El video era breve, pero explosivo. Mostraba a dos alcaldes de Morelos reunidos con un presunto líder criminal armado. Cuando las imágenes circularon, el escándalo fue inmediato. Ahora, un cateo federal en la finca donde ocurrió el encuentro con “El Barbas”, operador del Cártel de Sinaloa, reveló indicios de armas y posibles fosas clandestinas.
La reunión que encendió las alarmas: ¿qué pasó en “Los Aguacates”?
Un video que delata
El pasado mes de febrero circuló en redes sociales un video de apenas 40 segundos. En él se ve a Jupiter Araujo, alias El Barbas, sentado en una mesa con alcaldes y funcionarios municipales de Morelos. El Barbas portaba un arma larga y un chaleco táctico. A su lado, Agustín Toledano Amaro (Atlatlahucan) y Jesús Corona Damián (Cuautla) conversaban sin aparentes tensiones.
La grabación, sin fecha clara, encendió la alarma social. ¿Por qué dos alcaldes electos estaban reunidos con un presunto operador del Cártel de Sinaloa? ¿Cuál era el propósito real del encuentro?
La finca de Totolapan bajo lupa
El 28 de marzo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cateó una finca conocida como “Los Aguacates”, ubicada en el municipio de Totolapan. El lugar fue identificado como el posible punto de encuentro mostrado en el video.
Durante el operativo, se hallaron indicios balísticos de armas de fuego y rastros que podrían corresponder a fosas clandestinas. Aunque no se realizaron detenciones, el predio quedó asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones.
¿Quién es “El Barbas” y por qué importa su aparición?
Un operador criminal en ascenso
Jupiter Araujo, conocido como El Barbas, ha sido señalado por autoridades y reportes locales como cabecilla de una célula del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos. Su influencia ha crecido en los últimos años, especialmente en municipios como Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Totolapan.
Se le atribuyen:
- Control de extorsiones a comerciantes locales.
- Participación en levantones y ajustes de cuentas.
- Intervención en procesos electorales locales, según denuncias anónimas de ciudadanos.
Generador de violencia regional
Morelos enfrenta una grave crisis de violencia e impunidad. Solo en 2023, se registraron más de 900 homicidios dolosos en el estado, de los cuales una parte importante ocurrió en la región oriente, donde opera la célula de El Barbas.
La presencia de alcaldes en una reunión informal con este personaje reaviva las sospechas de colusión entre crimen y poder municipal.
Los alcaldes involucrados: ¿vínculo o casualidad?
Jesús Corona Damián: entre la política y la sospecha
El presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, reaccionó rápidamente tras la difusión del video. En un comunicado, afirmó no tener “nada que ocultar ni que temer” y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades.
Corona fue electo bajo la coalición PRI-PAN-PRD, y ha mantenido una imagen pública de cercanía con comerciantes y sectores populares. Sin embargo, su presencia junto a un presunto criminal armado ha debilitado su credibilidad política.
Agustín Toledano Amaro: perfil bajo, impacto alto
El alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, mantiene un perfil más discreto. No ha emitido declaraciones contundentes sobre su participación en la reunión.
Sin embargo, su imagen también ha sido cuestionada, sobre todo por organizaciones civiles que exigen investigaciones imparciales y sanciones, si se comprueba alguna relación criminal.
Totolapan: territorio en disputa entre política y crimen
Un municipio marcado por la violencia
Totolapan, donde se encuentra la finca cateada, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos, ejecuciones y hallazgos de fosas clandestinas. Su ubicación estratégica entre el oriente de Morelos y zonas serranas lo convierte en un punto clave para el tráfico de drogas y armas.
En 2022, el asesinato de líderes comunitarios y el aumento en secuestros ya habían puesto a este municipio en la mira de la prensa nacional.
¿Fincas como centros de operación criminal?
El uso de propiedades rurales para encuentros criminales es una práctica común del crimen organizado. Las fincas ofrecen:
- Discreción geográfica.
- Espacios para ocultar armamento o personas.
- Rutas de escape rápidas hacia zonas serranas.
La finca “Los Aguacates” podría haber sido más que un lugar de reunión informal, y convertirse en pieza clave para entender cómo operan las redes de poder y narcotráfico en el estado.
La respuesta de las autoridades: reacciones, omisiones y zonas grises
FGR vs Fiscalía estatal: competencia y tensión
Desde el inicio, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, dado que involucra delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía de Morelos también emitió comunicados, aunque sin mucha profundidad.
Este doble manejo ha generado confusión, pues no queda claro si ambas instancias están coordinadas o si el caso se politizó.
¿Y las medidas cautelares?
Pese al escándalo, ninguno de los alcaldes ha sido llamado formalmente a declarar ante un juez ni enfrenta medidas de separación del cargo.
Esto abre el debate sobre la fragilidad del sistema de responsabilidades administrativas en México, especialmente cuando involucra a autoridades municipales con fuero limitado.
Implicaciones estructurales: ¿colusión o permisividad política?
El poder municipal como blanco del narco
En regiones con débil presencia estatal, los alcaldes se convierten en figuras clave para los cárteles:
- Pueden otorgar permisos, contratos o protección.
- Controlan policías municipales y estructuras locales.
- Tienen poder sobre obras públicas y servicios estratégicos.
Por ello, la penetración criminal en gobiernos locales es uno de los mayores retos de seguridad nacional.
¿Cuántos alcaldes más están en riesgo?
Según la Red por la Paz, al menos 35 municipios en México tienen riesgo alto de colusión entre autoridades y crimen organizado, sobre todo en:
- Guerrero
- Michoacán
- Zacatecas
- Morelos
- Veracruz
Morelos destaca por el número de alcaldes investigados desde 2018 por nexos con estructuras delictivas, aunque pocas veces estos procesos concluyen en sanciones.
El rol de los medios y la sociedad civil: sin miedo a nombrar
Periodismo local: la primera línea de alerta
La mayoría de las revelaciones sobre esta reunión y el cateo no provino de comunicados oficiales, sino de reportes de medios regionales y nacionales independientes.
Esto refleja una tendencia clave: el periodismo es muchas veces el primer actor en destapar redes de corrupción y colusión, aún bajo riesgo constante.
Colectivos ciudadanos exigen justicia
Diversas organizaciones como Morelos Unido contra la Violencia y Civiles en Alerta han exigido:
- La renuncia temporal de los alcaldes involucrados mientras se investiga.
- Acceso público a los resultados del cateo.
- Garantías de no represalia para testigos o denunciantes.
Escenarios futuros: ¿justicia, impunidad o normalización?
Lo que podría pasar
- Judicialización del caso: Si la FGR avanza con pruebas, podría imputar a los alcaldes por delitos de delincuencia organizada o encubrimiento.
- Negociación política: Ante la cercanía de elecciones, podrían cerrarse filas para proteger la imagen de los partidos.
- Desgaste institucional: Si no hay consecuencias, la ciudadanía perderá aún más confianza en sus autoridades locales.
Un precedente peligroso
La normalización de reuniones entre políticos y criminales pone en riesgo la esencia del Estado de derecho. Cuando la política local se vuelve una extensión del crimen organizado, la democracia se vacía de contenido.
Cuando el poder se sienta a la mesa del crimen
La reunión entre alcaldes de Morelos y un operador del Cártel de Sinaloa no es solo un escándalo aislado, sino un espejo que refleja la fragilidad de los gobiernos municipales en regiones dominadas por la violencia.
El cateo a la finca “Los Aguacates” confirma que el crimen organizado ha dejado de esconderse, y ahora negocia cara a cara con quienes fueron elegidos para proteger a la ciudadanía.
¿Hasta cuándo toleraremos que la política se mezcle con las armas? ¿Qué sigue después de este video y esta finca?
La respuesta depende de un sistema judicial capaz de investigar sin miedo, y de una sociedad civil decidida a no callar.
