El grupo criminal ‘Los Ardillos’ impone un régimen de extorsión, retenes ilegales y amenazas en comunidades de la Montaña de Guerrero, forzando la huida de decenas de familias y desatando una crisis humanitaria ante la percepción de inacción oficial.
De guardianes a captores: La infiltración criminal en Atlixtac
La violencia vinculada al crimen organizado en el municipio de Atlixtac, ubicado en la región Montaña del estado de Guerrero, ha generado un severo impacto social. Esta situación se manifiesta en el desplazamiento forzado de familias, el control de comunidades por grupos armados y la vida bajo amenaza constante para sus habitantes. Una residente, cuya identidad se mantiene en el anonimato, relató la transformación de su existencia. Su familia pasó de una vida estable cerca de Tlapa de Comonfort a una realidad marcada por la extorsión, los retenes ilegales y los asesinatos.
El impacto de esta dinámica criminal se extiende a comunidades específicas como San Pedro Huitzapula, Acahuehuetlán, Tula, Xicotlán y Alcozacán. En estas localidades, el temor se ha integrado en la rutina diaria de los pobladores. El proceso de control comenzó alrededor del 24 de octubre de 2024. Hombres armados llegaron a diversas localidades, presentándose como policías comunitarios y prometiendo protección a la población.
Sin embargo, a medida que los meses transcurrían, los residentes identificaron que estos individuos eran en realidad miembros de la organización criminal conocida como ‘Los Ardillos’. Este grupo opera primordialmente en la región de Quechultenango. El testimonio indica que los delincuentes se infiltraron en las comunidades más remotas, con el objetivo de identificar a las familias locales. Su estrategia implicó el monitoreo de sus movimientos y la implementación de un sistema de control exhaustivo. La región Montaña de Guerrero se caracteriza por sus elevados índices de pobreza y marginación. Gran parte de las familias dependen de la siembra de maíz y frijol en pequeñas parcelas para subsistir. La entrevistada destacó la precariedad de muchas viviendas, construidas con materiales como “cartón forrados de caña, allí le dicen y carrizo”.
El dominio de Los Ardillos: Cuotas, retenes y exilio forzado
A pesar de las limitadas condiciones económicas en las que viven muchas familias, ‘Los Ardillos’ comenzaron a exigir cuotas que alcanzaban hasta los 60,000 pesos. Esta práctica se dirigía principalmente a pequeños comerciantes y vendedores de alimentos. Las amenazas escalaron rápidamente, y aquellos que no podían cumplir con los pagos eran intimidados o perseguidos activamente.
Los delincuentes ejercen un control sobre los caminos y carreteras de la región, estableciendo revisiones ilegales tanto a camionetas particulares como al transporte público. Esta situación ha infundido un miedo profundo entre los habitantes, quienes ahora temen incluso salir a trabajar o desplazarse entre comunidades. “A quienes tenían tienda o vendían pollo les pedían dinero”, explicó la mujer.
El régimen de control criminal ha desencadenado un desplazamiento forzado. Decenas de familias han abandonado sus hogares para huir de la violencia y salvaguardar a sus hijos. Muchas de estas familias dejaron atrás sus tierras, animales y pertenencias, buscando refugio en otros municipios o estados.
El asesinato que quebró la calma: Un relato de violencia directa
La violencia impactó directamente a la familia de la entrevistada el pasado 15 de marzo de 2026. Su cuñado fue asesinado mientras se dirigía a comprar toros. Este crimen intensificó el miedo tanto entre sus familiares como entre los vecinos.
La mujer afirmó que en las comunidades afectadas, la población vive bajo amenazas constantes. Existe una percepción palpable de que cualquier acto de desobediencia puede tener un costo mortal. Residentes de diversas localidades han denunciado que el crimen organizado impone reglas y castigos sin que las autoridades ofrezcan una respuesta oportuna.
Clamor por seguridad: La exigencia de justicia en la Montaña
Ante el incremento de la violencia, los pobladores de la región Montaña de Guerrero han demandado una intervención urgente de las autoridades federales y estatales. El objetivo es restaurar la seguridad y facilitar el retorno de las familias desplazadas.
La entrevistada solicitó apoyo para aquellos que permanecen confinados en las comunidades controladas por grupos criminales. “Que nos manden refuerzos, porque la gente no quiere salir, allí nacieron y es donde quieren seguir”, expresó. El 13 de mayo de 2026, durante una visita a Chilapa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a impulsar acciones. Estas medidas buscan garantizar que los habitantes puedan retomar sus actividades de forma pacífica. Los acuerdos anunciados incluyen:
- Mesas de diálogo.
- Medidas para detener la violencia en las comunidades afectadas.
- Apoyo para el retorno de los desplazados.
- Estrategias de reconstrucción del tejido social en la región.
