal “fue para silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operacional y protección institucional” de la red.
La escalada de violencia en aduanas bajo mando de los Farías
La investigación en curso sobre la red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Farías Laguna ha revelado un patrón de violencia extrema. La nota de Reforma, basada en la denuncia de la FGR, menciona la existencia de dos asesinatos adicionales que generan serias sospechas. Los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Angel Zúñiga fueron declarados oficialmente fallecidos por suicidio y por un accidente, respectivamente. Estas muertes se produjeron tras el estallido del escándalo de huachicol fiscal que involucró a la Marina. Las sospechas se intensifican al considerar la descripción de la red criminal como un grupo con un alto nivel de violencia que los Farías Laguna comandaban directamente en las Aduanas. La denuncia de la FGR es contundente al describir el modus operandi de esta organización, indicando que “privan de la vida a personas que no acatan sus instrucciones o que proporcionan información sobre el modus operandi de la organización”.
