La presidenta de México sostiene que el señalamiento de la fiscalía de Florida contra el exmandatario cubano responde a intereses electorales en Estados Unidos. La mandataria vincula la acción judicial con la búsqueda de rédito electoral previo a los comicios del próximo 3 de noviembre.
Contexto de la acusación judicial en Florida
La fiscalía de Florida vincula a Raúl Castro con el derribo de dos avionetas en 1996, evento que resultó en la muerte de cuatro personas durante un periodo de tensión bilateral.
La acusación formal presentada por las autoridades del estado de Florida atribuye al expresidente cubano una participación directa en incidentes aéreos ocurridos hace casi tres décadas. Este proceso legal se desarrolla en paralelo a la creciente hostilidad diplomática entre Washington y La Habana. El movimiento judicial, según la perspectiva de Claudia Sheinbaum, carece de una motivación jurídica autónoma, al ser interpretado como un instrumento para captar voluntades en el electorado estadounidense de cara a las elecciones legislativas programadas para el 3 de noviembre.
Implicaciones en la diplomacia México-Cuba
México mantiene una relación histórica de apoyo con Cuba que persiste frente a las presiones económicas y sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
La administración mexicana ha reafirmado su postura de aliado estratégico hacia el régimen cubano, consolidada desde la revolución de 1959. A pesar del endurecimiento de las medidas restrictivas estadounidenses, que incluyen un bloqueo petrolero y sanciones sectoriales iniciadas en febrero, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ejecutado el envío de media docena de cargamentos de ayuda humanitaria hacia la isla. Esta cooperación incluye la venta de combustible, reafirmando una política exterior que se distancia de las directrices de Washington.
Tensiones y antecedentes del caso Castro
La acusación en Florida opera de forma independiente a la denuncia presentada previamente por Washington el 20 de mayo contra Raúl Castro por los mismos hechos.
La complejidad jurídica del caso se agrava al considerar que los incidentes de 1996 tuvieron lugar cuando Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa. La acumulación de presiones externas, que abarca desde la sanción a entidades financieras cubanas vinculadas con Irán hasta las alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses en la isla, dibuja un escenario de creciente fragilidad. La lectura del Ejecutivo mexicano enfatiza que el calendario judicial está condicionado por la disputa de votos, un factor que, a juicio de la presidenta, explica la reciente reactivación de los cargos contra el exdirigente cubano.