La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó la exigencia de códigos de ética en los medios de comunicación con la transparencia gubernamental, asegurando que estos lineamientos son indispensables para garantizar el derecho a la información de las audiencias.
Alcances de los lineamientos sobre derechos de las audiencias
Los lineamientos establecen parámetros para la operación mediática bajo la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin facultar al Estado para realizar funciones de evaluación sobre la veracidad del contenido informativo.
La administración federal sostiene que la normativa vigente no implica mecanismos de censura. La intervención gubernamental se limita estrictamente a tres supuestos de incumplimiento legal:
- ausencia de código de ética en el medio de comunicación.
- falta de definición de un defensor de las audiencias.
- inexistencia de mecanismos de defensa a disposición del público.
Delimitación entre opinión y noticias
El marco normativo requiere que las empresas de radiodifusión clarifiquen la naturaleza de sus transmisiones para evitar la confusión entre el análisis subjetivo y el hecho noticioso.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, detalló el protocolo operativo para las emisoras:
- distinción explícita: los medios deben diferenciar entre la expresión de opiniones y la transmisión de mensajes informativos.
- marcadores de contenido: se contempla la inclusión de avisos al inicio y al final de los programas cuando se expresen opiniones de forma indistinta a las piezas noticiosas.
- protección constitucional: la medida busca fortalecer el artículo sexto de la Constitución, proporcionando a la ciudadanía herramientas para acceder a información veraz, según la postura oficial.
Aclaraciones sobre la narrativa de control estatal
La autoridad federal desestimó los señalamientos que sugieren un intento de control sobre la libertad de expresión o una facultad sancionatoria sobre los contenidos editoriales.
La postura expuesta por la consejería jurídica enfatiza que el Estado declina cualquier atribución para determinar qué información es verdadera o falsa. La responsabilidad de garantizar la veracidad de la información recae exclusivamente en los medios de comunicación a través de la aplicación de sus propios instrumentos éticos. La consulta pública sobre estos lineamientos continúa vigente, manteniendo el esquema de protección a los derechos de los radioescuchas y televidentes establecido en la ley.
